BBC: El rincón incómodo en el que está la oposición venezolana

BBC: El rincón incómodo en el que está la oposición venezolana

(Foto Reuters)

La delicada situación por la que pasa el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, convaleciente de un cáncer en La Habana y que lo imposibilita a tomar posesión para su nuevo mandato el jueves como estaba previsto, obliga a la oposición a moverse al borde de la fina línea que separa la disputa política del respeto al sufrimiento del ser humano.

Abraham Zamorano/ BBC Mundo, Caracas

Casi en cada intervención, diputados y líderes opositores tienen que declarar expresamente que desean la recuperación del presidente Chávez y muestran su solidaridad con su familia y su entorno más cercano.





Pero eso no evita que al tiempo, se tengan que dar a la tarea de evitar que el oficialismo imponga lo que consideran una interpretación “retorcida” de la Constitución el próximo 10 de enero, fecha establecida para la toma de posesión que no se podrá cumplir.

La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) rechaza la tesis de la continuidad en el cargo del presidente reelecto sin necesidad del “formalismo” de la juramentación y exige la declaración de la “falta temporal” y que asuma como presidente encargado el titular de la Asamblea Nacional (AN).

El problema es que no parece que vayan a tener mucho éxito porque al final de cuentas, la mayoría oficialista en la AN impondrá lo que aseguran es “la voluntad del pueblo”.

Además, la oposición no confía en el Tribunal Supremo de Justicia por considerarlo alineado al chavismo, con lo que sólo quedan sus llamados a la tranquilidad y la paz, además de la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

De las salidas que ofrece la Constitución, ninguna exenta de controversia, la MUD apuesta por la “falta temporal” y exige que el 10 de enero tome posesión el presidente de la AN, en una interpretación analógica de lo previsto para la falta absoluta.

“Estamos claros de que la soberanía eligió a Hugo Chávez como presidente y respetamos su enfermedad, pero eso no implica que se hagan volteretas innecesarias a la Constitución. El 10 de enero debería asumir el presidente de la Asamblea”, dijo el lunes el presidente del opositor partido Copei, Roberto Enríquez.

En la MUD la posición oficial es no promocionar el impulso de la falta absoluta, porque como insisten, no buscan desconocer el resultado de las elecciones del 7 de octubre, pero también, a decir de algunos analistas, porque no les interesa elecciones en menos de 30 días.

Según el analista político Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, es al vicepresidente Nicolás Maduro a quien le interesaría que hubiera elecciones cuanto antes para aprovechar el tirón electoral del presidente y la ola de simpatía que inspiraría un desenlace fatal a su situación.

“Para el chavismo es fundamental que si Maduro es el candidato en una elección presidencial por la salida de Chávez, lo haga desde la posición de jefe de Estado o de una posición ventajosa, de aura de poder y de control de todas las instituciones”, le dijo a la agencia AFP.

¿Y Capriles?

Hasta este martes, Henrique Capriles, gobernador de Miranda y candidato del bloque unitario de la oposición derrotado por Chávez en octubre, había mantenido un perfil relativamente bajo.

Sin embargo, el que se podría suponer líder natural de las fuerzas antichavistas a falta de que nombren un nuevo candidato si se da el caso, salió a la palestra con una conferencia de prensa en la que acusó al gobierno de estar irrespetando la voluntad del propio Chávez.

Capriles se sumó a las tesis de la MUD de que debe ser declarada la “falta temporal” pues que el mandatario deje de presentarse a la toma de posesión “no quiere decir que deje de ser presidente”.

“En ningún momento eso es lo que se ha planteado”, dijo.

“El 10 de enero arranca un nuevo periodo constitucional. En Venezuela no hay monarquía ni el sistema cubano en que uno le pasa el poder a otro. En Venezuela hay elecciones”, dijo.

El líder opositor insistió en la idea de que el 7 de octubre “se eligió al presidente de la República, no al vicepresidente que en Venezuela no es por voto popular. El pueblo no votó por Nicolás Maduro ni los ministros, el pueblo votó por el presidente y aceptamos el resultado”.

Por eso, por considerar que se agota la legitimidad del vicepresidente y los ministros, Capriles defendió que “hasta tanto el presidente electo pueda asumir el cargo, debe encargarse al presidente de la Asamblea Nacional”. Agregó que “sería una desgracia por el historial de esa persona, pero no se trata de si me gusta o me cae bien, esa es la realidad de nuestra Constitución”.

Fuera de Venezuela

El gobernador adelantó que “si no se cumple la Constitución o hay un conflicto de interpretación, el Tribunal Supremo tiene que fijar posición ante el país y a la historia”.

“Independientemente de la visión o percepción en términos de su respuesta política siempre frente a circunstancias, el país está esperando una salida, una interpretación clara de lo que dice el texto constitucional y esa es una responsabilidad que tienen ustedes señores magistrados”, espetó.

Al no ocurrir este jueves la posesión y mantrenerse en cambio la continuidad del gobierno en funciones, así como una resolución del TSJ a favor de esa salida, la MUD anunció que agotarán la vía interna -el TSJ en el que no creen- y después acudirán a instancias internacionales.

Capriles pidió a los presidentes de América Latina que “no se presten al juego de un partido político, de una interpretación sesgada de un partido ante la ausencia del presidente”.

“Las palabras del presidente en diciembre fueron claras, dando instrucciones a quienes están en el gobierno: ‘Ante cualquier ausencia debe cumplirse la Constitución’. Hagamos valer las palabras de la persona que fue electa”, dijo Capriles.

Otra opción que parece quedarle a la oposición es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque el gobierno denunció el tratado que lo vincula a esa instancia, ésta podrá recibir reclamaciones hasta que se cumpla un año en septiembre.

También le queda acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene una carta democrática, al igual que Mercosur, aunque no parece que se vaya a repetir la suspensión de Paraguay a juzgar por la actitud de los otros gobiernos del bloque.

La presidenta argentina Cristina Fernández visitará el hospital de La Habana en que está ingresado el mandatario mientras Brasil afirmó a través de Marco Aurelio García, asesor para Asuntos Internacionales de la presidenta, Dilma Rousseff, que la tesis chavista está cubierta por la Constitución.

¿Paro cívico?

En una especie de ceremonia de la confusión, en la red social Twitter, oficialistas y destacados miembros de la oposición coincidieron en su rechazo a la idea de un paro cívico.

Al tiempo que la cuenta de la Mesa de la Unidad (MUD) se esforzaba en difundir su rechazo al supuesto llamado al paro, muchos de sus simpatizantes, acusaban a quienes promovían la idea de “infiltrados” del gobierno.

No pocos tuiteros de oposición se dedicaron a criticar una idea que decían que llegaba de Miami o La Habana, y que calificaban de error equiparable al llamado a la abstención en las elecciones parlamentarias de 2005 que dejó la Asamblea Nacional en manos del oficialismo al completo.

Sea como fuere, el gobierno aprovechó para, sin señalar a quién se referían, responder a la presunta iniciativa dándola por cierta.

“Si la oposición, si la derecha están llamando a un paro cívico a partir del 10 de enero, nuestro país va a responder con trabajo y más trabajo. La respuesta va a ser de la clase obrera: a trabajar, a luchar, a la calle”, dijo el vicepresidente Nicolás Maduro en la mañana del lunes.

“Van a salir derrotados nuevamente”, advirtió en alusión al conocido “paro petrolero”, una huelga del sector organizada en 2002 con la intención de expulsar a Hugo Chávez del poder.

Capriles rechazó cualquier vinculación esos llamados e insistió en un llamado a la responsabilidad y la convivencia pacífica.

“¿Qué pasaría si convocáramos al pueblo a la calle? ¿Una pelea, una guerra? Prácticamente la mitad del país fijó una posición distinta el 7 de octubre, esos 6,6 millones merecen respeto”.