Una reja de hierro cerca la zona residencial de las calles 2 y 3 de La Urbina desde hace un año. ¿La razón? El temor a los nuevos vecinos que insertó la Misión Vivienda en el Conjunto Residencial William Lara que comprende 320 apartamentos distribuidos en 16 edificios.
Las familias que allí habitan fueron testigos de tres homicidios y un allanamiento con 34 detenidos entre el 3 y el 9 de agosto. Polisucre reportó en junio el asesinato de dos buhoneros en la avenida principal de La Urbina cuyos autores materiales presuntamente provienen del reciente complejo habitacional. Los conflictos entre dos bandas delictivas que se disputan el territorio de las residencias William Lara han arrojado esos resultados y sus habitantes guardan silencio ante las autoridades.
VANESSA MORENO THABATA MOLINA/ EL NACIONAL
“Se dedicaron a construir viviendas y no ciudadanía. Al asignarlas mezclaron habitantes de diferentes sectores y al no conocerse, no se respetan. En el barrio aprendes a defenderte de los desconocidos y eso es lo que están aplicando. La supervivencia es un fenómeno humano normal en los procesos de agrupación”, explicó Franco Micucci, urbanista y profesor de la Universidad Simón Bolívar.
De igual manera se presentan incidentes delictivos en la avenida San Martín, donde habilitaron tres urbanismos construidos por el Gobierno. “Sabemos que en esos edificios hay malandros porque desde las azoteas hacen prácticas de tiros”, dijo Desideria Andrade, habitante del barrio Guarataro.
En el caso de las torres de Fuerte Tiuna, ni siquiera el hecho de estar dentro de una instalación militar les garantiza a sus habitantes la tranquilidad. “Los fines de semana hasta se echan tiros los de la torre 18 con los de la 34. Cuando llega la GNB se esconden, pero como ellos no se pueden meter en los edificios, no pasa nada”, expresó una de las vecinas de la torre 34, que prefirió no revelar su nombre.
También encuentran estos mismos obstáculos en las labores policiales en las 10 torres de la Misión Vivienda en la avenida O’Higgins, en La Paz, El Paraíso. Funcionarios de la Policía Nacional que custodian el urbanismo aseguran que los vecinos arremeten contra ellos mientras patrullan y lanzan objetos contundentes. Por esa razón la movilización por el sector se limita a permanecer en una esquina del estacionamiento en el que reciben las denuncias de personas mayores, la mayoría por violencia de género.
Tierra sin ley. Las situaciones más tensas de violencia se han vivido en Ciudad Caribia, donde han matado a dos personas en menos de un año.
“Aquí tuvo que meterse el Sebin después de que mataron a ese muchacho para que las banditas se tranquilizaran. Algunos hasta se fueron de aquí a enconcharse en casa de familiares porque la policía los está buscando”, relató Janeth Delgado, habitante del complejo urbanístico socialista.
El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, señaló que lo que se ha podido observar en algunos de los complejos de la Misión Vivienda es que son comunidades altamente disfuncionales debido a la falta de planificación del Gobierno para asignar los apartamentos.
El Ejecutivo, por su parte, señaló: “Los padrinos políticos hacen acompañamiento a cada uno de los urbanismos entre 3 y 6 meses después de que se les adjudican la vivienda. Se ha mejorado muchísimo la situación de violencia y de conflictos en los conjuntos de Ciudad Betania, en Ocumare del Tuy; Ciudad Belén, en Guarenas; Hugo Chávez, en Vargas; Ciudad Caribia, en la carretera de la Guaira, y Pueblo Nuevo, en La Candelaria”, aseguró Marlis Cárdenas, representante política de la Sala de Refugios Dignos del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia que sirve de enlace entre el Gobierno y los refugiados a quienes se les adjudican las residencias.
La funcionaria explicó que el Ministerio de Vivienda y Hábitat se encarga supuestamente de la ejecución del censo para saber a quiénes se les adjudican los apartamentos y quiénes constituyen cada núcleo familiar, y que esta base de datos sirve para controlar que dentro de estos urbanismos no habiten personas que estén en conflicto con la ley o que tengan registros policiales.