Violar o no violar la Constitución Nacional es parte del día a día de quienes sostienen al gobierno desde el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, y el Alto Mando Militar. Mientras el resto de los venezolanos aceptamos la Constitución como el único pacto social para el juego democrático, estos operadores de la dictadura la consideran como una opción que sólo aplican cuando les conviene.
El Consejo Nacional Electoral ha sido uno de los poderes más emblemáticos al tratar de escamotear de mil maneras los derechos políticos de los ciudadanos. Cambiando condiciones a última hora, violando leyes, reglamentos y hasta la propia Constitución Nacional. Las rectoras oficialistas del CNE se han burlado del pueblo y del Estado derecho.
Violaciones como el eterno diferimiento de los lapsos para organizar el revocatorio, caen en la categoría de situaciones que podrían justificarse —¿disimular? — con un barniz de aparente legalidad. Con impunidad y perfidia el CNE interpreta en forma acomodaticia las normas para agotar todo el tiempo posible, mover la fecha del revocatorio para el próximo año, y complacer servilmente a la dictadura.
Pero hay otras violaciones a la Constitución Nacional que son más evidentes y no se pueden ocultar. Insistir en calcular el 20% de las firmas para el revocatorio por estado es una violación indudable y flagrante al artículo 72 de la Constitución, el cual establece claramente que los cargos de elección popular serán revocables por los electores inscritos en la correspondiente circunscripción.
No hay duda, ni margen para la interpretación. La intención del Constituyente fue fijar al país como un todo, no la suma de los 23 estados, como la circunscripción electoral del Presidente de la República.
Esto le plantea al régimen un dilema insalvable. Aceptar el 20% de las firmas que se recolecten en todo el país y cumplir con la Constitución Nacional, u obligar a calcular el 20% de las firmas por cada estado y violar brutalmente, una vez más, la Carta Magna.
Pero en su desesperación por evitar el revocatorio el régimen también podría activar la siniestra máquina judicial que opera en el TSJ para producir alguna sentencia que suspenda o difiera el revocatorio con cualquier falacia jurídica. Esto podría ocurrir inclusive luego de que se logre el 20% de las firmas. Sería algo descabellado e igualmente quedaría en evidencia el fraude constitucional ante los ojos del país y del mundo.
Por sus consecuencias jurídicas y políticas, violar o no la Constitución, más que una opción, es un dilema para el régimen.
No se trata de un dilema meramente teórico. Es una decisión que traerá consecuencias para la dictadura y para sus operadores, quienes tendrán que evaluar si asumen personalmente la responsabilidad penal de esa violación.
Violar o no la Constitución es hoy un dilema para los magistrados del TSJ, las rectoras del CNE y los generales del Alto Mando militar.
¿Lo harán?
@humbertotweets