La economía sigue su curso, su devenir no espera por las medidas que deben adoptarse para orientarla hacia objetivos específicos cifrados en desarrollo económico o bienestar general.
Cada día que se pierde, se traduce en el levantamiento de nuevos obstáculos o en el fortalecimiento de los existentes.
Si tales obstáculos, susceptibles de traducir estancamiento, inflación y escasez son productos de políticas erráticas o la omisión de medidas pertinentes, se le añade una crisis política y erosión de la institucionalidad, el riesgo evidentemente es mayor.
No se puede «gobernar la economía» (Maduro dixit) con discursos, proclamas o evocaciones al inspirador supremo del proceso.
Más que «gobernar la economía», pretensión humanamente improcedente, lo que se impone es articular medidas económicas que permita salir del marasmo en que se encuentra generando efectos proclives del sector productivo.
A tal fin se requiere la generación de confianza para los inversionistas, la difusión de señales que alienten la confianza en los mercados en los que se cotizan los bonos de PDVSA y los demás instrumentos de deuda pública nacional, que existe una seguridad jurídica con la efectiva existencia de todas sus implicaciones y una institucionalidad que la garantice y la hace viable, específicamente, en lo referente al derechos de propiedad y a la libertad económica.
El denominador común para la viabilidad de ese catalogó apriorístico y caprichoso, que solamente debe atribuírsele la condición de ejemplificativo, es el dialogo del cual deriva la confianza.
El escenario natural para el dialogo es, sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional, y esta circunstancia Nicolas Maduro lo sabe. Él fue diputado y Presidente en una legislatura difícil, signada por la turbulencia políticas del paro petrolero y los sucesos de abril de 2002, así como la aprobación de un conjunto de leyes altamente controversiales.
En el periodo crítico de la primera legislatura en el marco de vigencia de la Constitución de 1999, hubo varios presidentes de la AN, destacando por su manejo y empeño cosmético de autonomía y funcionamiento acorde con su naturaleza, las gestiones de William Lara y del propio Maduro.
No obstante, las tropelías evidenciadas en el Reglamento Interior y de Debates y sus sucesivas reformas para hacer sentir y sacar provecho de la mayoría, se mantuvo el funcionamiento de las comisiones de trabajo parlamentario, a pesar de la aplanadora puesta en marcha, y se desarrollaron los debates legislativos y de otros aspectos de transcendencia del país. Se buscaba acercamiento parlamentario.
No obviamos que existieron escarceos, manotazos y encontronazos verbales, pero se busco de inmediato solventarlos.
La crisis política y económica de entonces comportaba una intensidad y gravedad menor, con factores comunes, pero de menor gravedad a la actual, que luce explosiva y los mecanismos de apaciguamiento más lejanos.
En este sentido, el Ejecutivo Nacional y demás órganos del Poder Público son los más interesados en preservar la AN como el escenario para el dialogo, distensión y reconocimiento de los sectores políticamente en pugna para evitar prácticas ajenas a nuestra realidad y la escisión irreversible de la sociedad.
La naturaleza, funciones y carácter preeminente constitucionalmente establecido y atribuido a la AN así lo demuestran.
En campo económico, dejado un lado por el tema político, por ejemplo, destacan las leyes impositivas, presupuestarias y de crédito público; la autorización y aprobación de la gestión de administración presupuestaria y de endeudamiento, así como de las líneas generales del plan de desarrollo económico y social.
El fenómeno económico es global, abarca muchos aspectos lo cual impone una visión integral del mismo, resultando imposible ver de manera aislada y sin vinculación la adopción de formas de Estado y sistema económico paralelos a la Constitución, basado en controles, limitaciones y en los principios de una planificación férrea y evidentemente fracasada, que inciden en la producción, distribución y consumo, fases de un proceso, producto de una visión colectiva y no de una fría regulación.
De ahí que la leyes para que sean eficaces en términos de observancia requiere el resultado de una visión concertada que solo puede lograrse en un escenario como la AN pues las mismas a lo sumo deben ser reglas de organización de la actuación de los agentes económicos y no una mera imposición de conductas.
Las leyes como los gobiernos “no pueden impedir que cada hombre busque su bienestar en la tierra por sí y para los suyos del modo que considere más convenientes ejerciendo su facultad de elección, corolario natural de su libertad, como lo demuestra el contrabando contra las limitaciones al comercio internacional y el «llamado mercado negro» contra las limitaciones al comercio interior”, como ya lo señalaba en el siglo pasado Faustino Ballvé.
Si a la función democrática de aprobación de las leyes no solo en materia de derechos fundamentales, y entre estos la propiedad y la libertad económica, adicionamos el control político e institucional, preservar la AN como institución abierta y reflejo del país es tarea de todos para dar prioridad a la agenda económica y a las decisiones legales que la condicionan o ejecutan.
El gobierno requiere inversiones, mayor reposo en el área económica y un enfriamiento de las calderas políticas para emitir signos positivos, propósitos de enmienda y de querer echar adelante una agenda económica viable. Y para eso se requiere el funcionamiento de la AN como generadora de consenso y punto de reencuentro.
Maduro deber ser el primer interesado en no clausurar fácticamente la AN para activa y no “gobernar la economía” y apaciguar el enconado debate político.
La oposición debe buscar incansablemente su preservación como forma de enfrentar cualquier forma de gobierno o manifestación de tiranía, aún cuando ponga en duda, su autonomía y eficacia democrática.
Por Leonardo Palacios Márquez
(@NegroPalacios)