Bajo la política del Socialismo del siglo XXI se pretende limitar aún más la producción nacional y lesionar los intereses del pueblo, al diseñar una Ley Antimonopolios que sólo intenta crear un mecanismo que favorece la concentración del poder económico del Estado, así lo considera la diputada de Proyecto Venezuela a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo y miembro de la Comisión de Finanzas del parlamento, quien mostró su preocupación por la posible aprobación del instrumento legal que acarrearía mas expropiaciones y ocupaciones de empresas. Prensa Proven
La Ley ya está en mora desde 2006, pero fue congelada por diferencias entre las bancadas del Psuv y la Mesa de la Unidad para aquel entonces. El año pasado la modificó la subcomisión de Desarrollo Económico donde incluyó la participación “popular”.
“Pude conocer el documento presentado, éste trata de imponer un modelo socialista que ataca la estructura del mercado y desconoce el derecho a la propiedad privada al plantearse la expropiación y ocupación de empresas”, explicó la parlamentaria.
El proyecto -continuó Sampedro- no aspira proteger al consumidor de las prácticas abusivas por parte de los empresarios, sino que procura crear un mecanismo para favorecer la concentración del poder en manos del Estado, efectos de tales prácticas que ya son conocidas por la población en cuanto a la producción de cemento, cabillas, etc. así como el fracaso de la aplicación de estas acciones socialistas en las empresas del Estado, como es el caso de las empresas de Guayana que han requerido financiamiento del gobierno aun para el pago de la nómina.
En contra de políticas desacertadas
Aseguró que durante la última sesión del parlamento, en nombre de la Unidad Democrática, fijó posición en relación a esta Ley, de forma clara y precisa respaldando el planteamiento constitucional de no al monopolio, tanto en el sector público como en el sector privado, pero consagrando los derechos constitucionales de todos los venezolanos.
“Manifesté en esa oportunidad mi apoyo a una ley que consagre la libre competencia, la justicia social y la eficiencia, donde el Estado conjuntamente con la iniciativa privada desarrollen la actividad económica, generen fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y por supuesto elevar el nivel de vida de la población, tan golpeado por las desacertadas políticas del gobierno de Nicolás Maduro en estos últimos 100 días”, señalo Sampedro.
Igualmente anunció que exigirá y promoverá la consulta con los sectores involucrados y con el pueblo a fin de que el instrumento sea favorable a los intereses de la Nación.