El gobierno ha satanizado a los empresarios, a sus instituciones y a sus prácticas. Olvida esa visión tergiversada que ha pretendió inocular en la mayoría de la población que la iniciativa privada y la conjunción de la organización, el capital y el trabajo, que configura la noción de empresa y de empresario, es lo que genera riqueza y bienestar en los países.
Una satanización que se refleja en la legislación vigente, aprobada en el último decenio; en el discurso oficial y en las prédicas que propugnan por una confrontación social en la que uno de los objetivos de guerra, es el empresario.
En el catecismo para el adoctrinamiento del “hombre nuevo”, el empresario es el culpable del desabastecimiento, la escasez, la inflación, la devaluación, la corrupción, la no generación de fuentes de trabajo, la baja calidad del consumo.
Se le señala cual “ángel rebelde” de tener como objetivo la búsqueda de “ganancias exorbitantes”, de una “rentabilidad irracional” o “desproporcionada” que empobrece a la población, robándole la oportunidad de bienestar o impidiéndole el acceso a bienes y servicios, a consecuencia de su falta de responsabilidad o solidaridad social.
Busca ocultar el gobierno y su prédica inclemente que la crisis económica venezolana, que se extiende a lo social lanzando al país a los pórticos de una de su peores vivencias colectivas, se debe a las múltiples barreras por él levantadas, a la distorsiones derivadas de su políticas erráticas en materia fiscal y monetaria y el afán de ser empujar a la sociedad, con todo el poder institucional del Estado, a naufragar en un modelo y experiencia económica hartamente comprobado su fracaso y generación de pobreza.
La libertad económica reconocida como derecho fundamental en todos los ordenamientos constitucionales, y Venezuela no es la excepción, permite al emprendedor, pequeño o grande, a través de la organización empresarial, desde las más sofisticadas a las más elementales, buscar una lucro y para ello necesita efectuar una escogencia entre qué bienes o servicios va ofrecer y cuáles son los medios para lograrlos.
Es una de las manifestaciones de libertad y del desenvolvimiento de la dignidad humana y una de las vitrinas en las que se puede observar si el Estado, sus manifestaciones organizativas y funcionales observan, respetan o garantizan ese derecho fundamental.
El gobierno en lugar de convocar a todos los sectores productivos del país para abordar una agenda, dentro de la firme convicción de la perentoria búsqueda de paz social, que permita la adopción de medias en el plano cambiario, fiscal y regulatorio, consolida una persecución contra las empresas y los empresarios.
Las potestades y facultades con que se edifica la noción de Estado en la Constitución de 1999 es para la búsqueda de la satisfacción de colectivo, de orientar la actividad prestacional sin exclusión de ningún sector, por más que se busque privilegiar, como es lógico, los sectores más desposeídos o económicamente menos desfavorecidos.
El gobierno para garantizar el desarrollo económico y la adecuada inversión de la renta petrolera, con el riesgo y amenaza cierta de su reducción e impacto para los próximos años por cambios en los patrones de consumo y de actores del mercado mundial, debe abandonar la tesis de emplear una solo fuente de financiamiento (petróleo) y diversificarla con el aporte de la iniciativa privada, entre otras, mediante el pago de tributos justos, razonables y de fácil gestión.
No es viable una economía, un desarrollo sostenible y bienestar colectivo real con una agenda de expropiaciones, controles cambiarios, de producción, distribución que son barreras y expresiones ocultas de confiscación, como también lo es la tributación existente o la amenaza contra formatos de negocio como las franquicias, nacionales e internacionales, que generan fuentes de trabajo directos e indirectos, uso de tecnología, calidad de producción y consumo o el discurso de demonización de retorica deformante, ideologizada y causante de odio social contra todo que parezca formas de emprendimiento privada, de empresas y empresarios.
La gobernabilidad de un nuevo gobierno o la extensión del existente, tanto en lo político como en lo social, exige una agenda que abre los espacios de actuación, genere condiciones propicias para la inversión, la expansión y desarrollo económico sostenido, el incremento de fuentes de trabajo, valor agregado nacional y la definición de una política legislativa caracterizada por la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad y la libertad económica. Satanizar al empresario es solo retorica y manipulación.
Nadie gana. Por el contrario, todos perdemos, el ciudadano y el gobierno.