Nadie podría haberse imaginado unos años atrás, que este podría ser el título de un artículo sobre Venezuela. Quizás sí, respecto a un país pobre de África, Asia o de Centroamérica, especialmente durante los conflictos armados de los años 80, o probablemente de Haití, pero jamás sobre Venezuela.
El 9 de marzo escribí en este mismo diario que en 2007 Nueva Zelandia se había estremecido por la muerte de la Sra. Folole Muliaga, debido a que el alimentador de oxígeno que necesitaba para respirar había dejado de funcionar, como consecuencia del corte luz que sufrió por no haber pagado a tiempo su factura. Este hecho desencadenó una justa condena pública a la empresa eléctrica y desde luego el inicio del correspondiente procedimiento civil y penal.
Pocas semanas después me veo forzado a decir que ya no es necesario invocar el caso de la Sra. Muliaga para llamar la atención sobre la importancia que tiene el acceso al servicio eléctrico para que se garanticen; el derecho a la vida, a la salud, al agua, o al desarrollo.
El miércoles 16 de abril de este año, un apagón en el hospital Luis Razetti de Barcelona provocó la muerte de siete recién nacidos que estaban en el área de neonatología. Una de las denunciantes aseguró que su sobrina estaba conectada a un respirador artificial y el área estuvo sin energía eléctrica desde las 2:00 hasta las 6:00 de la tarde. Otra mujer declaró que su nieto murió por el apagón cuando se encontraba en cuidados intensivos. Sobre este hecho el gobernador declaró que la falla eléctrica había sido solventada con rapidez. Sin embargo, hasta ahora nadie ha respondido por las pérdidas de los infantes.
Casos similares se viven a diario en países que padecen cruentos conflictos armados, como es el caso de Siria. En ese país en 2012 producto de los constantes bombardeos, murieron varios bebés en el hospital de Al Walid de Homs después de que sus incubadoras dejaran de funcionar por el corte del suministro eléctrico.
Estas aterradoras noticias se dan en dos países que padecen conflictos muy diferentes: en el primero, Venezuela, quienes gobiernan quieren eliminar al pueblo y en el segundo, Siria, el pueblo quiere eliminar a los que gobiernan. En Siria la guerra es convencional: el ejército oficial contra el ejército de los opositores. En Venezuela por el contrario, la guerra no es convencional.
En este país, un pequeño ejército vendedor de ideas redentoras secuestró el poder para succionar gran parte de la fortuna de uno de los países más ricos del mundo. Sin lanzar una sola bomba, ni utilizar ni movilizar tanques o aviones, destruyeron: la industria petrolera, el agro, la poderosa industria del hierro y del aluminio, las pequeñas y medianas empresas, la industria eléctrica y así sucesivamente hasta no dejar nada en pie.
La industria eléctrica ha sido de las más castigadas. De haber ocupado los primeros lugares en el mundo en cuanto a infraestructura, alcance de la cobertura nacional de un 98%, calidad del servicio, bajo un sistema mixto, con preponderancia del sector público que demostró eficiencia a lo largo de los años, hoy no es más que un conjunto de plantas que no funcionan: bien por falta de agua, por falta de mantenimiento, por fallas en los equipos, por falta de combustible, por falta de repuestos, etc., pero con abundante corrupción.
Thor Halvorssen Mendoza (presidente de Human Rights Foundation (HRF), explicando la corrupción en el sector eléctrico asegura que el Estado venezolano pagó más de 2 mil millones de dólares a un grupo de jóvenes llamados los bolichicos por la compra de turbinas de segunda y tercera mano y hasta chatarra que vendían a la nación venezolana con un sobreprecio del doble y triple de lo que inicialmente pagaron.
En una entrevista publicada en el portal soberanía.org, Halvorssen revela el modus operandi de ese grupo, e incluso menciona a sus principales integrantes, entre los que destacan: Pedro José Trebbau López, Leopoldo Alejandro Betancourt López, Francisco D’Agostino Casado, Edgar Romero Lazo, Francisco Antonio Convit Guruceaga, Eduardo Tobías Travieso, Domingo Xavier Guzmán López y Gonzalo Adolfo Guzmán López.
También menciona Halvorssen a los funcionarios que habrían recibido parte del botín por las recurrentes estafas y negocios ilícitos, entre ellos: Diosdado Cabello, Javier Alvarado Ochoa, Rodolfo Sanz, Nervis Villalobos y Rafael Ramírez. El JP Morgan de EE.UU, habría sido el banco seleccionado por Eduardo Tobías Travieso, para lavar más de quinientos millones de dólares que llegaron de PDVSA a las cuentas de Derwick, empresa de los bolichicos. De allí el dinero se distribuía para Panamá y Europa en busca de más negocios.
Al contrastar estas denuncias con las inversiones realizadas en el sector eléctrico en los últimos años, podemos comprender mejor la magnitud del desfalco de que ha sido objeto.
Según el informe del Grupo Ricardo Zuloaga el acumulado de inversiones desde 1950 hasta 1998, es decir, en 48 años (indexado a dólares de 1998), es de 48.254 millones de dólares que permitieron instalar casi 20 mil MW. En contraste, entre 1999 y 2012, es decir, en tan solo 13 años, se invirtieron 85.724 millones de dólares (indexado a dólares de 1998) y solo se agregaron 8 mil 757 MW (véase gráfico), predominantemente termoeléctricos, que es justo donde al parecer, se ubica la mayor cantidad de negocios en la compra de miles de plantas y repuestos.
Desde 2012 hasta la fecha, esa cantidad muy probablemente se ha incrementado en perjuicio del patrimonio público y del propio sistema que se encuentra colapsado, configurando uno de los más escandalosos casos de corrupción cometidos contra la Nación.
Ante esta situación hay que exigir justicia. La Asamblea Nacional, hasta ahora el único órgano confiable y que goza de plena legitimidad, tiene la gran responsabilidad de dotar al país de los instrumentos legales necesarios para que los delitos cometidos sean perseguidos y recuperado el dinero sustraído.
Los venezolanos debemos mirar al futuro convencidos de que será posible la reconstrucción nacional, con fe y esperanza…
“No pensando en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún permanece”. Ana Frank