Hace 10 días, los ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que le arrebataron el poder a la Asamblea Nacional de ese país por 10 horas quedaron graduados como objetivo del Gobierno de Estados Unidos.
Por: Unidad Investigativa de El Tiempo
En una decisión atípica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro los incluyó en la Lista Clinton o el Kingpin Act, reservado para narcotraficantes, organizaciones terroristas y lavadores de capitales oscuros.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, explicó que la medida era un apoyo de Washington a Venezuela. Y que los ocho togados fueron sancionados con bloqueos económicos por avivar la crisis en la que está sumergido ese país.
El conato de golpe de Estado que llevó a Washington a reaccionar volcó a Venezuela a las calles: ya van 58 días de protestas contra el régimen y casi 60 muertos en enfrentamientos con la fuerza pública.
El trasfondo de la decisión del Tío Sam –que puso a los miembros del TSJ al mismo nivel de Tareck El Aissami, vicepresidente de Maduro, enlistado en febrero por vínculos con el narcotráfico– ha sido interpretado como un claro viraje frente a Venezuela, a la que ya le ha sancionado a más de 30 fichas claves, en una apuesta por fraccionar su mando.
Al respecto, fuentes federales le explicaron a EL TIEMPO que los jueces –Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Maikel Moreno, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta– entraron a un pabellón especial de la Lista Clinton: la Specially Designated Nationals List, apartado en el que figuran Estados (o funcionarios) a los que Washington considera peligrosos para la estabilidad mundial.
A ese ‘club’ pertenecen Libia, Birmania, Irak, Corea del Norte y Siria, entre otros, algunos de ellos convertidos en objetivo militar en los 100 primeros días de la administración de Donald Trump.
Ese fichaje, unido a recientes declaraciones de altos funcionarios del Gobierno, es interpretado por expertos como una evolución en la postura de Washington, que no tenía a Venezuela entre sus prioridades.
Para el politólogo venezolano Víctor M. Mijares, experto en seguridad internacional y política exterior, es claro que la administración Trump ha potenciado la idea de Venezuela como amenaza.
Y que “desde Estados Unidos se está tratando de estimular una transición por medio de sanciones selectivas que permitan defecciones (deserciones) dentro del régimen”.
Incluso, pronostica que esa división de la cúpula civil-militar que dirige a Venezuela le daría paso a moderados, dispuestos a colaborar, desde el chavismo, al cambio de gobierno.
Ese tipo de estrategia, en criterio de Mijares, contrasta con las sanciones económicas, que han resultado contraproducentes en el pasado cuando se han aplicado a regímenes autoritarios.
¿Primer aviso?
Michael Shifter, presidente del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, coincide en que las divisiones que siembren en el chavismo las medidas punitivas tomadas por Estados Unidos pueden crear oportunidades para posibles negociaciones.
Hasta ahora, lo concreto es que, echando mano de la Lista Clinton, de órdenes ejecutivas y de leyes anticorrupción, Washington ha castigado a buena parte del aparato de gobierno del régimen de Maduro.
La investigación contra el vicepresidente El Aissami, señalado de enviar cocaína a Estados Unidos y México, de proteger narcos y de lavar dinero, avanza rápidamente. Ese proceso es considerado el ataque más letal.
Y está pendiente la imposición de la sentencia a los llamados ‘narcosobrinos’ de Cilia Flóres, la primera dama de Venezuela. Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron condenados en noviembre de 2016 por una corte federal por tráfico de cocaína, y se especula que la condena podría ser ejemplar para sacudir el palacio de Miraflores.
Para Eduardo Pastrana Buelvas, doctor en derecho y relaciones internacionales, esta serie de sanciones, incluidas las de los miembros del TSJ, también buscan “influir en la percepción de la opinión pública nacional e internacional para reforzar la imagen criminal de las élites chavistas”.
En criterio de Pastrana Buelvas, profesor de la Universidad Javeriana, agudizar la deslegitimación internacional de todos los poderes puede ser una manera de preparar a la opinión pública para impulsar medidas más drásticas y no solo simbólicas.
En efecto, las sanciones del Tío Sam cobijan a todas las capas del poder y sin duda son una alerta para el sector privado de los Estados Unidos, que, para Mijares, ha tenido toda la libertad para importar crudo venezolano, convirtiéndose en el principal financista de la revolución.
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