Jorge Luis Meza Maestre, afectado desde el 6 de diciembre de 2012 con una transferencia electrónica de 78 mil bolívares que no autorizó al Banco Venezuela, denunció el 26 de febrero su caso ante el despacho de Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. Relató el desconcierto de no tener respuesta de su dinero.
Explicó que debitaron de la cuenta corriente la disponibilidad de dinero, más las movilizaciones de avance de efectivo de las tarjetas de crédito que tiene tras ser cliente de la institución por 20 años. Denunció ante las instancias sin recibir respuesta de los reclamos.
Meza, habitante de Cantaura, en Anzoátegui, dijo a La Verdad en contacto telefónico que acudió a la AN y despacho de la vicepresidencia de la República a solicitar ayuda. Exigió al Venezuela y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras solucionar la “estafa”.
En la mediación que hizo a la oficina de Indepabis en esa jurisdicción, Meza activó su derecho y garantía de protección. En un comunicado a las autoridades señaló: “No estoy de acuerdo con la posición del banco, ya que desconozco las transacciones realizadas sin mi autorización ni consentimiento”.
Dentro de las declaraciones dejadas ante el Indepabis, acusó que “es evidente la irregularidad y el incumplimiento del banco con la relación a notificarme oportunamente, ya que el mismo posee la guardia y custodia de mi dinero, esta situación daños y perjuicios”. Exigió “seriedad” a quienes tienen la rienda de la banca pública.
En la comunicación al diputado Cabello, solicitó de acuerdo a las competencias que tiene el Parlamento nacional, “se aboque a la solución de mi problemática y sea usted medida de presión para el esclarecimiento y que el dinero debitado de mis cuentas (…) sea reintegrado en su totalidad”.
La sustracción de datos y registro de ahorristas por medios electrónicos está sancionado en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. La normativa tiene por “objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnología de información” y se destacan los delitos con penas de uno a 10 años, según el tipo de hechos ilícitos. / Laverdad