La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó hoy a la Fiscalía una investigación tras la muerte de más de medio centenar de personas este viernes en la prisión de Uribana (oeste) y afirmó que la requisa se hizo un uso desproporcionado de la fuerza.
En un comunicado difundido en Caracas, el OVP pidió al Ministerio Público “que dirija una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para determinar la responsabilidad de los autores de los hechos registrados (para que) sean juzgados y sancionados”.
Al menos 54 personas fallecieron y alrededor de 90 resultaron heridas tras una requisa realizada el viernes con agentes de la Guardia Nacional (policía militarizada) en el Centro Penitenciario Región Centro Occidental, conocido como Uribana, según informó a Efe el director del Hospital Central de Barquisimeto, Ruy Medina.
El OVP señaló que la requisa realizada en Uribana, en el estado Lara (oeste), “no estuvo debidamente coordinada ni aplicada por el personal de expertos en labores de este tipo, quienes hicieron uso desproporcionado de la fuerza” y afirmó que “el Estado debe usar ésta excepcional y racionalmente”.
Además, reclamó al Gobierno que “presente ante la opinión pública un listado oficial con las identidades de los muertos y heridos y además con el balance del armamento incautado en la requisa”.
También pidió a las autoridades “medidas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de toda la población reclusa del Centro Penitenciario Región Centro Occidental”.
El OVP instó al Estado Venezolano a que asuma “su responsabilidad en vista que los reclusos están bajo su tutela”.
La organización dirigida por Humberto Prado recordó que sobre la prisión de Uribana pesaban medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado venezolano adoptara “de forma inmediata y definitiva, las medidas provisionales que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños” de la población reclusa.
El Centro Penitenciario de la región Centro Occidental es una de las tres cárceles más violentas de Venezuela y albergaba a 2.400 presos teniendo solo capacidad para 850, según ha indicado en otras ocasiones el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El incidente carcelario más grave ocurrido en Venezuela en los últimos años se registró el 4 enero de 1994 en la prisión de Sabaneta, en el noroeste del país, donde murieron 108 reclusos y 20 quedaron heridos luego de que se produjera un incendio en el penal, reseñó Efe.
En este sentido, reiteramos nuestro rechazo a la vulneración de Derechos Humanos y garantías constitucionales ejercida el día de ayer sobre la población privada de libertad en la Cárcel de Uribana; expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos y solicitamos:
1.- Al Ministerio del Servicio Penitenciario, que presente ante la opinión pública un listado oficial con las identidades de los muertos y heridos y además con el balance del armamento incautado en la requisa.
2.- Al Estado debe entrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad para garantizar efectivamente el derecho a la vida, y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, el Estado debe diseñar e implementar un programa de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales en materia de personas privadas de la libertad, dirigido a los agentes de Custodia penitenciarios y Efectivos Militares.
3.- Al Ministerio Público, que dirija una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para determinar la responsabilidad de los autores de los hechos registrados sean juzgados y sancionados.
4.- Al Estado, que impulse las medidas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de toda la población reclusa del Centro Penitenciario Región Centro Occidental también conocida como Cárcel de Uribana, así como de cualquier persona (visitante, funcionarios, efectivo GN, abogados) que se encuentre en dicho establecimiento.
4.– En Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, insta al Estado Venezolano que asuman su responsabilidad en vista que los reclusos están bajo su tutela.
En Caracas, a los veintiséis días del mes de enero de 2013.
Humberto Prado
Coordinador General