Quiénes son los venezolanos que la Corte Suprema de EEUU ordenó a Trump no deportar - LaPatilla.com

Quiénes son los venezolanos que la Corte Suprema de EEUU ordenó a Trump no deportar

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Tras un viernes que cerró una semana particularmente intensa en asuntos migratroios que se manejan en cortes, en la madrugada del sábado la Corte Suprema de Justicia bloqueó temporalmente la deportación de cualquier venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII conocida como Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente Donald Trump para contrarrestar una supuesta «invasión» dirigida por el grupo delictivo venezolano Tren de Aragua.

Por Univision

El alto tribunal ordenó al gobierno de Donald Trump que no expulse a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet «hasta nueva orden», en respuesta a un recurso de emergencia interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que argumentaba que las autoridades migratorias parecían estar tomando medidas para reanudar las deportaciones en virtud de la polémica ley de 1798.

El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir cuando los abogados de los afectados lanzaron una desesperada campaña legal para evitar su deportación, a pesar de que uno de los magistrados dijo que el caso planteaba preocupaciones legítimas.

También este viernes, un juez federal impidió temporalmente que se deporte a países distintos del suyo a personas que han agotado los recursos legales o llegado al final del debido proceso sin que se les permita argumentar miedo creíble y cómo la expulsión a otra nación pondría en peligro su seguridad.

A primera hora del sábado, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos también se negó a emitir una orden que protegiera a los detenidos de ser deportados.

En abril ya la Corte Suprema dijo que las deportaciones podrían continuar solo si quienes estaban a punto de ser expulsados tenían la oportunidad de defender su caso ante un tribunal y se les concedía «un tiempo razonable» para impugnar sus deportaciones pendientes.

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