Newsweek en español: Las calles de Venezuela lloran sangre

Al cierre de este reportaje, las protestas que se han desarrollado en Venezuela desde el 1 de abril contra el gobierno de Nicolás Maduro se traducen en 46 muertos. Más de 13,000 heridos y casi 2,500 personas arrestadas, además. Números que definen, con absoluta tristeza, la situación dura y radical que día a día viven, sienten y respiran los venezolanos. Y es que los tiempos de efervescencia demagógica y vulgar despilfarro económico de Hugo Chávez ahora han sido reemplazados por contingentes de hambre, miseria, desesperación y una rebelión popular que se está enfrentando a la represión más dura y violenta de la historia democrática venezolana. Las calles de Venezuela lloran sangre.

Imágenes, videos, han recorrido el planeta: desde el 1 de abril, Venezuela está conectada a una burbuja donde los gases lacrimógenos, asesinatos y protestas a lo largo de todo el país bien podrían convertirse en una mecha —incluso— más peligrosa cuyas chispas ya se dejan ver.

El 31 de marzo del presente año, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz (hasta entonces férrea defensora de la revolución chavista), denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela, ante las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea Nacional (AN), en las cuales el TSJ asumía todas las potestades legislativas y, básicamente, eliminaba toda competencia legal de la AN. Y, para muchos, toda la maniobra se traducía en golpe de Estado.

Las palabras de Ortega Díaz, máxima representante del Ministerio Público, sorprendieron a oficialistas y opositores: “Considero un deber histórico e ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento, sobre todo considerando que todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social que es la Constitución de la República”, concluyó en ese momento Luisa Ortega Díaz, y desde el día siguiente, Venezuela no ha sido la misma. Cada semana está repleta de actividades de calle que han terminado en represión por parte de las fuerzas de seguridad, al punto de cuantificarse los casi cincuenta muertos que dan inicio a esta crónica.

En opinión de Miguel Pizarro, diputado a la AN por el partido opositor Primero Justicia, para comprender la magnitud de lo que ocurre en Venezuela es necesario ver a través de un gran angular. “Existe un colapso del espectro institucional que mantenía al régimen en el poder”, sentencia tras regresar de una concentración nocturna en honor a los caídos, en la populosa zona caraqueña de Montalbán. “Ese colapso tiene tres aristas que se han alineado: una mayoría del país que pasa hambre y sufre la escasez de insumos médicos y que lucha por el cambio. En segundo lugar, hay un grupo de instituciones que se ha prestado para dar un golpe de Estado y consolidar una dictadura en Venezuela. Y, por último, el secuestro del voto como mecanismo para dirimir las diferencias entre los venezolanos”.

En apreciación de Pizarro, el hecho de que esos tres factores se juntaran da como consecuencia los más de cuarenta días en resistencia que siguen calentado las calles de importantes ciudades venezolanas.

Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) fue creado en Caracas el 15 de octubre de 1988 como una organización no gubernamental con énfasis en los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y ofrece –desde 1989- un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y en su estudio más reciente analiza con detalles lo ocurrido en el país desde el 1 de abril de 2017:

“Tras más de un mes de manifestaciones ininterrumpidas, realizadas de manera masiva en todo el territorio nacional, Provea califica el actual ciclo de protestas como la primera rebelión popular realizada en Venezuela durante el siglo XXI, por la exigencia de libertades democráticas y la vigencia de los derechos humanos”, afirma.

“A diferencia de movilizaciones anteriores contra el proyecto bolivariano, el descontento se ha expresado en todas las capas de la sociedad y en comunidades que anteriormente eran identificadas como ‘bastiones’ del oficialismo, disolviendo la polarización del territorio urbano que caracterizó la política venezolana durante mucho tiempo. Esta situación está siendo propiciada por el aumento de la pobreza y la exclusión; la grave escasez de alimentos y medicinas que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía –sobre todo de los más pobres- y atenta contra los derechos a la salud y la alimentación, comprometiendo la vida de millones de venezolanos; la frustración ante cientos de promesas que supuestamente garantizarían un mejor vivir; la ausencia de respuestas por parte de las autoridades ante las demandas ciudadanas; el aumento de la violencia y los abusos policiales en las comunidades pobres del país”.

Hablamos de casi mil manifestaciones en todo el país, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un promedio de treinta protestas diarias, que tiene característica de “nacional” y no de un fenómeno aislado, o de alguna región en particular.

Nicolás Maduro conversa con la fiscal general Luisa Ortega Díaz durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores. El 21 de marzo pasado, ella denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela. FOTO: PRESIDENCIA DE VENEZUELA/ AFP

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS, ¿EL FIN DE QUÉ?

Tras casi dos décadas en el poder por parte de la revolución chavista, queda claro que –encuestas, sondeos y protestas incluidas- la decepción de los venezolanos es clara y abismal. “Yo no era chavista. Pero tampoco me gustaba la oposición”, declara Ileana Villarreal, de 43 años y habitante de Naguanagua, en el estado Carabobo, zona que ha sentido la crudeza de la represión por parte de la Guardia Nacional, además de episodios de saqueos en diversos comercios. “Yo salgo todos los días. Estoy en las marchas, hasta que llegan y nos disparan. Pero sigo aquí hasta que esto se acabe. O hasta que me acabe yo”, puntualiza.

Y justamente sobre el término “hasta que esto acabe”, el diputado Pizarro organiza las ideas: “Nuestro propósito”, el de las protestas, quiere decir, “tiene que ver con cambiar la realidad de Venezuela. Hemos marcado una ruta que tiene un camino muy claro: un primer objetivo son las elecciones libres, universales, directas y secretas que permitan poder decidir quién dirige y quién toma las decisiones en nuestro país. Nuestro segundo propósito es la apertura de un canal humanitario para que ingresen toneladas de alimentos y que se acepte la ayuda humanitaria en el tema de salud, para que no se repitan datos como los 11,000 niños que fallecieron el año pasado, según cifras oficiales del Ministerio de Salud. Y fueron muertes que pudieron haberse prevenido con simples medicinas. Una tercera exigencia: el reconocimiento de la AN como un poder electo por más de 14 millones de venezolanos. Y la cuarta exigencia es la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Tenemos más de 200 presos políticos”.

Asegura Pizarro que estas cuatro exigencias se han colocado sobre la mesa desde hace tiempo, pero la respuesta del gobierno ha sido “violencia, represión y muerte. Cuando no hay nada más pacífico y civil, que exigir que el conflicto político tenga un desenlace electoral”.

En el informe de Provea se señala que el Plan Zamora, aplicado a partir del pasado 19 de abril y sustentado en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, ha institucionalizado la participación conjunta de la Fuerza Armada, Policía Nacional Bolivariana, SEBIN y organizaciones paramilitares en labores de represión a manifestaciones, bajo una lógica bélica que se ampara en la doctrina de la seguridad nacional y el reforzamiento de la tesis del enemigo interno, para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. A esta situación se suma la instrumentalización del Sistema de Justicia para penalizar y privar de libertad a cientos de manifestantes, a pesar de que, en muchos de los casos registrados, el Ministerio Público ha desistido presentar acusaciones contra estos debido a la ausencia de elementos probatorios para comprobar la comisión de delitos.

Y especifican: “En un nuevo y alarmante patrón represivo, en el contexto de la aplicación del Plan Zamora, se suma el sometimiento generalizado de civiles detenidos en manifestaciones a la Justicia Militar. Esta práctica, violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 261 de la Constitución Nacional, desconoce el derecho a ser juzgado por el juez natural, vulnera el derecho a la defensa de cientos de detenidos y pone a la dictadura de Nicolás Maduro al lado de otras dictaduras de América Latina que han empleado esta vergonzosa práctica para intentar acallar la disidencia y el descontento popular, generando con ello graves violaciones a los derechos humanos”.

Un supermercado saqueado en Capacho, estado de Tachira. El gobierno de Venezuela anunció que enviará tropas a las regiones sacudidas por los ataques. FOTO: George Castellanos/AFP

ARMAS Y EXCREMENTO CONTRA EL BRAVO PUEBLO

Seguramente lo que más sorprende –negativamente, claro está- en lo ocurrido desde el 1 de abril es que la violencia por parte de las autoridades en contra de los civiles que manifiestan su descontento en las calles ha ido escalando hasta –como lo afirma Provea- la consolidación de patrones represivos: y es que varios de los patrones represivos registrados durante el ciclo de protestas de 2014 se repiten en esta rebelión popular por el retorno a la democracia en Venezuela. Entre estos:

Uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y población civil no vinculada a las manifestaciones, que incluye el empleo excesivo de sustancias tóxicas –incluso con el objetivo de causar el máximo daño físico posible a manifestantes y transeúntes-, perdigones de plástico, empleo de munición potencialmente letal, golpizas a manifestantes, entre otros; ataques a zonas residenciales, centros educativos y centros de salud; actuación de civiles armados y grupos paramilitares para contener y reprimir manifestaciones pacíficas; obstáculos innecesarios para el ejercicio del derecho a la manifestación y proliferación de zonas de exclusión para el uso del espacio público por parte de la ciudadanía; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos; incomunicación de detenidos y violaciones al derecho al debido proceso y el derecho a la defensa; robos por parte de agentes de la fuerza pública contra manifestantes o transeúntes no vinculados a las manifestaciones; campañas de estigmatización; acoso y hostigamiento contra manifestantes, activistas sociales, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos, a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y mediante la divulgación de fotos y direcciones de domicilio a través del “Manual del Combatiente Revolucionario” por parte de funcionarios del Estado; ataques a periodistas, trabajadores de la prensa y hostigamiento a medios de comunicación.

Los niveles de irrespeto a la ciudadanía bien pueden ilustrarse en lo ocurrido en el estado Carabobo a un importante grupo de detenidos (todos civiles, todos encarcelados por protestar contra el régimen). El 15 de mayo, el coordinador en esa entidad de la ONG Foro Penal, Luis Betancourt, pudo confirmar que “a la mayoría de los detenidos los golpean durante la aprehensión y el traslado al sitio de detención temporal, antes de ser presentados ante el juez. Ellos lo relatan en las audiencias de presentación. A uno lo golpearon y le pusieron una capucha negra en la cabeza; él pidió asistencia médica porque sentía que una costilla se le movía”, declaró. “De un grupo de 40 detenidos por el supuesto saqueo, 37 denunciaron que los golpearon, les raparon el cabello, uno dijo que le apagaron un cigarro en el brazo; y de ese grupo, aproximadamente 15 denunciaron que los obligaron a comer pasta con monte y excremento. Ellos contaron al juez militar que los funcionarios les ponían el polvillo de la bomba lacrimógena en la nariz para obligarlos a abrir la boca y entonces les metían la pasta con excrementos y los hacían tragar”, dijo Betancourt.

Todo esto pese a que en 2013 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, con penas que van de 13 a 25 años de prisión a quien incurra en semejantes faltas contra los derechos humanos.

Choque de activistas de oposición con la policía antidisturbios, durante una manifestación contra el gobierno venezolano, el pasado 18 de mayo. FOTO: FEDERICO PARRA/AFP

MILLENIALS ACTIVOS

Muchos de los fallecidos han sido jóvenes. Y el informe de Provea relata la importancia de la participación de los millenialsdesde el 1 de abril: “A diferencia de generaciones de activistas anteriores, cuyos modelos provenían mayoritariamente de la izquierda marxista, la presente generación de jóvenes activistas tiene como referentes la cultura digital, los videojuegos, las novelas gráficas, series de televisión y películas, así como referentes sociales más recientes como la primavera árabe y las propias protestas del 2014”.

La calle ha sido escenario para el despliegue de manifestantes de diferentes generaciones y junto a los jóvenes millenials, las movilizaciones han sido protagonizadas también por adultos contemporáneos y personas de la tercera edad, lo que les da un carácter intergeneracional a las protestas. Ante la hegemonía comunicacional y la censura, la indignación de las multitudes ha construido sus propios canales de información, divulgación y convocatorias: mediante el uso intensivo de redes sociales y mecanismos de autorregulación de contenidos, manifestantes se mantienen alta y rápidamente informados. Algunas de las redes más utilizadas han sido WhatsApp, Twitter y Periscope. Y, en este marco, donde la información fluye por todas las redes sociales, no hay una sola imagen en los canales de televisión de señal abierta, además que el gobierno sacó de los sistemas de cable a CNN en Español y NTN24, que dedicaban buena parte de su programación a informar sobre la actualidad venezolana.

Los más incrédulos se preguntan, con todo esto que ocurre y el carácter totalitario del gobierno que preside Nicolás Maduro, ¿cómo se sigue hablando de elecciones? Miguel Pizarro responde: “¿Por qué exigimos elecciones? Porque está en la Constitución, porque es nuestro derecho. Porque somos una mayoría que puede cambiar la historia de forma pacífica. Pero entendemos que estamos frente a una dictadura. Y la clasificamos como tal porque controla todos los poderes, porque mete preso al que piensa distinto, porque asesina al manifestante; porque secuestró el voto. Pero, sobre todo, es una dictadura porque se ha encargado de que al 80 por ciento de venezolanos que está en su contra le haya quedado el único camino de la expresión de calle, por cerrar los otros caminos”. Y acota que aspira a que el problema político tenga una solución política y no militar. “Creo que ya aprendimos lo que pasa cuando los militares gobiernan. Lo hemos visto y seguimos viendo de cerca. La vía militar no es la vía para arreglar las diferencias. No queremos sublevaciones. Queremos respeto a la Carta Magna”.

Y es en busca de respeto, democracia y libertad que los venezolanos siguen en la calle. Ahí manifiestan su impotencia, su rabia. Ahí viven y mueren, a la espera de que, cual parto natural, con sangre y dolor, pueda nacer la nueva Venezuela.

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A rey muerto… ¿rey puesto?

Venezuela, bajo el mandato de Nicolás Maduro, terminó de salirse de las vías de un tren que, durante 14 años, ya venía muy mal dirigido por Hugo Chávez. Desde su agónico ¿triunfo?, en las urnas el 14 de abril de 2013, y posteriormente cuando el Consejo Nacional Electoral ofreció los resultados de las elecciones presidenciales y la ventaja definitiva en favor de Maduro por apenas 1.59 por ciento de los votos sobre Henrique Capriles, son pocos los días de su mandato que han transcurrido en plena tranquilidad.El otrora canciller de Hugo Chávez ha movido a la inversa todas las piezas de un ajedrez que pudo haber conducido a Venezuela por un camino radicalmente diferente a este callejón sin —aparente— salida que tiene en la actualidad. Y es que, a su llegada, se rompió el cristal a través del cual cualquier gobierno puede mantenerse: en octubre de 2014 comenzó el desplome de los precios del barril de petróleo OPEP y su valor, de más de 100 dólares, se derrumbó, como las posibles expectativas de Maduro y su séquito (hoy, apenas ronda los 40 dólares). Fin del chavismo tal y como se conocía… es decir, fin al Estado rico que lo aguanta todo a punta de dinero.

Esto, aunado a la sistemática destrucción del aparato productivo, generó todo tipo de trabas, amenazas y confrontaciones con los empresarios (amén del “exprópiese”), la congelación de los precios de prácticamente todos los productos comercializables y el total fracaso de las empresas manejadas por el Estado, son el caldo de cultivo de la Venezuela modelo 2017. Sin mencionar el peso que tiene la corrupción y la penetración del narcotráfico en el ADN político, económico y social.

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Salida sí hay…  pero no electoral

La visión del filósofo y profesor universitario Erik del Bufalo dista de las posibles salidas político-electorales a la crisis actual, planteadas por el diputado Miguel Pizarro. Del Bufalo resume lo ocurrido hasta ahora como “un proceso de resistencia de la sociedad civil junto a la clase política. Esta resistencia ha ido escalando en el ámbito nacional como internacional. Esto para mí ya no tiene una salida electoral inmediata”.Y, ciertamente, la posibilidad de unas elecciones presidenciales y el fin del chavismo vía urnas electorales se ha convertido en un tema que, al pasar los años, suena más a fábula que a un análisis certero sobre la realidad venezolana.

“En mi opinión nunca hubo una salida electoral”, afina Del Bufalo. “De hecho, para mí las elecciones donde ‘ganó’ Maduro se pueden catalogar de fraudulentas. Y con Chávez vivo tampoco había salida electoral. Tanto es así que podemos ver cómo el régimen tomó las elecciones para la Asamblea Nacional. Ellos hacen trampa de entrada o salida. Las veces que han perdido electoralmente luego terminan anulando los resultados mediante algún fraude a la soberanía popular”.

Otra opción que se manejaba, según Del Bufalo, era una salida con impunidad: “váyanse antes de que sigan haciendo más daño”. Pero el académico considera que esa variable no llegó muy lejos. “Lo que veo es un gobierno de transición. Pero transición de ruptura, con apoyo militar”, asevera.

“Y por lo que se escucha por ahí, es posible una ruptura del estamento militar. En este momento un gobierno de transición sería frágil, y para que sea reconocido internacionalmente, de ser militar tendría que tener el apoyo civil. Pero para que se active este escenario no solo debemos tener la ruptura militar. La clase política debe enviar un mensaje clarísimo, establecer un marco que garantice a los militares que no tendrán persecución. Y las señales que ha dado en los últimos días la Asamblea Nacional van en esa dirección. Por eso digo que ya es posible una ruptura en el estamento militar. Y no veo otra salida. No hay una salida política porque no es un problema político. Es un problema criminal. Es una megabanda. Hay vínculos con el narcotráfico, con mafias cambiarias. Hay homicidios, delitos graves en Estados Unidos. Es difícil una salida política con alguien así. Por eso solo veo una salida a la fuerza. No se me ocurre otra cosa”.

Pero también hay otro planteamiento, y es el del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro: “La tesis de Almagro es la realización de elecciones generales, pero esto supone que ya esté establecido un orden constitucional”, explica Del Bufalo, “porque sin hilo constitucional no se pueden hacer elecciones”. Entonces, agrega, “sería necesario algún tipo de gobierno de transición que establezca una ruptura con el sistema chavista y que pueda reconstituir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral… y para esto tiene que haber apoyo militar”.