El acceso a la energía constituye un componente fundamental para una vida digna. Los ejemplos que demuestran esta afirmación son abundantes, sin embargo vale la pena mencionar el caso de Folole Muliaga que estremeció a las autoridades de Nueva Zelandia en 2007. La Sra. Folole de 44 años madre de cuatro hijos murió luego que la compañía Mercury Energy le suspendiera el servicio eléctrico SE por falta de pago y por ello dejó de funcionar un alimentador de oxigeno que necesitaba para respirar.
Esta y cientos de historias se repiten a diario en diferentes lugares del mundo. En la actualidad cerca de 2.400 millones de personas utilizan leña o carbón vegetal como combustible para cocinar, 1.600 millones no cuentan con energía eléctrica EE en sus viviendas y se espera que para 2030, otros 1.400 millones de personas estén en la misma situación (Modi, et al., 2005: 1-2).
De acuerdo con un estudio de CEPAL para 2014 en América Latina y el Caribe vivían cerca de 167 millones de pobres, de los cuales al menos 70 millones se encontraban en situación de extrema pobreza e indigencia y 60 millones no tenían acceso a la EE. Este elemento aunado a otros indicadores como falta de agua y saneamiento, vivienda adecuada, educación y desempleo han incrementado la pobreza en medio de una región rica en recursos naturales, pero a la vez la más desigual del mundo. Para el mismo ano 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza. Según los cálculos de Oxfam, si esta tendencia continúa, dentro de solo seis años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante.
Si bien la energía no es el único factor que influye en el desarrollo humano, su influencia es determinante, con lo cual se puede afirmar que ningún país ha reducido sustancialmente la pobreza, sin aumentar considerablemente el uso de la energía. Mientras países como Noruega consumen 24.000 Kw per cápita, USA 12.000, Australia 10.000, Alemania 7.000 y España 7.000, en América Latina, Venezuela consume cerca de 4.000, Chile 3.800, seguido de Argentina con 3.000, México 2.400, Brasil 2.400, Bolivia 700 Kw y Haití 50, solo por mencionar algunos países. Estas cifras revelan parte de la fatalidad que se vive en estas naciones por la baja calidad del SE.
El caso venezolano resulta sin dudas patético. Para 1998 el SE había alcanzado una cobertura nacional superior al 97% y una reserva operativa que actuaba como respaldo al sistema, es decir que se producía por encima del consumo. 17 años más tarde esta relación se ha invertido, con lo cual la capacidad disponible de EE presenta un déficit frente a la demanda. En efecto, el país con una capacidad instalada de más de 34 mil MW solo tiene disponible 17.220 MW, es decir el 50%, frente a una demanda que excede los 18 mil MW.
El acceso a la energía como un derecho humano
Aunque el acceso a la energía no ha sido aun considerado oficial y unánimemente como un derecho humano, otros derechos que gozan de tal reconocimiento como; el derecho a la vivienda adecuada, a la alimentación, a la salud, al agua, al ambiente sano, al desarrollo, no serían realizables sino se garantiza el acceso a la energía. No obstante existe consenso internacional creciente para valorar el acceso a la energía como un derecho humano y en particular el acceso a la energía sostenible.
Esta importancia fundamental es reconocida directa o indirectamente en diferentes instrumentos que conforman el acervo jurídico del derecho internacional de los derechos humanos como; la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el Protocolo sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
En el ámbito del derecho internacional humanitario la privación a la población del acceso a la energía se ha convertido en una estrategia de guerra. La destrucción de instalaciones de generación de energía puede provocar más muertes que bombas o ametralladoras. Es por ello que el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra prohíbe “atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil,…”.
De modo que la privación, restricción y limitación del derecho al acceso de la energía se da básicamente a través de 3 vías:
1. Pobreza energética: referida a la imposibilidad de pagar la factura
2. Inexistencia de infraestructuras y recursos para llevar el SE a los hogares
3. Destrucción de infraestructuras eléctricas; casos de guerras e inclusive desastres naturales, no atribuibles a la mano del hombre.
En Venezuela la privación del disfrute del derecho al acceso a la energía y con él la limitación de otros derechos humanos no proviene de ninguna de las anteriores causas. Por lo tanto podríamos incluir un cuarta, imputable como en las guerras y con similares efectos, a la mano del hombre e identificada por un concepto que además aparece en Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico en su art. 4 bajo la denominación de “gestión socialista”. Como lo señaló el reconocido periodista Jon Lee Anderson con más de 30 años midiendo el pulso a los conflictos bélicos sobre la faz de la Tierra: “Nunca había visto a un país, sin guerra, tan destruido como Venezuela”.
Este modelo de gestión del SE comenzó a implantarse a través de 3 pasos:
1. Nacionalización de empresas privadas como la Electricidad de Caracas; 2. Concentración en manos del Estado de todas las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) y una empresa rectora única nacional CORPOELEC (Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico de 2007) y 3. Rediseño del Sistema y el Servicio Eléctrico mediante la introducción de dos paradigmas fundamentales: a. Reserva y Dominio del Estado y b. Modelo de Gestión Socialista (Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de 2010).
Con el marco legal ajustado al modelo que se quería instaurar todo lo demás fue cuestión de tiempo. La destrucción de la que hablamos y que los expertos del grupo Ricardo Zuloaga han explicado muy bien al país, está conduciendo a Venezuela al colapso o parálisis total del SE, que según ha dicho el propio ministro de Energía Eléctrica General Luis Motta Domínguez, podría producirse en abril de este ano.
Llegar a este punto requirió un gran esfuerzo de improvisación, ignorancia, incompetencia, falta de conocimientos, fallas en el mantenimiento, carencia de planificación, burocratización, politización y corrupción. Las excusas de sabotaje esgrimidas contra la oposición política, contra animales inofensivos y ahora cargados al fenómeno del niño, no es creíble por nadie.
El Guri, responsable de más del 60% de la generación eléctrica del país ya no da más, ha sido sobre explotado e irresponsablemente desatendido. La incorporación parcial del parque termoeléctrico no ha permitido que el principal embalse del país se refresque, se recargue y se le haga el necesario y obligatorio mantenimiento. El complejo termoeléctrico, ampliado considerablemente para actuar complementariamente, en casos de sequía, de emergencia o necesidad de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, dispone de 17.500 MW instalados, de los cuales 8.500 MW están fuera de servicio, de la diferencia, es decir, de los 9.000 MW restantes, 3.000 MW no son capaces de generar debido a falta de insumos y mantenimientos, con lo cual solo estarían operativos unos 6.000 MW.
La situación es sencillamente dramática. Los derechos humanos más elementales como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al desarrollo, al agua, se verán seriamente afectados, vulnerados y abiertamente violados por la irresponsabilidad de quienes han administrado el sistema eléctrico en Venezuela en los últimos 17 años.
Casos como el de Folole Muliaga podrían presentarse, pero ojalá nunca suceda.
La justiciabilidad de los derechos humanos despeja el camino para llevar a la justicia a los responsables del empobrecimiento de la población venezolana. La pérdida de la calidad de vida y los daños materiales irreparables causados a millones de familias a través de la privación, reducción y racionamiento del SE, no puede ni debe quedar impune.
¿Quién pudo alguna vez imaginarse que un país como Venezuela, con infinitos recursos naturales y energéticos, con una infraestructura de generación, transmisión, distribución y comercialización de las mejores de Latinoamérica y el mundo para 1998, hoy solo ofrezca a su población migajas traducidos en unos pocos Kwh?