El Plan Estratégico del Poder Judicial es el documento que, en teoría, define las acciones de esa rama del poder público para los próximos años. Acceso a la Justicia pudo constatar que en nuestro país ese documento en realidad busca poner la justicia al servicio del Poder Ejecutivo y no fortalecer su independencia, para el bien de la ciudadanía.
La justicia es un derecho humano fundamental, sobre todo porque es a su vez un pilar fundamental en la defensa de los demás. Por ello, organismos internacionales como la ONU y la OEA (a los que Venezuela pertenece) han establecido parámetros que sus Estados miembros deben reflejar tanto en sus normas como en políticas públicas y planes estratégicos, de manera de garantizar una justicia de mayor calidad a través del tiempo.
Por ejemplo, para que la administración de justicia sea efectiva y accesible a la población, es de la mayor importancia que su independencia esté garantizada. Para ello es necesario que los jueces tengan la estabilidad y protección necesarias para decidir imparcialmente.
Cabe destacar que desde 2002 Venezuela aparece constantemente en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un país donde la independencia de los jueces está en entredicho, sobre todo por el alto índice de provisionalidad en su designación que existe en el país (hecho que Acceso a la Justicia también ha denunciado anteriormente).
Acceso a la Justicia realizó un análisis del Plan Estratégico del Poder Judicial (2013-2019) con la intención de revisar qué acciones se establecieron para lograr que la situación descrita mejore. Los resultados, sin embargo, fueron bastante decepcionantes.
Lo primero que llama la atención es que el documento no traza metas concretas, medibles objetivamente para que el Poder Judicial pueda ser evaluado sino que se queda en una declaración de principios, sin actividades con cronograma, indicadores medibles, claros; ni siquiera establece una misión o valores generales.
Además, no hace referencia a la independencia del Poder Judicial o de los jueces a pesar de que organismos internacionales (como se dijo, la CIDH tiene catorce años llamando la atención sobre el tema, por ejemplo) y organizaciones de la sociedad civil han diagnosticado que es la mayor deuda, y Acceso a la Justicia también. En cambio, el Tribunal Supremo de Justicia en su plan prefiere seguir los lineamientos del llamado Plan de la Patria (del que hay que recordar que es un plan perteneciente a un partido político) y articularse con el Poder Ejecutivo en la construcción del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, proyecto del PSUV según su Libro Rojo, lo que refleja una ausencia total de independencia política, y por ende es inconstitucional.
El plan se divide en 5 ejes estratégicos relacionados con los llamados “objetivos históricos” del Plan de la Patria. El primero se refiere a la Gestión y Administración del Poder Judicial y contiene elementos contradictorios pues profundiza la politización de la justicia a través de la defensa de un plan de gobierno, pero al mismo tiempo hace alusión a principios como la independencia judicial y la democracia.
Aunque tiene aspectos positivos (como decir que se pretende favorecer el acceso a la justicia y la mejora de las condiciones tanto de trabajadores como de la estructura del Poder Judicial), estos son contrarrestados cuando se propone como objetivo final que la jurisprudencia potencie la doctrina bolivariana, es decir, la ideología de una parcialidad política.
En segundo lugar aparece un eje enfocado en el nuevo(a) servidor(a) público(a), resaltando la necesidad de formarles y capacitarles. Desgraciadamente, la independencia e imparcialidad de los jueces vuelven a quedar por fuera al igual que los códigos de ética, procesos disciplinarios, el escalafón y las transferencias necesarias para hacer efectivo un proceso de formación integral. Con respecto a los procesos de selección e ingreso a la carrera judicial se debe subrayar que cualquier modificación debe hacerse por ley y el Plan no menciona ninguna coordinación con el Poder Legislativo.
El tercer eje se escuda en una supuesta participación social para controlar la administración de justicia y apegarla a la “voluntad popular”. ¿Quién decide cuál es la voluntad del pueblo? Según el Plan Estratégico lo decide el Poder Popular, aunque éste no está previsto en la Constitución, y es bien sabido que su desarrollo normativo lo regula de manera que tenga un carácter ideológico y sea controlado por el Ejecutivo; violando las pautas básicas de la independencia judicial, la separación de poderes y la seguridad jurídica.
A continuación aparece la “política del punto y círculo para fomentar el buen vivir”, que asigna nuevas competencias al Poder Judicial en materia de un nuevo modelo económico, de trabajo, cultura de paz, deporte, entre otras. Esto se sale de las competencias jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial y lo desdibuja completamente.
Finalmente está el eje 5: Integración jurídica internacional; donde se rescata el impacto y la participación del Poder Judicial venezolano a nivel internacional, aspecto que es común en el quehacer de los poderes judiciales, y que ha dado lugar por ejemplo al documento de Buenas Prácticas sobre la Planificación Estratégica en América Latina.
El problema es que supedita esta actuación judicial internacional a la defensa de la soberanía, cuando la última no es un fin en sí mismo sino el mecanismo que le permite al Estado cumplir con sus funciones en aras del bien común y los derechos de las personas, y su defensa no compete al Poder Judicial, y sobre todo es muy preocupante en vista de la interpretación
que ha hecho de ésta en su jurisprudencia, entendiéndola como la defensa de las políticas del gobierno, no de la voluntad popular. Una vez más, se desdibuja la función judicial y se le asignan roles del Ejecutivo, eliminando cualquier intento serio por lograr la independencia judicial en el país.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Las graves deficiencias que tiene la justicia en Venezuela no son, evidentemente, algo nuevo surgido de la actual gestión del Poder Judicial. Sin embargo, lo que evidencia el Plan Estratégico vigente es que no existe intención de empezar a subsanar las fallas para bien de todos los ciudadanos, sino que el interés y los esfuerzos están centrados en garantizar que el Poder Judicial esté bajo el control del Ejecutivo, lo que más bien significará aún menos justicia para todos los venezolanos.