Urgido de divisas y exhaustas las reservas internacionales del BCV, se apresta el gobierno de Maduro a poner en consignación parte de la riqueza minera de Venezuela con consorcios internacionales de dudosa reputación como es el caso del pre acuerdo firmado con la empresa canadiense Gold Reserve, para obtener financiamiento una vez que se le pague la deuda por US$ 700 millones. Igualmente ha anunciado el gobierno la venta a la empresa petrolera rusa Rosneft, también cuestionada, el 23,0% de las acciones de Petromonagas por el irrisorio precio de US$ 500 millones, cuando los estimados más conservadores del valor de esas acciones los ubican en al menos US$ 800 millones. Se sabe que Ricardo Menéndez y Eulogio Del Pino andan de gira en China buscando desesperadamente nuevos empréstitos con esa nación. Lo último que se conoce es lo que anunció Nelson Merentes acerca de la negociación de un nuevo préstamo con la banca internacional por US$ 5.000 millones.
Todo aquel inversionista, sea este un banco de inversión, una agencia de desarrollo de un país o cualquier otra entidad financiera de cualquier tipo, debe saber que las cosas en Venezuela están cambiando y que existe una Asamblea Nacional distinta a la complaciente del pasado y que el parlamento hará respetar la ley y que por tanto cualquier acuerdo financiero para explotar una mina, un yacimiento petrolero o la concesión de un crédito, tiene que ser autorizado por el Poder Legislativo. El artículo 150 de la Constitución es claro al establecer que cualquier “contrato de interés público requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional”. Por tanto, los consultores jurídicos de empresas interesadas en asociarse con el Gobierno deben saber que la Asamblea Nacional va a hacer valer ese precepto constitucional, y que sus representados corren un riesgo enorme si se trata de obviar al parlamento en sus negociaciones con el Ejecutivo. Lo mismo vale para las empresas petroleras, ávidas de comprar a precio de saldo acciones en compañías mixtas en la Faja del Orinoco. La Ley Orgánica de Hidrocarburos pauta que cualquier asociación o su modificación, debe tener la aprobación de la Asamblea Nacional. De manera que tienen saber a qué atenerse si incumplen la norma.
En la misma tónica conviene recordarle a los banqueros de inversión interesados en financiar al gobierno y que andan en tratativas con Merentes, que ésta persona no es ministro de Finanzas sino presidente del BCV y que esta institución no está facultada para emitir deuda en moneda extranjera y que el ministro de Finanzas se llama Rodolfo Medina. Esos banqueros ya experimentados en relacionarse con países en urgencias, deberían moderar sus expectativas y tener presente que la Constitución vigente en su artículo 187, numerales 6 y 7, contempla que cualquier operación de endeudamiento debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. De manera que si los banqueros internacionales están pensando acordar con el gobierno préstamos, sin tener el asentimiento de la Asamblea Nacional, en condiciones desfavorables para Venezuela, aprovechando la debilidad del gobierno y la situación calamitosa de las finanzas públicas, que piensen bien sus acciones porque esos créditos estarán cuestionados legalmente porque no se habría cumplido con la ley. También tienen que acordarse los bufetes de potenciales inversionistas que la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, que su artículo 93 prohíbe el otorgamiento de garantías sobre bienes o rentas nacionales para las operaciones de endeudamiento.
Pero sobretodo deben tomar en cuenta que Venezuela podría estar en la antesala de un cambio y que todos esos acuerdos si se hicieran violando la ley, tendrían que ser declarados nulos. Lo mejor es actuar conforme a la ley, la que ellos si respetan en sus países de origen.