“Desde hace 100 años la industria de la leche de fórmula está imponiendo el cambio de la lactancia materna. Impulsaron a la madre para que se abstuviera a amamantar, a que no usara sus tetas para alimentar a los hijos y a sustituir el alimento natural por una leche procesada, a sabiendas de que ese producto contiene químicos.
Janet Yucra
Toda esta gente que se reúne con nosotros sabe que el interés de las transnacionales es vender su producto (leche maternizada) porque les genera excelentes dividendos, mientras que nuestro interés es que los niños venezolanos se alimenten naturalmente”. Estas palabras fueron pronunciadas por la diputada María León, presidenta de la comisión de Familia de la Asamblea Nacional (AN). Luego de dar tantas vueltas y tratar de justificar los motivos de la reforma de la Ley de Protección a la Lactancia Materna, la parlamentaria por fin admitió el propósito de los cambios que se harán a la norma.
Todo trata de las transnacionales y la lucha del oficialismo contra ellas. “Para las transnacionales es un negocio. Pero nosotros debemos proteger y apoyar a la madre y a los niños en el ejercicio de ese derecho. Las empresas no deben promover esos productos y lo saben muy bien. Por eso nos toca hacer campañas para retomar la conciencia de la soberanía de las mujeres y del país en la lactancia materna”, agregó la diputada. Es la misma concepción que tienen los diputados socialistas en relación con lo que está pasando con los casos de AH1N1. A su juicio, la promoción de la vacuna contra el virus también beneficia a los grandes laboratorios.
Lo cierto es que la protesta que se produjo a nivel nacional e internacional por la propuesta de reforma que prohibiría hasta el uso del biberón, provocó que la AN paralizara la consideración del proyecto y ahora iniciarán una campaña nacional para promover la reforma, pero no se sabe cuándo entrará a la plenaria.
Todo contra Richard Mardo
La comisión de Contraloría de la AN distribuirá este jueves a los integrantes de esta instancia el informe sobre el diputado Richard Mardo; a fin de que lo analicen para ser discutido la próxima semana. Jesús Montilla, vicepresidente de la Comisión informó que recibieron información “importante para sustanciar el expediente”. Según los datos aportados por la Sudeban a la instancia parlamentaria, Mardo “posee una cuenta en el Banco de Venezuela con transacción de depósito de 21 mil bolívares, una cuenta por 56 mil bolívares y otra por 1.950 bolívares.
Mardo efectuó la mayor parte de las transacciones en el estado Aragua y el Distrito Capital. Para el periodo del 4 de febrero del año 2009 y el 31 de enero de 2013, se evidenció que mantenía un total de transacciones de movimientos de cheques y efectivos por el orden de 3 millones 131 mil 350 con 86 céntimos. Hay operaciones de depósitos por bolívares 2 millones 656 mil 751 con 78 céntimos. Además, realizó operaciones de retiro por 474 mil 599 y tiene en su cuenta depósitos en efectivo por 3 mil 363 con 68 céntimos”. Esta información se dio a conocer casi a la misma hora en que la Fiscal Luisa Ortega Díaz, anunciaba que hay méritos para enjuiciar al parlamentario por el estado Aragua.
Irregularidades en la caja de ahorros
La comisión de Contraloría investigará las presuntas irregularidades administrativas en la Caja de Ahorros de la AN, en las que estarían incursos sus directivos. En un documento consignado a la Comisión se señala que “la directiva de la Caja de Ahorro no cumple con el objetivo para el cual reciben los fondos de la AN y se ha dedicado a invertir, en la construcción de obras de mala calidad, sin la autorización de la Asamblea de Socios”. Señala el escrito que hay “sobreprecio en unos terrenos que fueron adquiridos sin la autorización de la asamblea de socios, violando la Ley de Cajas de Ahorros”.
Igualmente, “habría colocación de millones de bolívares en cuenta corriente dejando de percibir ganancias, además de la colocación de dinero en la bolsa de valores arriesgando esos recursos”.
Además, la caja tendría una “deuda millonaria con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual para el mes de septiembre del año 2012 asciende a novecientos tres mil ciento sesenta y ocho bolívares con 63 céntimos”.
También se habría producido “el otorgamiento de donaciones durante el año 2011 por la cantidad de trescientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y un bolívares, sin la autorización de la Asamblea de Socios”.