Cuando Gilberto Sojo recibió una llamada diciéndole que había ganado un celular, el activista político y mensajero bancario de bajos ingresos se apresuró a recoger su premio.
Por Andrew Cawthorne / Reuters
La llamada era un engaño
Minutos después de llegar a la tienda, tres hombres aparecieron y condujeron a Sojo, en ese momento de 49 años, y a su esposa, a un auto. Allí fue esposado y conducido al cuartel del Servicio de Inteligencia de Venezuela, según su familia.
«Sembraron explosivos en su moto. Lo acusaron de terrorismo individual», dijo su esposa Carolina González, de 43 años, en un centro comunitario en un barrio pobre de Caracas.
Sojo, quien no ha sido enjuiciado y ganó un curul como diputado suplente, es uno de los menos conocidos entre el centenar de opositores detenidos por acusaciones de conspirar contra el Gobierno socialista de Nicolás Maduro.
Su destino está en la agenda de conversaciones entre el Gobierno y la oposición, acompañadas por El Vaticano, que buscan atenuar la tensión y prevenir un mayor derramamiento de sangre en un país profundamente dividido que atraviesa por una recesión económica.
Aunque el diálogo que inició hace un mes ha estado vacilante, un puñado de los detenidos -que la oposición llama presos políticos, pero que Maduro dice son criminales- fueron liberados como gesto hacia la iniciativa aupada por el Papa.
Pero la oposición insiste en exigir la libertad para todos, aumentando las esperanzas de las familias.
«Ninguno debería estar allí, en primer lugar. Están usando a los presos como rehenes, como fichas de canje», dijo Adriana Pichardo, legisladora y portavoz sobre derechos humanos del partido opositor de línea dura, Voluntad Popular, cuyos miembros han sido el mayor objetivo de las detenciones.
«Nunca pasó tanto con Chávez», agregó.
Miles de detenciones desde 2014
El carismático Hugo Chávez gobernó Venezuela entre 1999 y 2013 con una mano firme, conduciendo a algunos opositores al exilio y encarcelando a otros. Pero Maduro, un líder menos fuerte, frente a una oposición más popular, le ha sobrepasado.
El grupo local de derechos humanos Foro Penal contabiliza 108 presos políticos, frente a los 11 registrados cuando Maduro sucedió a Chávez. La coalición de partidos de la oposición, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ubica el número actual en 135.
En los últimos dos años, se han registrado 6.811 detenciones con motivaciones políticas, aunque la mayoría fue de corta duración y con un pico durante las protestas en contra de Maduro en 2014, según Foro Penal, que ofrece asistencia legal gratuita.
Las acusaciones varían desde posesión de armas y explosivos, hasta la incitación a la violencia a través de Twitter.
Sojo, dijo su esposa, fue acusado de planear colocar una bomba en un tribunal de Caracas para liberar al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, el prisionero con mas notoriedad de Venezuela.
«Es mentira. Su crimen verdadero era ser opositor», agregó, diciendo que Sojo respaldó a Chávez durante años antes de desilusionarse. En la cárcel ha sido golpeado, vejado e incluso colgado «como Cristo» con cadenas, según su esposa.
Algunos opositores radicales operan en un auto-denominado movimiento de «Resistencia», y abogan por métodos violentos como la vía para cambiar el Gobierno. Y algunos líderes de la oposición actual respaldaron un breve golpe de Estado en 2002 contra Chávez.
Funcionarios suelen exhibir explosivos y comunicaciones conspirativas, para intentar demostrar que un grupo de incendiarios está perpetrando crímenes que los llevaría a la cárcel en cualquier país y bajo cualquier Gobierno.
«Aquí no hay un solo preso de conciencia, ni uno solo», sentenció Jorge Valero, representante de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, quien frecuentemente defiende el historial de derechos del país en esa instancia.
La pesadilla del abogado
El gas de las bombas lacrimógenas, todavía impregnaba el aire de las estrechas calles alrededor de su apartamento en el municipio Chacao en Caracas, el epicentro de las protestas anti Maduro de 2014, cuando el teléfono del abogado Marcelo Crovato sonó a las 4:00 a.m. del 22 de abril.
Era un vecino, el dueño de una lavandería, con la policía en su puerta empezando a allanar el lugar.
Crovato, de nacionalidades argentina y venezolana, había pasado las últimas semanas defendiendo a los manifestantes, y corrió a socorrer a su vecino, informó su familia.
Pero mientras acompañaba a su cliente a la estación de policía, se sorprendió al ser detenido también, acusado de instigar crímenes en la ola de protestas que dejó 43 muertos.
«Presumimos que es una retaliación a los abogados que salieron a defender a los muchachos. Es absolutamente político», dijo la esposa de Crovato, Elky Arellano de 49 años, con su esposo sentado al fondo de la sala, escuchando, pero sin poder comentar por los términos de su arresto domiciliario.
Ahora que está en su casa, pasa el tiempo tejiendo bolsos, jugando con sus dos hijos y mirando hacia una pared a través de la ventana de su sala. «Esta es su prisión», contó Arellano.
Tanto Crovato como Sojo, al igual que varios otros, esperan que la oposición y la presión internacional, logren liberarlos pronto. Pero los defensores de derechos humanos tienen dudas.
De los 53 que han sido detenidos en el 2016, según la lista de presos políticos de Foro Penal, 49 fueron arrestados luego de que ex cabezas de Gobierno de España, Panamá y República Dominicana empezaran a promover el diálogo en mayo.
«Liberan a algunos, pero ya han detenido a más, así que, ¿dónde está el beneficio?», dijo el director de Foro Penal, Alfredo Romero. «Es su juego», se lamentó. Reuters
