Entre el monte, el deterioro y la inseguridad existe el cementerio del municipio Santa Rita. Totalmente arropado por el monte, con tumbas y nichos deteriorados y en la soledad de lo días; quienes se acercan a colocar velas, flores y a orar por sus parientes temen ser asaltados.
Nota de Prensa
Para la Concejal del Municipio Noryomar Parra, informó que durante la construcción del cementerio en 1962, no hubo proyecciones de crecimiento poblacional y la inexistencia de un Plan de Desarrollo Urbano Local ubicó al campo santo en una de las principales arterias viales de la jurisdicción, lo que ha imposibilitado la ejecución de obras de ampliación. “Lo que está a la vista es que no existe voluntad política para la recolección de escombros, ni para restaurar nada más. Es lamentable que una de las puertas de las entradas laterales haya sido robada, además, hay más de 20 urnas aglomeradas y abiertas lo que puede generar brotes epidémicos ya que a pocos metros existen viviendas. El cementerio de Santa Rita se encuentra entre abandono e inseguridad”.
Por su parte uno de los trabajadores del Cementerio Municipal quien no quiso ser identificado por temor a acciones en su contra, denunció que los delincuentes se robaron el cableado y el transformador eléctrico, así como el enrejado, techos y las tapas de las tumbas.
También indicó que los niños que viven en las adyacencias han utilizado el lugar para jugar y romper los vidrios decorativos de los féretros. El celador expresó su preocupación por el deterioro que presentan aproximadamente 15 tumbas de este cementerio. “Hay fosas abandonadas, con sus tapas abiertas y que por el tiempo se han deteriorado”.
La también coordinadora de Primero Justicia en el municipio Santa Rita, exhortó al alcalde William Pereira a dar cumplimiento a sus competencias y obligaciones según el establecido en el artículo 178, numeral 6 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que establece que está a su cargo “la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad” así como también el “Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico; alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios”.
“Es evidente que quien dirige el ayuntamiento desconoce sus funciones y viola constantemente la Carta Magna”, sentenció Parra.
