Trabajadores exigieron destitución de presidente de Orinoco Iron en protesta en CVG

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Trabajadores de la Briquetera del Orinoco, antigua Orinoco Iron, salieron a la calle en el quinto día de protesta laboral y se concentraron frente a la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para reiterar sus exigencias de revisión de la hoja de cálculo salarial y solicitar la destitución de la administración actual, liderada por Wilfredo Villarroel. Así lo reseña correodelcaroni.com





Por María Ramírez Cabello

Rona Figueredo, trabajador y vocero del Movimiento 18, sostuvo que aunque el reclamo se ha centrado en la hoja de cálculo salarial, exigen la destitución de la directiva actual y el saneamiento general de la administración por la falta de transparencia en el manejo de los recursos.

Explicó que a lo interno de la compañía se rumora la intención de entregar un bono de Bs. 700 mil para compensar a los empleados, que -asegura- no satisface a la masa laboral, que exige la auditoría de la hoja de cálculo. “Esos bonos se diluyen, no resuelven la situación socioeconómica y precaria de los trabajadores (…) No nos oponemos al bono porque el trabajador debe ser compensado, pero pedimos que se audite la hoja de cálculo”.

“Tenemos que luchar es por la auditoría de la hoja de cálculo, mañana nos dan el bono y las colectivas y en enero, ay Dios mío, nos mata la inflación y ya no podemos hacer nada. La lucha es ahora”, dijo Romalinda Bastardo, quien tomó el micrófono para dirigirse a la masa laboral antes de trasladarse a la CVG.

¿Por qué protestan?

El detonante del reclamo en Orinoco Iron fue el último pago salarial, correspondiente al 30 de noviembre. Ese día, tras dos aumentos por evaluación de desempeño y aumento lineal, las expectativas no fueron satisfechas, pues -aseguran- el pago no se correspondía con los ajustes.

Los trabajadores reclamaron y se acordó la instalación de una mesa técnica con la participación de la directiva y las dirigencias de los sindicatos Sutrametal y Sintraori, pero los encuentros no se cumplieron.

“Se creó una comisión paralela que desconoce la voz de los trabajadores. La conforman los representantes de Sutrametal, Pablo Ramírez, Enio Román, Régulo León y José Alaya. Impusieron esa comisión, que no es el resultado del clamor de los trabajadores”, afirmó Figueredo.

El reclamo ha unido a corrientes que se han opuesto en los últimos años, representadas por la directiva de Sintraori y los movimientos 11 y 18. Figueredo explicó que se han unido no solo por las irregularidades en el cálculo salarial, sino también por desviaciones en materia de salud y seguridad laboral, que han denunciado ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), sin ser atendidos hasta ahora.

“Estamos en una situación similar al 2003, cuando había hidrógeno en el circuito de reactores y por presiones y la violación de normas y procedimientos, ocurrió un accidente mortal -el 29 de junio de 2003- donde murieron tres trabajadores de una contratista”.

El empleado exhortó al ministro de Industrias Básicas, Socialistas y Estratégicas, Juan Arias, a auditar la empresa y cumplir con el remitido del 27 de octubre en el que se anuncia la revisión y renovación de las juntas administradoras de las empresas adscritas a ese despacho.

Piden investigar destino de ingresos

Figueredo señaló que el 7 de noviembre, el Movimiento 18 envió un comunicado al ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Farías, en el que solicita investigar el destino de los ingresos por exportaciones de Orinoco Iron.

“Son ingresos que superan los 140 millones de dólares en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, y pese a esos recursos los trenes están paralizados, producto de la desinversión. Se han hecho inversiones en dos payloders y 10 camionetas Toyota, ¿dónde está el resto de los ingresos?”, dijo.

El vocero del Movimiento 18 informó que las asambleas se extenderán a los turnos y responsabilizó, finalmente, al tren gerencial y al presidente Wilfredo Villarroel por cualquier accidente que suceda en la planta, dada la violación de los procedimientos denunciada por los trabajadores y el no reconocimiento del comité de salud y seguridad laboral.