Acosado por una feroz crisis económica y alarmante impopularidad, Nicolás Maduro pretende hacer uso de la Ley Habilitante para instaurar un régimen de corte castrista en Venezuela, apostando a que la represión y mayores controles sobre la economía y la sociedad garanticen la estabilidad de su régimen, afirmaron analistas, publica El Nuevo Herald.
ANTONIO MARIA DELGADO
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La Ley Habilitante, que probablemente será aprobada el martes, le otorgará al mandatario la capacidad de emitir leyes directamente sin la aprobación de la Asamblea Nacional, en una medida que Maduro describe como necesaria para luchar contra la corrupción.
Los expertos, no obstante, alegan que ése no es su verdadero propósito.
“La Ley Habilitante es un látigo para la oposición y un grillo para la sociedad”, comentó en Miami el consultor político venezolano Esteban Gerbasi.
“No es una ley que pretende ser usada para generar bienestar a la gente, o para resolver la grave crisis económica, ni mucho menos para luchar contra la corrupción. Es una iniciativa represiva totalmente. Es una ley coercitiva, que va a ser usada para tratar de dominar toda expresión de disensión”, explicó Gerbasi.
Maduro se vuelca sobre la ley habilitante en medio de una grave crisis económica que extingue aceleradamente el capital político que heredo del fallecido Hugo Chávez.
Según las últimas encuestas, más de un 67 por ciento de los venezolanos califica la situación general del país como mala o muy mala, y un 64 por ciento dice sentir desconfianza hacia Maduro.
Y los prospectos de que la popularidad de Maduro mejore lucen poco alentadores, ante pronósticos de un mayor deterioro económico en vista de la incapacidad del chavismo de tomar las medidas necesarias para corregir los desequilibrios provocados por la propia Revolución Bolivariana.
Ante este escenario, Maduro sólo se ha propuesto incrementar el control del Estado sobre la sociedad, y en primera instancia doblegar a los empresarios y a los dirigentes de la oposición.
Precisamente son los empresarios quienes en este momento están siendo blanco de la última arremetida del régimen que pretende obligarles a bajar los precios de la mercancía que venden, amenazándoles con cárcel, la intervención de sus negocios y el riesgo de que sus locales sean saqueados.
Pero la estrategia poca ortodoxa para combatir la inflación, implementada con fines electorales de cara a las elecciones municipales del próximo mes, podría terminar siendo contraproducente a la vuelta de la esquina, al acrecentar los ya agudos problemas de escasez que afligen a los venezolanos, avirtió Orlando Viera-Blanco, asesor político y columnista del diaro El Universal de Caracas.