Los bonos se negocian con un rendimiento muy alto, pero el riesgo de incumplimiento es considerable.
¿Retener o no retener? Ese es el dilema que enfrentan los tenedores de bonos emitidos por el gobierno venezolano, sus entidades soberanas y cuasi soberanas, incluyendo la compañía estatal de petróleos PDVSA. El tema ha sido calificado como un “dilema moral” por el Wall Street Journal, que colocó en los titulares a Goldman Sachs y entrevistó a un profesor de Harvard que sugería llamar a los proveedores de índices para que excluyan a Venezuela de los puntos de referencia que utilizan frecuentemente los inversionistas.
Por: Mohamed A. El-Erian/Bloomberg/Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Definida por una línea muy delgada, la cuestión es si se debe mantener un bono que se negocia con un rendimiento muy alto, que ha tenido el mejor desempeño de este año en los mercados emergentes, pero cuyo riesgo de incumplimiento es considerable, tomando en cuenta que Venezuela es un estado de fallido, que enfrenta una enorme escasez, una inflación desbocada, creciente pobreza, hambre y disturbios sociopolíticos.
Desde cierto punto de vista, esto no es más que el cálculo que enfrentan los mercados emergentes y los inversionistas de bonos de alto rendimiento cuando evalúan las oportunidades ofrecidas por los emisores de baja calificación. En esos casos, existen tres tipos de estrategias para los tenedores de la deuda, y no necesitan ser mutuamente excluyentes:
La primera es motivada por la percepción del mercado de anticipar un riesgo excesivo de impago. Esta percepción es a menudo aceptada por aquellos que creen que, siendo un productor de petróleo que necesita mantener vínculos internacionales críticos, Venezuela se esforzará por hacer sus pagos de los bonos globales que ha emitido.
La segunda tiene que ver con la confianza en las habilidades de negociación, es decir, la creencia de que los tenedores serán capaces de capturar los altos rendimientos y salir de su inversión antes de que el incumplimiento de pago se vuelva aún más probable.
La tercera es impulsada por el deseo de mantener los bonos en medio de un default, sustentado tanto por la titularización implícita y explícita y la confianza de que un buen acuerdo post-default se llevará a cabo.
Pero estas consideraciones excluyen los temas más amplios, cuyos elementos básicos hablan de lo que motiva justamente las inversiones socialmente responsables. Un ejemplo de esto es el revuelo que causó en la prensa la reciente cobertura de los bonos venezolanos.
Al notar el “dilema moral” que enfrentan los tenedores de la deuda, el Wall Street Journal escribió que “muchos de los inversionistas venezolanos se benefician de los bonos de su país”, pero “también son agudamente conscientes” de que el país “está atrapado en una crisis económica tan profunda que algunos de sus ciudadanos, incluidos niños, están muriendo de hambre”.
En referencia a la compra de bonos venezolanos que realizó la firma Goldman Sachs hace poco, Bloomberg Markets señaló que la campaña del movimiento venezolano “Hunger Bonds” (Bonos del hambre) ha tomado repentinamente un gran impulso.
Abogando por la exclusión de Venezuela del índice EM, el profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, explicó que, como Venezuela representa el 5% del índice y el 20% de su rendimiento, “invertir en el EMBI+ significa que te alegrará cuando los analistas de Wall Street informen que el país está literalmente matando a su gente de hambre, porque eso implica que evitarás la reestructuración de tus bonos. ”
El argumento aquí ya no se trata de la calidad crediticia y las sostenibilidad. En su lugar, se toman en cuenta consideraciones no comerciales para juzgar la conveniencia de una inversión. Y, en el extremo, tales preocupaciones podrían obligar a los inversionistas a evitar una cierta inversión, aunque crean que será rentable y viable; logrando presionar a los proveedores de índices para excluir un conjunto de bonos, incluso cuando califican en criterios comerciales ampliamente aceptados (como la capitalización de mercado).
Cuando esa decisión es dejada a los gestores de cartera, los resultados tienden a ser una mezcla de bueno, malo y feo, abriendo la puerta a potenciales controversias e incluso amenazas legales. Un mejor enfoque es mejorar urgentemente la gobernanza sobre este tema a través de decisiones transparentes de los consejos de administración de fondos mutuos, fundaciones, dotaciones, planes de jubilación, pensiones, otros inversionistas institucionales y proveedores de índices. Es en ese nivel donde el equilibrio entre los factores financieros y los no comerciales debe ser alcanzado.
Es poco probable que veamos esfuerzos para cambiar esta situación en el corto plazo. Pero, mientras tanto, hay tres cosas simples que los gestores de cartera que invierten en mercados emergentes deberían considerar:
Primero, sean abiertos y directos con sus clientes en las actualizaciones periódicas sobre la forma en la que están combinando consideraciones financieras y no comerciales, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Venezuela.
En segundo lugar, apliquen gran presión a grupos de la industria, órganos asesores y proveedores de índices para que avancen hacia una visión común y un enfoque colectivo.
En tercer lugar, si todavía se sienten obligados a aumentar sus tenencias venezolanas después de todo eso, eviten -en la medida de lo posible-
comprar bonos que permitan financiar la represión y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos de ese país.
A largo plazo, la inversión más socialmente responsable probablemente se traducirá en la más rentable. Pero en el corto plazo, las desviaciones ocurren. Venezuela es un buen ejemplo. Y los dilemas resultantes, por importantes que sean, no deben dejarse a cargo de los gestores de cartera solamente, quienes luego se encuentran divididos entre una estrecha definición de responsabilidad fiduciaria y cuestiones legítimamente consecuentes más amplias. Ya es hora de que las estructuras de gobernanza sean más receptivas, asertivas y transparentes en estas cuestiones.