Al despuntar el año 2013, la economía abre con un conjunto de desequilibrios que ameritan la adopción de medidas, que de postergarse pudiesen agravar esos desbalances. La opción de quedarse paralizados esperando instrucciones y directrices desde La Habana, carece de sentido. Cuando se examinan las cifras del comportamiento de la economía, lo primero que sobre sale es un favorable crecimiento económico de 5,5% y una desaceleración de la tasa de inflación hasta el 19,9%. Ciertamente esas son cifras buenas. No obstante un examen más cuidadoso y completo de los datos pone en evidencia que esa expansión de 5,5% del PIB se explica en más de un 70% por los significativos aumentos de apenas tres sectores de la economía, el financiero, la construcción y el comercio. Actividades claves como la industria manufacturera, la agricultura y el petróleo permanecen estancadas. Con relación a la menor tasa de inflación, esta se ha logrado a costa de generar escasez, que a la larga potencia la inflación como ya se puso de manifiesto en diciembre cuando la tasa de inflación superó al 3,3% en ese mes, para reflejar por alzas durante cuatro meses corridos.
Un conjunto de problemas que se abaten sobre la economía pueden propiciar que se pierda el crecimiento de 2012 y se acelere la inflación. En primer lugar, existe un serio problema fiscal, tal como se evidencia en el cuadro anexo, donde se aprecia que el déficit fiscal alcanzó una cota que amerita su corrección. Un exceso de gasto sobre los ingresos fiscales de 17,0% del PIB no lo tiene ninguna economía en el mundo. Ese déficit en 2012 se financió en buena medida mediante la impresión de dinero por parte del BCV. La interrogante que salta a la vista es si el gobierno podrá gastar en 2013 los mismos cincuenta puntos del PIB que erogó en 2012. Ello luce difícil de pensar, a menos que se propicie un desplazamiento financiero del sector privado por parte de un gobierno sediento de recursos. Todo indica que algún tipo de ajuste del gasto habrá que realizar durante 2013. Ya el ministro Giordani avanzó la tesis de que lo regalado se debe acabar y que por tanto hay que pagar por los servicios públicos.
En segundo lugar, persiste una brecha cambiaria de más de 300% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado paralelo. El mercado oficial de cambios está severamente presionado por el exceso de demanda a un precio francamente ridículo que hace que el mejor negocio en Venezuela sea tratar de hacerse de una licencia para importar, sobre facturar esas importaciones y luego voltearse al mercado paralelo y hacer una ganancia fenomenal en corto tiempo. Además, el BCV no cuenta con la liquidez requerida para soportar la demanda de divisas al tipo de cambio oficial. Ello ha hecho que Cadivi reduzca las autorizaciones para adquisiciones de divisas con la cual parte de la demanda se ha desviado al SITME, donde los importadores se encuentran con el hecho de que este mecanismo redujo en más de 70% las asignaciones de moneda extranjera, todo cual ha generado una demanda no satisfecha que va directo al mercado paralelo donde quienes tiene dólares no venden, esperando la depreciación del bolívar. La solución a este problema mantiene divididos al BCV y al Ministerio de Finanzas, debido a la terquedad que impera en este despacho para reconocer que hay que abrir un mercado de divisas donde quienes soliciten divisas las puedan adquirir transparentemente en un mercado regulado y con participación activa del BCV, precedido esta acción por un ajuste importante de la cotización oficial y la reestructuración inmediata del SITME.
El tercer problema es el desabastecimiento que está provocando el control de precios y la aplicación arbitraria de la Ley de Costo y Precios Justos. Y lo que viene es peor porque los burócratas de este organismo envalentonados porque según ellos la inflación está disminuyendo, pretender extender la fijación administrativa de precios a todos los rubros de la economía. En verdad es incomprensible que unos funcionarios, el ministro de Finanzas y el presidente del BCV no adviertan el peligro para la estabilidad de los precios de una expansión de la liquidez monetaria de más de 60,0%, un déficit fiscal de 17,0% del PIB y una depreciación del bolívar en el mercado paralelo suprior al 50,0% en seis meses.