El Movimiento por la Defensa de los Derechos Civiles Prociudadanos, que vigila la no intervención del estado en la economía, el respeto a la propiedad privada y la libertad individual, presentó un informe en el cual toma declaraciones de propietarios, informes de prensa, denuncias en el Ministerio Público entre 2005 y 2015, sobre la incidencia de ataques del gobierno a la propiedad privada en Venezuela.
El informe, presentado por la coordinadora nacional de DDHH de Prociudadanos, Yisel Soares, registró 150 mil violaciones a la propiedad privada en los últimos diez años, en incidentes que van desde estatización, expropiación y confiscación de bienes.
A continuación el informe:
Prociudadanos, en su informe sobre la propiedad privada en Venezuela, ha encontrado aproximadamente 150 mil incidentes negativos durante los gobierno Maduro – Chávez, encontrando un incremento durante los últimos tres años, en la era del sucesor Nicolás Maduro.
Solo entre 2014 y 2015, ocurrieron trece (13) expropiaciones, catorce (14) regulaciones confiscatorias, ciento doce (112) invasiones, doscientos treinta (230) ocupaciones e intervenciones, trescientos (300) decomiso de mercancía, veintiocho mil cierres de empresas que incluyen medios de comunicación social y sesenta y cinco mil fiscalizaciones.
Hay muchos elementos que comprometen la responsabilidad del Presidente Nicolás Maduro en la comisión de crímenes de lesa humanidad de manera continuada y sistemática.
Los elementos de crimen puestos en las normas penales de la Corte Penal están bien definidos. En el artículo 7 del Estatuto de Roma, se precisan como actos de lesa humanidad, entre otros, el asesinato, el encarcelamiento injustificado, así como las confiscaciones como medida de castigo a quienes piensen distinto al gobierno.
Vale acotar que estas intervenciones antes mencionadas, no solo han sido por razones políticas, basadas en modelos ideológicos marxistas, sino altamente perjudiciales. Por ejemplo, tenemos el caso de la compañía Lácteos Los Andes, una empresa encargada de la producción y comercialización de jugos naturales, quesos y otros derivados lácteos, la cual fue expropiada por el régimen en 2008, con la falsa promesa de aumentar su producción, pero la realidad de esta empresa es que de 337.733 toneladas de producción en 2012, cayó a 263.094 en el año 2015.
En 2010, el gobierno empeoró la escasez de insumos para los agroproductores y ganaderos con el decreto de adquisición forzosa de la empresa Agroisleña. Antes de que el presidente Chávez la expropiara, con el argumento de que pasaría al “Poder Popular”, Agroisleña suministraba el 70% de los insumos a los productores agrícolas y daba financiamiento directo a 18 mil agricultores.
Seis años después de la expropiación, el abastecimiento de materia prima para el sector agrícola está monopolizado por Agropatria, que no ha logrado satisfacer la demanda. La escasez de insumos para la producción alcanza el 90% hoy día. Solo en 2015, Agropatria abastecía 20% de los herbicidas, fumigicidas y fertilizantes necesarios para la siembra y hoy, al mes de agosto de 2016, cayó al 5%.
Un caso similar es el de Industrias Diana, que según datos del propio Ministerio de Industrias, reporta que de un pico de producción de 198.348 toneladas en 2012, cayó a la estrepitosa cifra de apenas 73 mil toneladas al cierre de 2015. Esto sin sumarse Invepal, que luego de su expropiación, pasó a tener solo 17% de su capacidad instalada en uso y funcionamiento.
Con estas acciones, el gobierno venezolano solo condujo a una destrucción del aparato productivo del país. Empresas que estaban ganando utilidad y empleos en manos privadas, hoy, en manos del gobierno, están quebradas y paradas.
Prociudadanos también analizó los informes de “memoria y cuenta” de los ministerios de Agricultura y Tierras e Industrias durante el periodo 2010 – 2015, con el demoledor hallazgo que los reportes muestran que la mayoría de estas empresas adquiridas por el gobierno, tienen una producción por debajo de la meta que se plantean, entre otras cosas, por dificultad de acceso a la materia prima y por la falta de recursos financieros para las operaciones.
Lo más grave de esta situación, es que el gobierno aún no ha indemnizado a las víctimas, salvo en casos muy llamativos, como la nacionalización de Sidor, que ascendió a 23,2 millardos de dólares y la Torre del Banco de Venezuela, por 1,05 millardos de dólares. El estado se ha valido de un confuso ordenamiento legal-ideológico para violar el derecho a la propiedad.
Propiedades de opositores han sido saqueadas. Tal es el caso de la hacienda “La Caroreña”, del ex gobernador de Caracas, Diego Arria, la persecución de las empresas de los antiguos dueños de Globovisión, los Zuloaga o el cierre de medios y expropiación del grupo 6to Poder.
Tal clima de hostilidad contra el derecho a la propiedad agrega falta de confianza para nuevas inversiones. Estas leyes proteccionistas e intervencionistas, han colocado en riesgo hasta la propiedad privada de la clase media, que ahora no pueden alquilar sus viviendas y obtener un ingreso por esta actividad. Las leyes socialistas ponen en riesgo su propiedad alquilada. De hecho, Prociudadanos consultó numerosas denuncias ante el Ministerio Público sobre personas que se negaban a abandonar una propiedad alquilada bajo el “eufemismo” de las leyes socialistas.
Esta organización considera que este tipo de leyes entorpecen los intercambios comerciales, termino en detenimiento de quienes están interesados en ellos.
Prociudadanos reitera que las funciones del estado deben limitarse a las de mera producción de seguridad económica, jurídica y social. El estado no puede intervenir abusivamente en la vida económica. Esto no tiene más misión que proteger la vida de los ciudadanos y su propiedad de los abusivos y ladrones. Nunca puede convertirse el Estado en el asesino, tal cual pasó en el caso del agroproductor Franklin Brito, y convertirse en el ladrón, tal como ha pasado en estos 150 mil incidentes contra la propiedad.
Estos ataques a la propiedad, incluso han desembocado en el levantamiento de muros excluyentes en las fronteras y salidas de canales de las parrillas de programación de los servicios de televisión, como el caso de NTN24 (Colombia) o Infobae (Argentina). Esto solo ha logrado que la población venezolana se aísle del mundo.
La única diferencia entre los alemanes de la zona este que murieron cuando intentaban atravesar el muro de Berlín, durante la era comunista, y los venezolanos que atraviesan la frontera buscando alimentos, han sido las condiciones geográficas, pues las razones políticas son idénticas.
Prociudadanos, a la luz de esta investigación, reitera que el país vive lamentablemente, un estado de violencia constante contra la propiedad privada sin precedentes, y que solo un cambio de gobierno y modelo político, puede dar un nuevo giro a esta situación.
El país debe elegir entre las promesas populistas del colectivismo (socialismo, marxismo, social democracia) y un sistema liberal, con énfasis en la libertad individual, la democracia, la igualdad ante la ley y el respeto a la propiedad. Y por supuesto, limitar de una vez por todas, el intervencionismo del estado.
Np