La deportación de tres niños estadounidenses a Honduras ha puesto más en evidencia la ya cuestionable constitucionalidad de las expulsiones que la Administración Trump está llevando a cabo en su campaña de deportaciones masivas.
Por El País
La oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Nueva Orleans deportó el viernes pasado a dos familias, incluyendo a dos madres (una de ellas embarazada) y sus hijos menores, tres de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Los abogados denuncian que los niños fueron deportados sin el consentimiento de las madres, que preferían que se quedaran en Estados Unidos, mientras que el Gobierno lo niega.
El juez federal Terry A. Doughty, de Luisiana, que sigue uno de los dos casos, ha programado una audiencia para el 16 de mayo porque tiene una “fuerte sospecha de que el Gobierno acaba de deportar a un ciudadano estadounidense sin ningún proceso debido”. El magistrado, que decidirá si la expulsión fue “ilegal e inconstitucional”, se pronunció sobre el caso de la niña de dos años, que fue detenida junto a su madre, Jenny Carolina López Villela, el 22 de abril cuando acudía a una de las citas rutinarias con ICE. La madre tenía una orden de deportación pendiente y había estado asistiendo a los controles de inmigración durante años. Además de la menor, fue detenida y deportada su otra hija de 11 años.
El padre de la niña había solicitado el jueves una petición de urgencia para impedir que la menor fuera enviada al extranjero. Los abogados denuncian que, tras ser detenida, se mantuvo a la madre incomunicada y sin acceso a un abogado. Se le concedió menos de un minuto de conversación telefónica antes de que la llamada se interrumpiera abruptamente cuando su esposo intentó proporcionarle el número de teléfono de un asesor legal. La petición de hábeas corpus y de una orden de restricción temporal nunca fue resuelta porque la madre y las dos niñas fueron deportadas a primera hora de la mañana del viernes.
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