Los adultos mayores han llevado las denuncias por falta de pagos del Gobierno venezolano hasta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España y han hecho entrega de un documento detallado sobre la crisis humanitaria al despacho de Fátima Báñez García, titular de la cartera.
Por Carlos Moreno
Madrid
Este es un nuevo movimiento que ejecutan los pensionados venezolanos en las instancias gubernamentales de España para dejar constancia de un impago que suma ya un año y un mes por parte de la administración Maduro y sobre la que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) no ofrece respuesta alguna.
La manifestación, instalada en las puertas del citado Ministerio, estuvo convocada por la recién conformada Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (Fapejuves), la misma que ahora también prepara protestas en la Puerta del Sol para el día 4 de febrero para rechazar el silencio del Gobierno venezolano sobre los pagos a los pensionados en el extranjero y la violación del Convenio Binacional en Materia de Seguridad Social firmado en 1998 y refrendado en 2009 por Hugo Chávez.
Desde diciembre del año 2015 un grueso de unos 9 mil pensionados venezolanos residenciados en España no reciben los fondos que por ley corresponden y las gestiones ante los organismos venezolanos han quedado en esfuerzos sin efecto alguno. Dos reuniones sostenidas con el embajador venezolano en España, Mario Isea, no llegaron a nada, y los puentes hechos con las sedes consulares tampoco han rendido frutos para tener, de parte del Gobierno de Maduro, una respuesta convincente.
Pero tampoco desde el IVSS, comandado por Carlos Rotondaro, abren el canal con los adultos mayores y la incertidumbre domina el escenario. Desde las asociaciones de pensionados de Madrid, Cataluña, Galicia, Islas Canarias, Andalucía, Valencia y Asturias, denuncian las precarias situaciones de los pensionados viviendo prácticamente de la caridad de amigos, Iglesias y asistencia del Gobierno de España, incluso en la alimentación diaria. Mientras tanto Venezuela solo se ha manifestado con un brevísimo comunicado emitido, de forma interna, tras la exigencia de explicaciones del Instituto de la Seguridad Nacional de España, donde también llevan el caso con detenimiento e informaron a mediados de 2016, que los retrasos en el pago se debían a las variaciones en el sistema cambiario venezolano y la dificultad con las divisas, un memorándum ampliamente rechazado por los pensionados.
El próximo 27 de enero anuncian que expondrán su situación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de España y solicitarán presión diplomática a Venezuela para resolver el conflicto y retomar los pagos. Iguales tentativas surgen desde el propio Congreso de los Diputados que ya maneja una moción de no ley para llevar al Gobierno de Rajoy a emplear todos los canales diplomáticos necesarios para exigir al Gobierno de Maduro respuestas claras sobre la crisis de los pensionados y su inmediata resolución.