La Cartagena de postales, con ciudad amurallada e historias de piratas, no es la Cartagena de la mayoría de nativos y menos de las inmigrantes venezolanas.
Por María José Peláez Sierra en Blogs del diario El Tiempo (Colombia)
Ellas, con no más que una referencia en Internet y un bebé a punto de nacer, salen del país vecino con la esperanza de que sus hijos escapen del círculo de pobreza que han vivido en carne propia.
Con los pies cansados y las manos hinchadas, con poco dinero y sin papeles, llegan a La Heroica después de 9 horas en bus y 9 meses de embarazo, con el agravante de que casi ninguna ha sido tratada con suficiencia en Venezuela, lo que las convierte inmediatamente en pacientes de alto riesgo.
Tanto así que solo en los dos primeros meses de este año, ya han sido atendidas 82 mujeres de ese país en la clínica Rafael Calvo, de Cartagena.
La llegada de estas personas y del resto de venezolanos responde por supuesto a la crisis económica y de legitimidad política por la que están atravesando.
Las condiciones de vida de los ciudadanos son entonces cada vez más difíciles, y la Encuesta Nacional de 2016 arrojó que el 82% de los venezolanos vive en el umbral de pobreza.
Bajo estas circunstancias pareciera inevitable la migración masiva, y en efecto, según la Asociación de venezolanos en Colombia, 1.200.000 compatriotas reside actualmente en el país. Además, hay que contar a los colombianos con doble nacionalidad que se están devolviendo, vistas las circunstancias.
Así pues, esta movilidad ha tenido repercusiones directas sobre las políticas migratorias de Colombia, pero en especial sobre el sistema de salud. Rocío Mendoza, subgerente de una clínica en Cartagena, dijo para el diario El País de España, que las mujeres esperan a estar a portas de parir porque saben que “si se trata de una urgencia no miramos de dónde vienen ni quién paga la cuenta; primero es la vida”.
Sin embargo, los costos de atención para las venezolanas no son tan amables como la labor médica individual, y solo entre enero y febrero de este año, ya rebasan los 17.000 millones de pesos. Lo que ha traído consigo críticos punzantes que piden que se fortalezcan las medidas antiinmigración y que se de prelación a los colombianos en una atención médica que ha cojeado por años.
Mas lo que pasan por alto, aquellos presurosos de las palabras, es que Colombia está en deuda con el país hermano por las millones de personas nuestras que acogió durante la época de la violencia. Colombianos que escaparon de nuestro país y que fueron recibidos en calidad de refugiados o de ciudadanos, con todas las connotaciones económicas que eso tiene.
Asimismo, aquellas personas desconocen que nuestro país, en esencia, es un país de emigrantes. Para el 2012, por ejemplo, se estimó que 4.7 millones de colombianos vivían en el extranjero. Así pues, no solo parece descarado dar la espalda ahora a los venezolanos que piden ayuda y, por supuesto, con ello recursos, sino que reforzar las políticas fronterizas de Colombia, significaría prácticamente cerrarlas; ya son por sí solas bastante limitadas.
Colombia no se puede jactar particularmente de su generosidad a la hora de apoyar las causas de los demás países latinoamericanos, ni hoy ni a lo largo de la historia ha sido un país amplio con el resto del cono.
Mientras tanto el personero de Cartagena, William Matsón, ha sugerido que los venezolanos reciban trato de refugiados para agilizar el servicio médico y saltar la burocracia en la atención. Pero en tanto sigamos viviendo en el anacronismo de nuestras políticas sociales, habrá quienes seguirán pensando que es mejor que mujeres embarazadas, solo por el hecho de ser extranjeras, mueran desangradas en las puertas de un hospital
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