Henry Jiménez Guanipa: La Ley de Amnistía y el Posconflicto en Venezuela

Mar 30, 2016 12:03 pm
Publicado en: Opinión

thumbnailHenryJimenezGuanipaHablar de posconflicto en Venezuela podría dividir las opiniones entre quienes están a favor o en contra de que ese concepto pueda ajustarse a la realidad nacional como estrategia para facilitar la salida de la crisis. Contrariamente en Colombia, se ha puesto en boga en medio de un proceso dirigido a la firma de un acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, que abrirá las puertas a un período de reconstrucción de los daños ocasionados por la guerra. Venezuela del mismo modo, quiera o no, deberá transitar por un camino similar, un posconflicto a la venezolana, que tendrá como herramienta central, no un acuerdo entre dos partes enfrentadas, pero si un instrumento puesto al servicio de todo el país por parte de la Asamblea Nacional, como es la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada el 30 de marzo de 2016 en segunda discusión.

El conflicto que vive Venezuela desde hace 17 años, tiene su origen en el intento de imponer un régimen social, político, económico y cultural que no se corresponde ni a las tradiciones y convicciones democráticas del pueblo de Venezuela, ni a su historia, ni al marco legal y constitucional vigente. El deseo y el empeño de construir el socialismo del siglo XXI, buscando emular los fallidos resultados de la revolución Cubana, completar lo que no pudo Allende en Chile y las FARC en Colombia, se fundamentó en una especie de brebaje o mejunje político-ideológico que licuó: nacionalismos de derecha y de izquierda, populismo, autoritarismo, maoísmo, marxismo-leninismo, comunismo, islamismo, militarismo, antiimperialismo, delincuencia común, narcotráfico, sectas y otros ingredientes. Ante semejante cóctel era previsible el estruendoso fracaso que desde el inicio de esta pesadilla, fue confrontado por los sectores más claros y visionarios agrupados en la oposición política o simplemente en la sociedad civil.

Utilizando los inmensos recursos provenientes de la venta del petróleo de todos los venezolanos, el régimen híbrido chavista, promovió y forzó alianzas en Latinoamérica y el Caribe, siendo sus más fuertes aliados; los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula y su partido de los Trabajadores en Brasil y muy particularmente los hermanos Castro en Cuba, donde el más longevo (Fidel) es considerado como el padre ideológico del mal llamado proyecto bolivariano.

En otras latitudes el régimen abrazó a China y Rusia haciéndoles participes de jugosos negocios con el oro negro venezolano. En el Medio Oriente buscó alianzas con Sadan Husein y Muamar el Gadafi, ambos dictadores muertos en las guerras de Irak y Libia respectivamente. Apoyó y sigue respaldando a Bashar Al Asad el dictador de Siria y mantuvo una estrecha relación política y comercial con la República Islámica de Irán, principalmente en tiempos en que gobernaba Mahmud Ahmadineyad. En Europa sus alianzas no han sido con Alemania, Francia, España, Inglaterra o Italia, sino con Alexander Lukashenko, al que algunos consideran el último dictador de Europa (Bielorrusia) y con cuyo país Venezuela ha firmado acuerdos comerciales en áreas como la construcción, petrolera y de gas. Las relaciones con Corea del Norte han sido muy cuestionadas y significan el cruce de la línea roja del régimen mixto venezolano. Ambos países mantienen intercambio comercial desde la llegada de Chávez al poder.

La potencia del bebedizo ideológico elaborado por el régimen chavista y aplicado en Venezuela supuestamente para construir una democracia “protagónica”, ha producido unos efectos devastadores en el tejido social dañando gravemente la convivencia social; demoliendo el Estado democrático y social de Derecho; destruyendo el parque industrial y comercial mediante el cierre del 52 por ciento de las empresas que operaban para el año 2001, con lo cual Venezuela pasó de tener 672 mil 642 empresas a 324 mil 732 para enero de 2015. Por otro lado el régimen destruyó a PDVSA y a su sistema eléctrico, corrompió las Fuerzas Armadas, hamponizó al país y lanzó a la emigración a cerca de 2 millones de venezolanos. Criminalizó la protesta y la lucha política y mantiene a más de 70 presos políticos en condiciones inhumanas. Por otro lado, pretendiendo impunidad internacional, el régimen decidió denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos para impedir ser alcanzado por el brazo de la justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en detrimento de la protección de los derechos de todos los venezolanos, quienes perdieron una instancia de protección de sus derechos fundamentales.

Por si esto fuera poco, el régimen convirtió a Venezuela en un refugio de miembros del ETA y de la narco guerrilla colombiana; llevó a Venezuela a ocupar posiciones vergonzosas entre los países más corruptos del mundo, (Transparencia Internacional); más violentos del mundo (Índice Global de Paz); el de la mayor la inflación del mundo (Banco Mundial), el de la ciudad más peligrosa del mundo -Caracas- (Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal; el que posee los peores sistemas judiciales del mundo (proyecto Justicia Mundial); el de las peores condiciones para hacer negocios del mundo (Banco Mundial Doing Business); y es de los países que más ataca la libertad de expresión del mundo (Reporteros sin Frontera).

La magnitud de la crisis social, humanitaria, política, económica, cultural y de valores que sufre el país, sino puede llamarse conflicto en su sentido más dramático, se le parece bastante. Hay una guerra declarada de la delincuencia contra la población civil que ha costado la vida a más de 250 mil venezolanos en 17 años, fomentada, permitida y facilitada por el régimen como instrumento de presión social contra las clases altas y medias para inducir su emigración y contra las clases bajas para lograr su dominación. Hay una guerra contra el sector privado a través de las expropiaciones y los controles para alcanzar su quiebre y cierre definitivo. Hay una guerra sostenida contra el Estado de Derecho y el desconocimiento del poder legítimo que representa la Asamblea Nacional dominada por la oposición política al régimen, para impedir que los cambios que la población reclama se cristalicen.

Aunque la guerra no es convencional, sus resultados son tan destructivos como las más tradicionales. Es como decir, no tienes Zika pero si Chingunguna. La similitud del conflicto venezolano con el colombiano se desprende de sus consecuencias. En ambos casos se incrementaron las bandas criminales; las muertes violentas, las violaciones de derechos humanos, la pobreza; los presos políticos en Venezuela, y secuestrados por las FARC en Colombia, los desplazados colombianos y los emigrantes o exiliados venezolanos, desintegración familiar; niños y jóvenes ingresando a grupos armados; desabastecimiento (en Venezuela), pérdida del Estado de Derecho (en Venezuela), destrucción de infraestructuras y servicios públicos, corrupción, narcotráfico y mucho más.

El problema que enfrenta Venezuela podría ser peor que el de Colombia. En el vecino país dos fuerzas deliberantes están negociando el fin de la guerra. En Venezuela una de las partes del conflicto, la inmensa mayoría de los venezolanos representados en la MUD no solo quiere la paz, sino que al menos un 75% de la población reclama al día de hoy un cambio de rumbo e incluso más de un 60% quiere que Maduro se vaya de la presidencia, y del otro lado, el bando del gobierno que representa a un Estado Delincuente, que ha corrompido las instituciones, e utiliza al TSJ para impedir las transformaciones urgentes que el país demanda, que presiona a gobiernos “aliados” para que dejen en libertad a narcotraficantes detenidos infraganti, y que claramente cierra las puertas a la concordia, apuesta a más conflictividad y agota la paciencia de la población civil a la que castiga negándole los más elementales derechos humanos; como a la salud, a la alimentación y a la paz misma.

Sin embargo la crisis puede tener su salida y la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional representa el camino para llegar al posconflicto venezolano, cuyos objetivos deben centrarse en:

1. Promover la tolerancia, el restablecimiento de la convivencia social y la consolidación de la seguridad ciudadana,
2. La libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados,
3. El reconocimiento e indemnización de las víctimas de la violencia política y de los despidos laborales por causas políticas,
4. La devolución de tierras y empresas expropiadas por el régimen o el pago de las justas indemnizaciones,
5. El rescate de la institucionalidad democrática, la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho,
6. La reconstrucción del aparato productivo, industrial, comercial y agrario,
7. La recuperación de los bienes y capitales robados a los venezolanos,
8. La despolitización de las FFAA y el regreso a sus actividades inherentes,
9. El combate al narcotráfico y el castigo de los implicados,

En todo caso se trata de la reconstrucción del país con iguales derechos y deberes para todos. Por ello nuestro total respaldo a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional como instrumento clave para dar inicio a una nueva etapa, el posconflicto venezolano.




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