Estados Unidos puso en marcha un paquete de nuevas leyes que impactan transacciones inmobiliarias, derechos laborales, controles sobre inteligencia artificial, pagos al consumidor y sanciones a la reventa automatizada de entradas desde marzo de 2026. Las medidas, que afectan a residentes, empresas, empleados y consumidores, marcan un cambio en la fiscalización de sectores estratégicos, según fuentes oficiales y especialistas consultados por la revista estadounidense Newsweek y la publicación especializada The National Law Review.
Por Infobae
La entrada en vigor de estas regulaciones responde a esfuerzos federales y estatales para reforzar la transparencia financiera, proteger derechos laborales, asegurar la equidad en el acceso a bienes y servicios, y establecer nuevos estándares tecnológicos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los gobiernos de California, Nueva York, Connecticut y Michigan, así como entidades como la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y legisladores estatales, confirmaron las medidas y sus fechas de implementación.
En los últimos años, el país intensificó controles sobre operaciones inmobiliarias para prevenir el lavado de activos, mientras que estados como California y Nueva York avanzaron en regulación laboral y de inteligencia artificial. El uso de tecnología para vigilancia vial y la demanda de mayor acceso a eventos motivaron normativas específicas en Connecticut y Michigan. Las reformas reflejan una tendencia a reforzar la fiscalización y protección al consumidor, según análisis del bufete legal Holland & Knight y el bufete Norton Rose Fulbright.
Nuevos requisitos para la compraventa de bienes raíces residenciales
Desde el 1 de marzo de 2026, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, obliga a agentes inmobiliarios, compañías de títulos y escrow a informar al gobierno toda transferencia de bienes raíces residenciales sin financiamiento tradicional si participan entidades legales o fideicomisos. Según la regla oficial, el objetivo es: “aumentar la transparencia y combatir el lavado de dinero que puede ocultar la titularidad real de los inmuebles”, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
La disposición afecta principalmente a transferencias de viviendas de hasta cuatro unidades adquiridas sin préstamos bancarios. Los profesionales del sector deben recabar y reportar información detallada de compradores y vendedores antes de concretar la operación. Si este requisito no se cumple, la transacción no podrá realizarse. La revista estadounidense Newsweek señala que esta medida busca cerrar rutas de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, práctica frecuente a través de sociedades y trusts.
La regulación federal se suma a normativas locales ya vigentes en estados como Nueva York y California. El Departamento del Tesoro informó que la nueva regla es parte de una estrategia nacional contra el financiamiento ilícito.
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