El coordinador y activista del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, ofreció un balance crítico sobre la situación de los presos de conciencia en la entidad.
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Tras el reciente proceso de liberaciones bajo la Ley de Amnistía, Moreno detalló que en el estado Monagas la brecha sigue siendo alarmante: solo 9 de los 53 detenidos políticos han recibido medidas de excarcelación, dejando a 44 personas aún tras las rejas.
El defensor de los derechos humanos subrayó que estas cifras forman parte de un universo nacional de 526 presos políticos que aún aguardan por su libertad plena.
El activista denunció que, incluso para quienes han salido de prisión, el proceso no ha terminado, pues muchos enfrentan medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país y el silencio ante los medios de comunicación, una estrategia que calificó como un intento de «frenar testimonios de tortura».
Moreno, quien actualmente se encuentra en una gira para conocer testimonios de todo lo que han vivido familiares de presos políticos, indicó que buscan brindar apoyo psicológico a estas personas para ayudarlos a salir de ese proceso “tan amargo”.
“Nuestra prioridad es que todos sean liberados, que todos incluso tengan reparación, pero sobre todo la garantía de no repetición. De los nueve presos políticos que han sido excarcelados, cuatro tienen medidas cautelares; los otros cinco tienen sobreseimiento, pero todos ellos van a solicitar que se les aplique la Ley de Amnistía. Estas víctimas tienen que volver nuevamente a la sociedad”, precisó.
Agregó que cuando una persona está secuestrada por el régimen, también se secuestra a su familia, pues considera que hay un daño emocional “casi irreparable” en el núcleo familiar.
Afirmó que hay personas, ONG y diferentes países que quieren ayudar en la reparación de daños, pero sobre todo que haya garantía de no repetición.
Por último, recordó que los 44 presos políticos que quedan en Monagas, están recluidos en centros de detención como la División de Investigaciones Penales, un cuerpo táctico adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, la cárcel de La Pica y la sede de la policía del estado.