“El patrón de conducta que se viene observando en la actuación de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos de seguridad del Estado, en su mayoría, en el control de manifestaciones y protestas convocadas o efectuadas por la oposición, está indicando que hay un mando político responsable que está dando instrucciones muy claras para la represión en contra de la oposición”.
Nota de Prensa
“Allí no cabe otra conclusión”, aseguró este jueves Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela.
La opinión de la abogada y defensora de Derechos Humanos fue consultada en torno a los hechos de violencia, propiciados por grupos afectos al oficialismo, que se registraron ayer en el marco de la manifestación hasta las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) convocada por la Unidad Democrática, con el propósito de exigir a las autoridades electorales la fecha y las condiciones de la próxima etapa del referendo para revocar el mandato al presidente Nicolás Maduro, mecanismo amparado por el artículo 72 de la Constitución Nacional.
De acuerdo a las denuncias hechas a través de los medios de comunicación, el reportero gráfico Juan Chacón, también militante del partido Primer Justicia, fue golpeado en la cabeza con un bate de béisbol en Trujillo. El periodista Julio Mendoza, del portal El Pitazo TV, fue golpeado y robado por militantes del PSUV cuando cubría las incidencias de la protesta en el estado Apure. Manifestantes opositores que se dirigían hacia la sede del CNE en Coro fueron recibidos con palos y piedras, hecho que causó heridas a dos personas.
En el caso de Coro, hay vídeos y fotos que muestran a funcionarios y simpatizantes del gobierno lanzar piedras contra los manifestantes, mientras los efectivos de los cuerpos de seguridad observan sin hacer algo para detenerlos.
A esos hechos se sumó, en horas de la noche, el cerco del que fueron objeto en el aeropuerto de Porlamar, estado Nueva Esparta, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles; los diputados Johnny Rahal y Rafael Guzmán; Fernando Andrade, alcalde del municipio Michelena (Táchira); y Richard Fermín, alcalde de La Asunción y Javier Martucci, director de proyectos de la alcaldía de Arismendi, (Nueva Esparta).
“Basta ver el patrón de conducta de lo ocurrido ayer en distintas regiones del país y el comportamiento dado por efectivos pero también por grupos violentos afectos al oficialismo. No puede repetirse una conducta tantas veces sin que exista un mando responsable de carácter político que esté dando estas instrucciones”, aseguró San Miguel.
“La situación del gobernador del estado Miranda y de los diputados que quedaron secuestrados en el aeropuerto de Porlamar dan cuenta de que aquí hay un patrón de conducta muy claro dirigido desde la cúspide del poder político en Venezuela”, insistió.
Al reportar los hechos anoche en su cuenta en Twitter, San Miguel señaló que el vicealmirante Alfredo Pulido Pinto, comandante de Zona de Defensa Integral (ZODI) número 71 de Nueva Esparta, debió “responder por la integridad” de los acosados “e impedir agresiones”.
En relación con la militarización de las oficinas regionales del CNE que se vio ayer, la experta en temas militares comentó que también resulta evidente que hay zonas que el gobierno ha establecido como “vital” en la cual no puede moverse la oposición. “Estamos asistiendo a una situación completamente discriminatoria en la que los afectos al oficialismo pueden expresarse políticamente en unas áreas que no le son autorizadas a la oposición”, señaló.