Como un juez político calificó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Walter Márquez, al juez Richard Antonio Cañas, quien ordenó el traslado de los estudiantes Reinaldo Manrique de la Universidad de Los Andes –ULA-, Leonardo Manrique de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) y Jesús Gómez de JAVU a la cárcel de Coro, pues este fue militante del MVR y está vinculado al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Explicó el Parlamentario que las pruebas están en la página del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto el juez de Primera Instancia en Funciones de Control Nº6 de este Circuito Judicial Penal, Richard Antonio Cañas en fecha 18 de febrero de 2008, se inhibió de conocer la causa Nº 6C-3210-02, de conformidad en lo previsto en el artículo 86 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, alegando lo siguiente:
“Me INHIBO de conocer en las (sic) presente causa, por cuanto con los ciudadanos CARLOS ELYSAUL GONZALEZ Y y CARMEN MAYLIN DE GONZALEZ, quienes fungen como imputados en la presente causa, guardo amistad, devenida del hecho de haber sido miembro junto a los señalados ciudadanos de la dirección local del MVR en el Barrio Bolívar, lugar de residencia de los imputados para ese entonces, así también de la Dirección Parroquial San Juan Bautista, con sede en La Ermita de esta ciudad. Aunado a lo anterior, durante el año 2000 y siguientes tuve la oportunidad de participar en actividades sociales y políticas en casa de los imputados, junto a apoyarlos para la campaña de Juana Suárez a la Alcaldía, siendo ello un hecho público y notorio, lo que condujo a crear una amistad de mucho tiempo. De lo escrito anteriormente, se evidencia claramente que la situación de amistad, obviamente inciden en mi ánimo para seguir conociendo de la presente causa, por lo que procedo a INHIBIRME de conformidad con el artículo 86, ordinal (sic) 4 del Código Orgánico Procesal Penal”.
“Por lo tanto no es un juez imparcial, por la vinculación ideológica con el actual régimen. Por lo tanto la orden de detención y traslado a Coro viola el artículo 42 de la Constitución de la República que garantiza el debido proceso. El debido proceso incluye que la persona sea juzgada por los jueces naturales tanto por materia como por territorio, y les corresponde ser juzgados en Táchira”, afirmó Márquez.
Explicó el diputado a la Asamblea Nacional que al ser trasladados los estudiantes a la cárcel de Coro, les están restringiendo el derecho a la defensa. Por ello le solicitó al diputado Eliezer Sirí de la alianza democrática por el estado Falcón, a crear un comité de solidaridad y apoyo para estos estudiantes, ya que están distantes de sus familiares.
El Parlamentario aseguró que actualmente Venezuela está en presencia de una dictadura atípica y asimétrica, porque entre otras cosas ya el presidente Nicolás Maduro anunció que someterá a la prensa y se autocalificó de dictador.
Manifestó que la orden de detención contra los estudiantes, es una operación política contraria a la Constitución de la República, por cuanto no solamente se viola el debido proceso sino que se radica el juicio en otra ciudad como lo es Coro sin autorización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Frente de Defensa
Indicó que no es la capacidad de Maduro la que se está imponiendo, sino la incapacidad de la sociedad y organizaciones políticas para generar una estructura colectiva que permita una lucha para recuperar la democracia y libertades ciudadanas, por lo que sugirió que se cree un Frente de Defensa de la Democracia, que incluya a todos los sectores del país y aspectos de carácter estratégico y operativo, para exigir el respeto a la Constitución y leyes de la República.
“Estamos en presencia de una dictadura atípica que requiere una respuesta colectiva por parte del pueblo tachirense y venezolano”, resaltó Walter Márquez.
Vía Diario La Nación