Los sindicatos de las empresas del sector público que funcionan dentro del proceso de producción continua exigen al Gobierno que aplique de manera inmediata las disposiciones sobre la nueva jornada laboral establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo antes del 7 de mayo, que es cuando vence el plazo para la aplicación definitiva de la normativa.
La ley, promulgada el 7 de mayo de 2012, establece el plazo de un año para que los empleadores reduzcan la jornada laboral diurna de 44 a 40 horas semanales, distribuidas en 5 días, y apliquen, además, 2 días de descanso continuos. A 2 meses de vencerse el lapso legal, las organizaciones obreras presionan para que tengan listos los esquemas de los nuevos horarios, lo cual implica la creación de un turno adicional y la incorporación a la nómina de personal extra con el consiguiente aumento en los costos.
Las negociaciones se han dado de manera desigual en los sectores productivos estatales. “El sector eléctrico está listo: la contratación colectiva está ajustada a la nueva jornada”, dijo Alexis Rodríguez, directivo de la Federación de Trabajadores Eléctricos.
En la Cantv y las empresas cementeras, sin embargo, los dirigentes sindicales denuncian que la parte patronal elude su responsabilidad. Orlando Chirinos, presidente de la Alianza Nacional de Trabajadores del Cemento, refirió que a finales de 2012 presentaron a las directivas de las empresas, ahora manejadas por el Gobierno, 3 propuestas para la adecuación del horario rotativo a la jornada de 40 horas. “Todavía no hemos recibido respuesta, no ha habido más reuniones y rechazamos una imposición unilateral de la jornada por parte de las empresas”, agregó.
Igor Lira, de la Federación Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones, denunció que la dirigencia oficialista de Fetratel impidió incluir en las cláusulas sobre horarios las fórmulas para adecuarse a la nueva jornada en el proyecto del contrato colectivo, introducido el 21 de febrero en el Ministerio del Trabajo
Indicó que la adecuación en la telefónica es muy compleja dado que existen 43 horarios laborales, de los cuales 28 son afectados por la reducción de la jornada y el turno adicional.
Más inversión. “No se puede esperar a que el 7 de mayo las empresas del Estado salgan con que no están listas para cumplir la ley”, expresó José Luís Hernández, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares.
Desde septiembre pasado Sutiss se reúne con la gerencia de Sidor para adecuar el contrato colectivo a la nueva legislación, entre ellos la jornada laboral, iniciativa que también adelantan las otras empresas básicas de Guayana.
Hernández, que representa el ala sindical oficialista, declaró que la adecuación de la jornada requiere inversiones para la creación del turno adicional. En las industrias de producción continua actualmente hay tres turnos: de 7:00 am/ 3:00 pm. 3:00 pm/11:00 pm y 11:00 pm/7:00 am.
Advirtió que no aceptarán la implantación de la nueva jornada si no está unida a la inversión en mejoras tecnológicas de las plantas para operar de manera segura e incrementar la productividad, pues la producción de Sidor del año pasado (1,7 millones de toneladas) fue la más baja en 50 años.
Caída en los ingresos. Dirigentes obreros, que pidieron no mencionar sus nombres, aseguraron que los trabajadores tienen temor de que el turno adicional signifique una merma en sus ingresos por la reducción de las guardias. Hernández afirmó que la reducción de la jornada es “para garantizar la seguridad del trabajador en la fábrica porque el sobretiempo causa agotamiento y posibilita los accidentes”.
Chirinos aseveró que el cambio de horarios genera empleos, además de dar más tiempo libre al trabajador, pero sin que su ingreso y las condiciones laborales sean desmejorados.
Juan Freites, directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, alertó que si bien el contrato colectivo contiene las previsiones de adecuación de la jornada, los trabajadores de perforación y producción de campos aislados como la faja del Orinoco y el lago de Maracaibo pueden ver disminuido su ingreso, pues laboran 24 horas y descansan otras 24.
Empresas estatizadas sin avance
Los sindicatos de las empresas estatizadas fabricantes de alimentos e insumos y de servicios demandan la adecuación inmediata a la nueva jornada laboral con esquemas concertados con los patronos, por lo que formaron una comisión nacional para adelantar las negociaciones.
“Hay similitud en las situaciones de las empresas recuperadas por el Estado, de allí la conveniencia de buscar las soluciones a los problemas laborales, entre ellos la jornada”, dijo Orlando Chirinos, dirigente de la central oficialista Unión Nacional de Trabajadores y presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Cemento.
Afirmó que la iniciativa, impulsada por Unete, persigue organizar a los trabajadores para exigir la implantación inmediata de la reducción de la jornada sin imposiciones patronales como ocurrió en Lácteos Los Andes. “Se redujo la jornada sin incrementar la nómina, lo que viola las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo”.
Entre las empresas estatizadas, Chirinos mencionó a las cementeras, Agropatria, supermercados Bicentenario, aceite Diana, Petrocasa y Sidetur, entre otras. Agregó que el trabajo de la comisión también incluye a los trabajadores del sector salud (Barrio Adentro y los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social), Corporación Casa, Mercal y Pdval.