En Venezuela no estamos viviendo una “normalización”. Estamos entrando en una fase más rara y más riesgosa: el régimen intenta aflojar lo suficiente para ganar oxígeno, la sociedad empieza a perder el miedo por goteo, y el entorno internacional —por primera vez en mucho tiempo— empieza a ponerle apellido a la palabra “estabilidad”: legitimidad.
En política comparada, los autoritarismos no caen porque la gente esté molesta. Caen cuando se produce un cambio más profundo: cuando se altera la ecuación de costos. En las últimas semanas, esa ecuación comenzó a moverse. No lo suficiente para cantar victoria, pero sí lo suficiente para entender que entramos en una zona de peligro para el régimen: una zona donde reprimir cuesta más, tolerar cuesta más y postergar decisiones puede resultar más caro que decidir.
La señal externa es inequívoca. En la cumbre de Caricom, Marco Rubio descartó un calendario electoral “artificial”, pero fue directo en lo esencial: Venezuela “deberá legitimar su gobierno mediante elecciones” si quiere atraer inversión y alcanzar su potencial; además trazó la secuencia explícita: estabilización ? recuperación ? transición ? elecciones, condicionada a libertad de presos políticos, retorno de exiliados y condiciones para el voto consular. No es un matiz diplomático: es una línea estratégica que reordena incentivos en el Caribe y en América Latina. La región escucha, porque nadie quiere inestabilidad permanente; pero tampoco quiere quedar atada a un Estado de facto que no puede garantizar reglas.
Esa presión internacional coincide con el frente interno más sensible: la Ley de Amnistía y el debate sobre los presos políticos. El chavismo exhibe cifras (217 excarcelaciones desde el 20 de febrero y miles de solicitudes), pero Foro Penal registra 568 presos políticos al 25 de febrero, con un dato que debería escandalizar a cualquier país que aspire a normalidad: 182 militares presos, 52 extranjeros y 13 personas de paradero desconocido. La ley, además, excluye períodos y categorías —incluidas “operaciones militares”— que dejan por fuera una parte sustantiva del problema.
La consecuencia política es inmediata: el régimen concede lo suficiente para producir titulares, pero preserva el núcleo duro del control. Dicho en cristiano: libera por goteo, encierra por diseño. Y ese diseño hoy se topa con algo que no controla del todo: la presión simbólica que comienza a elevarse.
El caso de El Rodeo I lo retrata con crudeza. Una huelga de hambre que supera cinco días con más de 200 presos —incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo, con 445 días detenido— convierte el tema de los presos en un dilema público para el poder: si reprime, paga costo internacional; si tolera, admite fragilidad y abre puerta a nuevas olas de presión. En esa pinza, el margen de maniobra se encoge.
A esto se suma un segundo frente: la conflictividad laboral. Más de 100 sindicatos exigen aumento salarial y libertad, mientras el OVCS registra entre 12 y 16 protestas en seis estados. La protesta laboral tiene una cualidad que el régimen teme: puede articularse territorialmente sin necesidad de una estructura partidista visible, y puede expandirse por contagio. Si el tema presos pone presión moral y política, el tema salario y trabajo pone presión social cotidiana: la que se siente en la nevera y en el bolsillo.
Aquí aparece la clave pedagógica del momento: la gente se mueve cuando percibe que moverse sirve. El miedo no desaparece por valentía súbita; desaparece cuando el ciudadano común empieza a creer que el costo de salir es menor que el costo de quedarse quieto. Eso es lo que está empezando a ocurrir: una reconfiguración gradual del umbral de riesgo.
En ese contexto, el posible regreso de María Corina Machado funciona como acelerador. Juan Pablo Guanipa lo dijo sin rodeos: su retorno debe ocurrir “lo más pronto posible”, bajo condiciones de seguridad; y señaló además a Diosdado Cabello como obstáculo interno para la transición. Si Machado regresa, no regresa solo una dirigente: regresa LA LÍDER, un símbolo de conducción interna, capaz de convertir expectativas dispersas en orientación política. Eso puede activar a la sociedad… y puede empujar al régimen a escoger entre dos malas opciones: elevar represión (con costos crecientes por el monitoreo internacional y la posible respuesta de los Estados Unidos) o tolerar más calle (con riesgos de desborde que solo pueden reducirse mediante una transición política).
Mientras tanto, el régimen intenta una jugada conocida: abrir en lo económico, resistir en lo político. La disonancia es evidente incluso en su narrativa. Delcy Rodríguez llama a Trump “amigo y socio” y al mismo tiempo califica el 3 de enero como “agresión militar” de una potencia nuclear: normalización para captar oxígeno, resistencia discursiva para retener una cohesión interna cada vez más debilitada por las expectativas y la desconfianza. En paralelo, se mueve el tablero energético: reuniones con Shell para explorar inversión; ENI anunciando que puede recibir petróleo venezolano como pago por gas; y cancelación de contratos firmados en la era Maduro. La lógica es transparente: si el régimen logra que la economía respire un poco, espera bajar presión social; si logra atraer inversión, espera comprar tiempo.
Pero aquí está el punto que muchos subestiman: el mundo —y parte de la sociedad venezolana— ya no está dispuesto a aceptar “crecimiento sin reglas”. Hoy aparece otra señal: OFAC se negó a otorgar licencia para que Venezuela financie la defensa legal de Maduro y Cilia Flores en Manhattan, mientras la defensa pide desestimar el caso. Eso indica que la coerción no está solo en sanciones económicas: está también en el terreno judicial y de enforcement. Y esa combinación estrecha aún más la ventana para la “normalización sin transición”.
¿En qué punto estamos, entonces? En un escenario inestable donde se cruzan tres fuerzas:
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Condicionalidad internacional explícita: legitimidad electoral como requisito de estabilización.
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Concesiones tácticas con límites estructurales: amnistía parcial, excarcelaciones selectivas, exclusiones y control coercitivo preservado.
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Reactivación social gradual: huelga de hambre de alto impacto simbólico y conflictividad laboral con capacidad de articulación nacional.
Ese triángulo describe una cosa: el régimen está perdiendo el monopolio del ritmo. Ya no decide solo cuándo se mueve el país. Y cuando un autoritarismo pierde el ritmo, empieza a cometer errores: o reprime de más (y acelera costos), o concede de más (y acelera expectativas), o se queda paralizado (y abre grietas internas).
La pregunta, por tanto, no es si “habrá transición” como un acto mágico. La pregunta es si la oposición democrática y la sociedad logran convertir este momento en una secuencia efectiva: expectativa ? organización mínima ? movilización inteligente ? fracturas en el bloque de poder ? salida institucional verificable. Sin esa secuencia, la energía se dispersa y el miedo regresa. Con esa secuencia, el país puede entrar en la fase decisiva de su regreso a la democracia.
La historia comparada nos enseña algo sobrio: las transiciones no se anuncian, se construyen. Venezuela está empezando —apenas empezando— a construir condiciones. Por eso este es un momento de esperanza, sí, pero también de máxima prudencia y compromiso. La zona de peligro es también la zona donde se toman malas decisiones por euforia o por pánico.
Lo que viene exigirá cabeza fría, unidad estratégica y una idea simple que el país entiende sin teoría: sin legitimidad no hay futuro. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, esa frase no está solo en la oposición: está empezando a estar en la región, en Washington, y en la calle.