La tragedia de los presos políticos ha vuelto a conmocionar el alma de la nación venezolana. La instrucción girada desde la Casa Blanca a la cúpula usurpadora del poder —anunciada el 8 de enero por Jorge Rodríguez— sobre la liberación de ciudadanos privados de libertad por ser dirigentes de la oposición, ejercer el derecho a la protesta, haber emitido opiniones críticas contra funcionarios del régimen, o por ser periodistas y trabajadores de la comunicación, ha puesto de relieve la magnitud de un daño profundo causado a las familias y a la sociedad venezolana en su conjunto.
Nunca en nuestra historia habíamos registrado un número tan brutal de perseguidos políticos. La larga dictadura de Juan Vicente Gómez, a comienzos del siglo XX, y de Marcos Pérez Jiménez después, no llegaron a tener tantos presos como como los que Maduro ha alcanzado, en estos veintiséis años de la llamada “revolución bolivariana”. En estos años han sido llevados a prisión más de veinte mil ciudadanos. En el momento en que escribo estas líneas, se calcula que cerca de mil venezolanos permanecen en cárceles por razones políticas. Conviene precisar que, con ocasión del anuncio de excarcelaciones, muchas familias que mantenían en silencio la situación de alguno de los suyos, decidieron hacerla pública.
Los esbirros de la dictadura, además de secuestrar a las personas, les imponen el silencio. Amenazan con mayores represalias si se denuncia públicamente la detención. Muchos casos de secuestro y persecución no han podido ser registrados debido al terror que los agentes del régimen generan para extorsionar a las familias. Miles de personas lograron salir de ese infierno pagando elevadas sumas de dinero, a funcionarios policiales y judiciales, que sacaron provecho económico de la orden impartida por Maduro de perseguir a todo ciudadano disidente.
Esta faceta de la dictadura madurista revela el grado extremo de deshumanización de una camarilla política y militar. Revela un espíritu maligno en el que la vida, la dignidad y los derechos humanos no significan absolutamente nada. Asumieron de manera integral el manual de control social y político elaborado por la sanguinaria dictadura de los Castro en Cuba. Todos los mecanismos de persecución conocidos han sido implementados en Venezuela, incluida la eliminación física del adversario, la tortura física y psicológica de los detenidos, hasta provocar su muerte, como ocurrió con Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y, más recientemente, con el asesinato de Edwin Santos en instalaciones del SEBIN en Guasdualito, estado Apure.
El Helicoide, Tocorón y Tocuyito son hoy el reflejo y los testigos de la reclusión forzada de seres humanos, de la tortura sistemática y de la muerte. El dictador Maduro ya no disimulaba su determinación de enviar a estos antros del horror a todo ciudadano que se manifestara contra el fraude por él cometido.
Las manifestaciones ciudadanas que exigían el respeto a la voluntad popular, expresada en las urnas el 28 de julio de 2024, desataron la más brutal persecución conocida en nuestra historia reciente. Protestar contra el robo electoral fue calificado por Maduro como un “brote fascista”. El cinismo de este personaje no ha tenido límites. Los asesinatos cometidos los días 28 y 29 de julio, el encarcelamiento de más de dos mil personas y la persecución contra otras tres mil que huyeron de sus hogares, fueron presentados como actos de “justicia”.
Así lo expresó Maduro, en un discurso pronunciado el sábado 3 de agosto de 2024, cuando asumió públicamente la autoría y responsabilidad de esta política de terror: “Con la capacidad de respuesta y reacción de la unión cívico-militar-policial resolvimos, con la Constitución y en paz, el brote fascista. Tenemos dos mil presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón… esta vez lo que va a haber es Tocorón”.
Ese discurso revela la catadura ética del personaje, su maldad y su determinación de aplastar, a sangre y fuego, la legítima protesta ciudadana. Revela su decisión de mantenerse en el poder por la fuerza. Si bien Maduro es el principal responsable de esta tragedia, en esa operación lo acompañan sus más cercanos colaboradores en la política del terror: Delcy Rodríguez, de cuyo despacho depende el SEBIN; Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, jefes de los aparatos represivos. También son responsables las cabezas de los demás poderes del Estado, que de forma sumisa se plegaron a la ola represiva. Estos funcionarios estaban obligados, por mandato constitucional, a detener la orgía de sangre y persecución. No lo hicieron. Hay que poner de relieve la responsabilidad del Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, particularmente grave. Su silencio y ausencia frente a esta tragedia son monumentales. Igual responsabilidad tiene el fiscal general Tarek William Saab, quien ha ofrecido su concurso decidido a la ejecución de la violencia estatal y ha convertido al Ministerio Público en una agencia de intimidación política. En esta misma categoría debe ubicarse la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, obediente a las instrucciones emanadas de Miraflores para convalidar la persecución y la muerte. Desde el TSJ se ordena a los jueces privar de libertad, negar el debido proceso y enjuiciar sin fundamento a quienes la cúpula del poder decide encarcelar. Hoy la frase recurrente en los tribunales es: “No puedo atender su petición hasta que la superioridad estudie “la minuta”, que debemos enviar. Así se degradó el sistema de justicia.
Mención especial, en este conjunto de cooperadores, merece Jorge Rodríguez, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional. A ese órgano le corresponde el control político del Ejecutivo. Sin embargo, este siniestro personaje no solo incumple esa función, sino que participa directamente en el diseño y ejecución del fraude y de la represión.
Cinco días después de la captura del dictador, fue precisamente el presidente de la AN quien anunció un proceso de excarcelaciones, declarando: “El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”. Quien debía ejercer control sobre el poder ejecutivo, habla como lo que realmente es: parte del gobierno que asesina, secuestra, tortura y persigue.
¿Hace falta alguna otra prueba para admitir la existencia de una dictadura perfecta, con todos los poderes al servicio del usurpador? El anuncio de Jorge Rodríguez desmontó, además, la mentira reiterada por Maduro el 13 de noviembre de 2024, cuando afirmó en su programa Con Maduro+ que “en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Por supuesto que los hay, y por miles. Ese anuncio despertó una comprensible esperanza en las familias de los presos políticos y en la nación herida. Padres, madres, esposas, hijos, hermanos y amigos se movilizaron desde todos los rincones del país hacia las cárceles. Sin embargo, la anunciada “excarcelación” —como correctamente la denominó Jorge Rodríguez— se ha convertido en un nuevo proceso de burla, angustia y sufrimiento. Las excarcelaciones no alcanzan ni el 25 % de la población presa por razones políticas. Se realizan, básicamente de madrugada, para evitar el testimonio público de las víctimas.
La encargada ilegítima de la presidencia afirmó que habían sido liberados 676 presos, sin presentar lista alguna. Las cifras reales hasta ahora, hablan de unas 235 personas excarceladas; mientras tanto, las familias continúan sufriendo la angustia de no ver salir a sus seres queridos. Madres angustiadas, rezan, lloran y gritan a las puertas de los centros de reclusión. Una de ellas murió esperando a su hijo frente a la sede del centro de reclusión de la PNB Zona 7, en Boleíta, Caracas. En efecto se registró allí la muerte de la señora Yarelis Salas, madre del joven Kevin José Orozco. Tuvo que morir su madre frente a su centro de reclusión, para que horas después, le dieran salida del mismo. Ese sufrimiento no importa a la cúpula roja. Ante ese legitimo reclamo la respuesta no es el diálogo o la explicación del programa a seguir; la respuesta es hostigamiento policial y militar.
Esta tragedia no se resuelve con excarcelaciones parciales. Se debe liberar al 100% de los presos políticos. Es, además, imprescindible cerrar de forma definitiva los expedientes forjados, restituir plenamente los derechos humanos y políticos de las víctimas y poner fin a las medidas restrictivas ilegales. Pero, sobre todo, esta herida no se cerrará sin justicia. Los presos políticos, los muertos en prisión y los daños causados constituyen crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Sus responsables deben rendir cuentas ante la justicia. Solo así podrá comenzar a sanar el alma de la nación venezolana.