Alfredo Romero: El 11A marcó la instauración de la cultura de muerte en el país

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano junto a Gonzalo Himiob y familiares de las víctimas del 11 de abril de 2002 recordaron esta fecha en conmemoración a los fallecidos que luego de 11 años no han tenido ningún tipo de justicia y sus muertes se mantienen impunes.

“Hoy hemos querido recordar 11 años de impunidad 11 años de mentiras y por eso estamos colocando una gran pancarta para recordar esos fatídicos hechos que enlutaron a Venezuela entera”, apuntó Romero, quien junto a Gonzálo Himiob lleva la investigación de ocho de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril.





Romero explicó que decidieron no pasar por alto la fecha, porque los familiares de las víctimas no han tenido justicia y aún continúan reclamando al Gobierno que los atienda, además de estar todavía a la espera del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a estos hechos.

“Esta fecha sin duda marcó la instauración de la cultura de la muerte en Venezuela, porque cuando muestras a quienes asesinaron como héroes de la revolución y olvidas a las víctimas, el mensaje que se emite desde ese momento es que la violencia es la regla y la justicia es la excepción, dejando de dar importancia a la vida, promoviendo con ello la muerte y la violencia”, aseguró el activista de derechos humanos quien comentó que este tipo de actuaciones del Gobierno lo que ha conllevado en estos 11 años de impunidad es que aumenten los homicidios y que en los barrios para los muchachos sea más preciado tener un arma para matar, que un instrumento de trabajo para vivir.

Los sucesos del 11 de abril de 2002 dejaron un saldo de 19 muertos. Hasta la fecha sólo dos casos han sido supuestamente resueltos y por ellos están enjuiciados los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis. Alfredo Romero, miembro del Foro Penal, asegura que el Gobierno no ha hecho nada por resolver los demás, sino que ha manipulado la justicia a su favor para mantener a estas personas presas.

 “Esta es la mentira más larga de los mentiras frescas. Hoy estamos conmemorando la impunidad, porque a pesar de tener pruebas de activistas gubernamentales disparando en la avenida Baralt  y en Puente Llaguno, no se ha hecho absolutamente nada”, detalló Himiob, también miembro de la ONG Foro Penal Venezolano.

Himiob, comentó que ninguna de estas personas fueron responsabilizadas, porque muchos de ellos tenían órdenes del Gobierno de disipar a la marcha opositora que provenía del Este de Caracas.

Esta marcha del 11 de abril en el año 2002 fue convocada por Fedecámaras, trabajadores despedidos de Pdvsa y sectores de oposición, que buscaban protestar por 49 leyes aprobadas por Chávez a través de la ley habilitante. Se esperaba que la marcha llegara hasta Chuao, sin embargo se desvió hasta el Palacio de Miraflores,  donde hordas chavistas agredieron a 150 personas, que contabilizaron heridas y dejó un saldo de 19 muertes.


Andrés Trujillo,  presidente de la Asociación Civil Vive y herido del 11 de abril en compañía de Katalina Palencia,  madre de Johnny Palencia uno de los fallecidos, comentó en esta actividad realizada en el distribuidor de Altamira, justo desde donde arrancó hace 11 años tal manifestación, que el Gobierno ha manipulado la historia a su conveniencia.

 “Quienes tiñeron esta  marcha de sangre pretenden seguir manipulando con mentiras y yo quien si viví y fue testigo presencial al ver caer muchos a mi lado, puedo comentar que nosotros no teníamos ningún tipo de responsabilidad, sólo estábamos allí para expresar un descontento por aquel hombre que dividió a toda la nación”, apuntó Trujillo, quien reiteró que “el 11 de abril de 2002 se violaron flagrantemente los derechos humanos de cientos de venezolanos, fecha que no debe pasar desapercibida y nos debe llamar a la reflexión en aras de fomentar  la reconciliación y la paz”.


Los integrantes de Foro Penal Venezolano también rechazaron las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien indicó que las personas no podían estar en las afueras de los centros de votación hasta el final. “En que ley le pregunto a la fiscal se establece que los votantes no pueden estar afuera de los centros de votación y presentes en las auditorias y verificación ciudadana. Lo que sí estable la ley es que la fiscalía debe investigar los asesinatos ocurridos, debe atender a los familiares de las víctimas y tiene la responsabilidad de hacer justicia en este caso que manchó parte de la historia venezolana”, finalizó Romero.