La jueza venezolana María Lourdes Afiuni, detenida hace casi tres años por la supuesta liberación irregular de un empresario y ahora en arresto domiciliario, permanece hoy en una clínica de Caracas debido a una intoxicación, informó su defensa, que confirmó que el juicio contra la magistrada continuará el lunes.
El abogado José Amalio Graterol, miembro del equipo defensor de Afiuni, señaló a Efe que la jueza fue trasladada en la noche del viernes al Hospital de Clínicas Caracas, donde es atendida por una “situación de emergencia” a raíz de una intoxicación medicamentosa.
Afiuni fue acusada de corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de detenido por la liberación en diciembre de 2009 de Eligio Cedeño, un empresario que llevaba tres años detenido sin juicio, acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales.
En ese entonces, el presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió la “pena máxima” para la magistrada, que se encuentra desde febrero de 2010 bajo prisión domiciliaria y con prohibición de declarar a la prensa.
“Su situación está absolutamente estable”, añadió el jurista sobre la salud de Afiuni, y explicó que la magistrada presenta “eritemas” en su cuerpo.
Indicó que se autorizó, además, que a Afiuni “se le revisen todas y cada una de las afecciones físicas” que sufre, entre las que citó problemas de ovarios y quistes.
“Va a ser vista por un ginecólogo, por un alergólo, por un urólogo de su confianza, quienes (…), una vez que le hagan los exámenes, van a poder determinar cuál es tratamiento a cada una de las afecciones”, explicó.
Graterol confirmó, por otra parte, que el lunes continuará el juicio contra Afiuni en su ausencia, en aplicación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que permite el inicio de estos procesos sin el imputado.
El defensor se quejó de la “lentitud” con la que se desarrolla el juicio que se inició en diciembre del año pasado, al advertir que de 43 testigos previstos han sido citados dos en cada una de las tres audiencias celebradas hasta ahora, lo que, según él, llevaría a extender este proceso a unos 20 meses.
“Esa lentitud (…) lo que está generando es que se le aplique a la doctora Afiuni la pena de banquillo o una pena anticipada”, advirtió Graterol, quien detalló que el delito de corrupción propia, que consideró el “más grave” por el que se le acusa a la magistrada, establece una pena de entre tres y seis años. EFE
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