La filosofía de vida del Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), no se limita a descubrir la cortina que cubre los sucesos del 27 de febrero de ese año. Su directora, Liliana Ortega, y su equipo se sienten comprometidos a vigilar porque situaciones extremas como aquellas no se repitan, y por extender su área de influencia en otros casos en los que estén en entredicho los derechos humanos en el país, publica 2001.com.ve.
Por Jesús M. Gambús/ Anyela Torres
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En un reciente mensaje por las redes sociales, Ortega le recordaba al Estado su responsabilidad de adoptar las providencias necesarias para que lo vivido en aquella ocasión no vuelva a ocurrir.
El ejercicio de memoria para las autoridades vale por igual con el país. Es así como la ONG nacida en 1989 ha promovido a través de internet la etiqueta de #RecordarParaNoRepetir y #Caracazo28AñosDespues.
En 1999, el Estado reconoció los hechos y su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y en 2002 se dictó la sentencia de las reparaciones y costas del caso.
El Estado ha cumplido parcialmente con la sentencia y el Ministerio Público solo presentó acusación contra dos funcionarios de la Policía Metropolitana.
El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez tenía apenas 26 días de inicio cuando se prendió la chispa el 27 de febrero de 1989 en la ciudad de Guarenas (Miranda). A horas de la primera protesta por el aumento de la gasolina, el descontento se propagó violentamente a las calles de Caracas.
Hoy a 28 años de aquella fecha, sacar conclusiones sigue siendo una tarea complicada y dolorosa en la que no se ponen de acuerdo los profesionales de las ciencias sociales que evalúan sus antecedentes, desarrollo y consecuencias.
La historia oficial de entonces detuvo el saldo de su conteo en 300 fallecidos y miles de heridos. Otros llegan a estimar hasta 3 mil 500 muertos.
Aquel estallido violento ha quedado como una especie de coco que se asoma con cierta recurrencia, cuando la olla de presión social no encuentra válvula de escape.
Catalizadores. Las evaluaciones de la conflictividad en Venezuela no son halagadoras. La temperatura de las calles se marca en el Observatorio Venezolano de la Conflictividad con una línea ascendente. En 2016 sus registros daban cuenta de unas seis mil protestas, la mayoría por solicitud de alimentos y libertades políticas.
Al margen de la acción de calle, el sociólogo Roberto Briceño León, de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, aporta al qué se puede esperar de 2017, la cifra de 28.479 asesinatos ocurridos en 2016.
A los vaticinios sociales se suman los económicos. El FMI visualiza a Venezuela con una inflación cercana al 2.000 % en 2017.
El porcentaje pinta un cuadro tenebroso que inevitablemente hacen recordar al 27F y llamar a la reflexión.
Estallido por gotas
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) ha alertado del riesgo del estallido social. En 2016 el Ovcs ha registrado más de 5 mil protestas y más de 670 saqueos en los primeros nueve meses, destacando que 72% de las protestas ha sido para exigir Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (Desc) y de ese total el 28% en rechazo a la grave situación de hambre e inseguridad alimentaria que persiste y se agudiza en el país.
Le preocupa además a la Ovcs que cerca de 14% de las protestas presentan características violentas, una tendencia que se ha venido agravando.
EL DATO
casos documentó Cofavic de los 44 relacionados con El Caracazo. De estos 44 casos, 18 ocurrieron el primero de marzo de 1989 o los días posteriores, cuando las protestas habían cesado
Chavismo no pensaba ni en nacer
En reiteradas ocasiones, el oficialismo hace mención del “El Caracazo” como el conato de la rebelión popular que se consolidó el 4 de febrero de 1992. Pero a concepción del sociólogo y profesor de la UCV, Amalio Belmonte, ninguno de estos acontecimiento guarda relación partidista con el otro.
“La mayor carencia del gobierno actual es que no tiene mito fundacional, es decir, no cuenta con ningún origen ético-heróico del que pueda presumir con orgullo; por eso se adueña de todas las fechas que crea conveniente”, dijo.
Aclara que el 27F ocurrió sin el chavismo, y fue una explosión social que derivó de un movimiento espontáneo por descontento con la situación de aquel momento.
A pesar de que han pasado 28 años y el gobierno mostró interés en reivindicar a los familiares de los caídos, todavía no ha logrado señalar al culpable figurativo.
Respecto a ello, el sociólogo menciona que aunque se discuta mucho sobre el responsable, lo sucedido tiene nombre y apellido: anomia social.
“Primero fue espontáneo en Guarenas, después se le sumó un cierto vandalismo, sin embargo no le podemos calificar como acto vandálico, sino más bien como una anomia social que después pudo ser aprovechada por otros que traían distintas intenciones”, dijo.
A 28 años de los hechos, cabe la posibilidad de que estos vuelvan a repetirse
archivo bda
¿La historia se repetirá?
“En general los hechos no se repiten exactamente, pero lo que sí puede ocurrir es que las causas que produjeron un hecho vuelvan a reproducirse”, opina el sociólo Amalio Belmonte.
Relata que las condiciones que promovieron aquella explosión social, hoy se multiplican: “aumento de precios, corrupción, pérdida de legitimidad del gobierno, y una crisis de desesperanza en la población de aquel momento.
Asegura además que a ello se le anexan sentimientos más graves: incertidumbre, desconfianza sobre el futuro.
Pese a que la situación ha empeorado, el especialista aclara que eso no significa que haya otro “Caracazo” en Venezuela. No obstante, tampoco desestima que ocurra, pues alega que Venezuela está en un punto crítico de descomposición social y el Gobierno no muestra interés en solucionarlo.
Represión del Estado apaga candelitas
A diario se registran saqueos a gandolas, comercios o supermercados; pero resulta curioso saber por qué no se ha catalizado un segundo 27F en Venezuela.
Para el sociólogo Amalio Belmonte, la primera razón es que desde los hechos del 11 de abril de 2002, el gobierno ha tomado el camino de la represión y el control social. “Es un gobierno que no dialoga sino coacciona, intimida y amenaza; esta estrategia tiene efectos, sin lugar a dudas, porque hay miedo, la gente sabe que los tribunales no son independientes, que violan los derechos, y entonces el gobierno mediante la represión desmoviliza los deseos de libertad”.
En segundo lugar, subraya que los ciudadanos no han recibido una respuesta coherente del sector opositor, en la que se establezca una estrategia coherente frente a lo que está pasando. “Si la oposición llega a establecer una línea de acción totalmente unitaria, que integre a todos los sectores, y se llega a diagnosticar cuál sería el aspecto principal que va a orientar el trabajo político, no será suficiente la represión, ni las amenazas, para que se produzca un manifestación social de cambio político en el país”.
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