Les traemos la entrevista que el economista José Guerra le diera a Víctor Salmerón para ProDavinci. Guerra, que ha anunciado su candidatura a la Asamblea Nacional, por el Circuito 4 del Distrito Capital, que incluye El Valle, Coche y Santa Rosalía, también habló de economía. Dijo que “Hay una demanda que se expande por la inyección de bolívares, pero una capacidad de oferta muy baja por falta de insumos, materias primas y bienes de capital. Cuando el gasto en bolívares se vuelca en forma de demanda, se tropieza con una oferta escuálida. Entonces, la economía se termina ajustando con incrementos de precios a la vez que no crece”
(Víctor Salmerón) Tras veinte años de carrera en el Banco Central de Venezuela, donde llegó a ocupar el cargo de gerente de investigación, y un posgrado en la Universidad de Illinois, probablemente José Guerra es el economista con más preparación que alguna vez haya aspirado a ser diputado de la República.
“Al final, las decisiones económicas las toman los políticos”, dice para explicar el deseo de formar parte de la Asamblea Nacional que el país elegirá este año. Y de inmediato señala que ya tiene tres proyectos de leyes que considera esenciales: uno para defender el salario, la pensión y la jubilación; otro para incentivar la producción nacional; y el tercero para recuperar dinero proveniente de la corrupción depositado en el exterior.
En el caso del proyecto de ley para la defensa del salario, la pensión y la jubilación, ¿estamos hablando de indexación? Es decir: incrementar el salario mínimo, las pensiones y las jubilaciones en la misma proporción en la que aumentan los precios.
Sería una indexación parcial, de acuerdo con el comportamiento del Índice Nacional de Precios. La proporción habría que determinarla porque hay que tomar en cuenta los subsidios, que son equivalentes a un aumento del salario real, pero no se le puede pedir al trabajador que acepte un incremento del salario de 40% si la inflación es de 100%.
¿Y eso no crearía una bola de nieve? En el sentido de que para aumentar los salarios, las pensiones y las jubilaciones al ritmo de la inflación el Gobierno tendría que emitir una gran cantidad de dinero sin respaldo, que impulsaría con mayor fuerza la inflación.
Esa bola de nieve ya existe. Para financiar al Gobierno, el Banco Central de Venezuela emite dinero y con esos billetes le compra pagarés a PDVSA. Luego esos bolívares son utilizados para cubrir gasto y alientan la inflación. Mi punto es que si el gobierno de Nicolás Maduro está incapacitado para controlar la inflación, la víctima de esta incompetencia no deben ser los trabajadores.
¿Cómo una ley puede incentivar la producción nacional, cuando enfrenta problemas como controles de precios, sobrevaluación de la moneda y control de cambio?
Lo que permite una ley de fomento a la producción nacional es el marco en el que va a actuar el Estado: crea el contexto para que las empresas operen con reglas claras e incentivos para que produzcan y mejora el clima de inversión. En otras palabras, es una política industrial que no existe. Crear el marco propicio para que en Venezuela se puedan hacer cosas, como lo fue la sustitución de importaciones en los años sesenta que permitió construir el parque industrial que hoy tenemos.
¿Puede mencionar algo en concreto?
Normar el tema de las compras del Estado y establecer la proporción de lo que va a adquirir en el mercado nacional de manera competitiva, con licitaciones. Si el Gobierno va a comprar cien millones de dólares en alimentos, la mitad la va a comprar a empresas nacionales y el resto en el extranjero. Además, hay temas como la simplificación de los trámites para constituir empresas, estímulos que impulsen la producción, todo lo que es la dotación de materias primas, insumos, acceso al crédito.
¿Cómo se va a lograr repatriar el dinero que los corruptos tienen en el exterior? ¿Los bancos extranjeros van a entregar datos de sus clientes al Ministerio Público o a la Contraloría?
La propuesta es una ley que otorgue facultades al Ministerio Público y a la Contraloría para que investiguen cuentas en el exterior, algo que también le permitiría al Estado firmar acuerdos y alianzas con entidades especializadas en el blanqueo de capitales para compartir información. Si estos convenios existen, entonces sí se puede obtener cooperación de, por ejemplo, países de la Unión Europea o Estados Unidos. Actualmente, hay sensibilidad en el mundo sobre la necesidad de combatir el blanqueo de capitales.
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