María Corina Machado, diputada separada de su cargo ilegalmente por denunciar ante el mundo la violación a los derechos humanos en Venezuela, conversa con lapatilla.com sobre la violencia, la pobreza y la degradación moral en el país. Considera Machado que “la violencia es una política de Estado que persigue la desarticulación de la familia, del tejido social, de las redes de solidaridad, que son la base de la convivencia ciudadana”.
LP: ¿Cuál es su lectura del crimen de Robert Serra?
MCM: Este abominable asesinato, así como los cientos que están ocurriendo en toda Venezuela, signados por una crueldad sin precedentes, deben ser evaluados en el marco de la pretensión del régimen de lograr el control total y la sumisión de la sociedad.
Existen tres políticas de Estado que este régimen ha ido implementando con eficiencia: la violencia, la pobreza y la degradación moral. Por lo tanto, insisto en esto: que nadie se engañe, este régimen ha sido eficiente en el avance de su objetivo fundamental que no es otro que asfixiar a la sociedad y robarnos la libertad.
La violencia es una política de Estado que persigue la desarticulación de la familia, del tejido social, de las redes de solidaridad, que son la base de la convivencia ciudadana?. El objetivo es sembrar el terror y paralizar a una sociedad.
La pobreza es una política de Estado, porque nos hace dependientes, mendigos de un régimen benefactor, ante el cual quieren que pasamos la vida haciendo cola, agradecidos.
La tercera política de Estado es la degradación moral, que se manifiesta en la monumental corrupción gubernamental y en las bandas y mafias que se pelean los recursos del Estado que han penetrado todas las instituciones del país.
Consciente de que nuestra fortaleza es moral, el régimen aspira corromper también a la sociedad, para entonces si, doblegarla. Esto explica la creación de todo el entramado de controles arbitrarios diseñados para obligar al ciudadano a hacerse cómplice de la corrupción para poder sobrevivir: desde la obtención del documento de identidad, el permiso para vender la mercancía, o la medicina para el hijo enfermo.
Por esto, este crimen es consecuencia de estas políticas de Estado.
LP: ¿Lo que nos está queriendo decir es que el asesinato del Diputado Serra no es un caso aislado?
MCM: No hay familia en Venezuela que, de una forma u otra, no haya sido penetrada por la violencia. Las cifras son aterradoras y la inseguridad es ya un problema de salud pública.
En los cuerpos de seguridad e investigación hay experiencia y competencia de sobra para esclarecer los delitos, cuando hay voluntad de hacerlo. Por qué no lo han hecho en casos anteriores? Porque no han recibido la orden de hacerlo, o porque han recibido la orden contraria. Las policías venezolanas tienen muy claro quiénes integran y dónde operan las bandas en cada una de sus jurisdicciones. Se estima que hay18 mil bandas criminales en el país, de las cuales 12 mil están dedicadas al delito violento y 6 mil bandas dedicadas a lo que se denomina delitos de astucia: estafas, hurtos, entre otros.
Venezuela es uno de los tres países con mayor índice de homicidios del hemisferio, y uno de los diez países con mayor tasa de secuestro en el mundo. Según dos informes de la ONU, Venezuela es uno de los 20 países con menor control contra la droga y con menor capacidad para impedir que las drogas ilícitas ingresen y salgan de nuestro territorio.
En cuanto a los homicidios, los expertos estiman que más de un 30% son producto de la delincuencia organizada: sicariato, venta de drogas, control territorial.
Esto demuestra como la delincuencia se ha estructurado en nuestro país. Frente a esto, tenemos una administración pública que lejos de fortalecer, ha debilitado a los cuerpos de seguridad y al sistema de administración de justicia. Con una impunidad superior al 95%, en Venezuela, el mejor negocio es el crimen.
LP: Pero el gobierno ha culpado de este crimen al presidente Uribe, al presidente Obama y a la derecha venezolana.
MCM: Eso no es sólo poco original, sino, en este caso, irresponsable y hasta criminal, porque tiene consecuencias en vidas humanas.
En primer lugar, los venezolanos exigimos que se conozca la verdad; el país no va a aceptar que este caso se convierta en otro falso cangrejo. Los deudos y familiares de las victimas han sido muy firmes en exigir respuestas y justicia, no solamente en el caso de Serra y su compañera, sino también en los asesinatos de Quinta Crespo; y no van a aceptar que culpen a un inocente.
En segundo lugar, el régimen tiene que pedir excusas a todos los inocentes que han tratado de involucrar sin fundamento en estos crímenes. Deben pedir excusas y retractarse públicamente de cada una de las palabras emitidas, contra venezolanos honorables como el Diputado Carlos Berrizbeitia.
Finalmente, todos sabemos que los colectivos armados han sido promovidos, equipados y financiados por el propio régimen, como parte de la política de Estado para el control social a través de la violencia. Ahora, ésta se les fue de las manos y son los propios integrantes de estos colectivos quienes denuncian que han sido traicionados por un régimen que habiéndolos utilizado para reprimir a la ciudadanía, hoy los elimina sin respeto a la ley y a los derechos humanos.
Estos son casos complejos, que deben ser investigados de manera objetiva y profesional por el bien de todos.
Estos primeros días de Octubre, teñidos de horror y sangre, nos dejan una dura enseñanza: nadie estará a salvo en Venezuela hasta que este régimen no salga del poder.