Cuando se le da una mirada a la situación de la oposición dentro del espectro político venezolano, de cara a procesos electorales venideros, el historial de los últimos diez años nos condena. En efecto, o bien parte de su dirigencia se encuentra presa o lo ha estado, o bien ha sido inhabilitada para ejercer cargos públicos en el futuro inmediato, o bien se encuentra en desacato en el presente.
En este sentido, una nueva inhabilitación política del gobierno de Maduro, en esta ocasión contra Henrique Capriles, lo que le impediría postularse a la relección como gobernador del Estado Miranda, o a la presidencia de la república, habla por sí sola. Y es que ya desde el 2008, se dio inicio a esta práctica al aprobarse la inhabilitación de más de 200 venezolanos que quedaron sin posibilidad de ocupar un cargo público, algunos hasta el 2014. Resaltaban en ese lote, la del ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza; el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López; el ex candidato a la Gobernación del Táchira, Williams Méndez y el ex candidato a la alcaldía de Baruta, David Uzcátegui, todos retirados del escenario político electoral cuando trabajan en sus campañas electorales.
Las más significativas, antes de esta de Capriles, fueron las que afectaron los comicios parlamentarios de diciembre 2015, cuando la Contraloría general de la Republica inhabilitó para ejercer cargos públicos, hasta por diez años, a María Corina Machado y otros líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, como los ex alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, dentro de una la lista de más de cien candidatos de la oposición.
El asunto de las inhabilitaciones explotó, internacionalmente, al fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 1 de septiembre del 2011, a favor del exalcalde de Chacao Leopoldo López. En aquella decisión se le ordenaba al Estado venezolano, dejar sin efecto las resoluciones del 24 de agosto y 26 de septiembre del 2005, emitidas por el Contralor General de la República, mediante las cuales declaró la inhabilitación de Leopoldo López, para el ejercicio de funciones públicas, por un período de 3 y 6 años, respectivamente.
Como era de esperarse, la Sala Constitucional del TSJ venezolano, respondió inmediatamente declarando “inejecutable” el fallo de la Corte Interamericana, pues la inhabilitación no era política sino administrativa, por lo que los derechos políticos de Leopoldo López nunca estuvieron afectados. Pero lo que nunca explicó el TSJ es cómo podía ejercer sus derechos políticos Leopoldo López, sino lo dejaban inscribirse como postulante a un cargo político.
Hoy en día, la inhabilitación no se aplica, solamente, a los posibles candidatos de la oposición. También los partidos políticos, como ya dijimos en un artículo anterior, pueden quedar fuera de cualquier proceso electoral sino se relegitiman recogiendo un número de firmas determinado, cuya validación quedará al libre arbitrio del Consejo Nacional Electoral.
Si a la contingencia de quedar inhabilitado, le agregamos la de que algunos potenciales candidatos de la oposición pudieran ir a la cárcel para engrosar la lista de políticos presos, como le gusta llamar al gobierno del señor Maduro a los presos políticos; el número de aspirantes opositores con altas probabilidades de ganar las elecciones se reduce drásticamente. Un buen ejemplo de esto lo es Leopoldo López, eliminado, por ahora, de la carrera presidencial.
La nueva malformación que ha surgido en los últimos años es la del desacato, otra forma de inhabilitación, que le desconoce a un espacio político dominado por la oposición, el ejercicio de sus funciones y actuaciones. Desconocimiento que se extiende a sus integrantes.
La palabra desacato es de esas pegajosas que se queda pronto en la boca. Por eso, tanto en las conversaciones callejeras, como en la prensa internacional, es frecuente tropezarnos con la frase “es que la Asamblea está en desacato”.
Lo que habría que hacerle entender a la opinión pública es que nunca un poder público, trátese del ejecutivo, del legislativo o del judicial, puede estar en desacato con respecto al otro. Cosa distinta es el desacato de alguno de sus miembros, como un ministro que no acude a un llamado de una comisión parlamentaria cuando tiene la obligación legal de hacerlo; de un diputado o de un magistrado frente a una sentencia judicial legalmente dictada; o del presidente de la Republica cuando no presenta, por ejemplo, el presupuesto de la nación a la Asamblea Nacional para que lo apruebe, como manda la Constitución. Pero lo que debería quedar aún más claro, es que ningún desacato produce la desaparición del órgano o poder público, ni mucho menos un trasvase de sus competencias a otro ente distinto.
Ya por desacato, por inhabilitación o por lo que sea, lo cierto es que la oposición venezolana, lo va a tener difícil a la hora de buscar un candidato a la presidencia de la república o a una gobernación, que como la del Estado Miranda, hasta ahora, con Capriles al frente, ha resultado inconquistable para el chavismo. Al menos, muy complicado, para encontrar un contendiente electoral que no sea del agrado del señor Maduro.
@xlmlf