Existe la corrupción, pero la de Odebrecht, es un caso aparte.
A finales del verano de 2015, los encargados de los sobornos en el gigante brasileño de la construcción OdebrechtSA estaban tramando otra operación, no para conseguir un contrato, que era el pan de cada día, o para entrometerse en la política de una nación soberana, como lo habían hecho en muchas ocasiones; esta vez lo que buscaban era salvarse a sí mismos.
Por: Michael Smith, Sabrina Valle y Blake Schmidt/ Bloomberg
Hilberto Silva, Fernando Migliaccio y Luiz Eduardo Soares eran hombres de carrera de Odebrecht. En la última década aproximadamente, su grupo, la División de Operaciones Estructuradas, había ayudado a la compañía a obtener contratos para construir presas, plantas eléctricas, aeropuertos y refinerías en toda América Latina. Lo hicieron creando falsas empresas de ingeniería, construcción y consultoría que usaban cuentas bancarias secretas para pagar facturas falsas presentadas por clientes falsos. Al final de la cadena, siempre, había gente en condiciones de aprobar otra propuesta de Odebrecht.
A menudo estas personas eran políticos; la compañía había financiado campañas en Brasil, incluso presidenciales, desde cuando el soborno era un negocio estrictamente en efectivo. Desde la creación de Operaciones Estructuradas, Odebrecht había financiado campañas para elegir a media docena de presidentes en América Latina, comprar la amistad de jefes de Estado en Angola, Perú y Venezuela, y pagar a cientos de legisladores de Panamá a Argentina.
Ahora, había mucho en juego. En la sede de la empresa, en Brasil, el caso de corrupción masiva conocido por el curioso nombre de código “Lava Jato”, u “Operación Lavado de Coches”, estaba avanzando. La policía brasileña había descubierto las cuentas de Odebrecht en Antigua y Barbuda y presionaba a las autoridades de la isla para que las compartieran. Los ejecutivos de la compañía estaban desesperados por mantener los registros ocultos.
Así que Soares, conocido en la oficina como el hombre que hacía lo que fuera necesario para encargarse de los trabajos difíciles, fue con Luiz Franca, cónsul honorario de Antigua en Brasil. Franca había pasado casi una década supervisando los asuntos financieros de Odebrecht en la isla. Soares le pidió ayuda con un plan para persuadir al primer ministro de Antigua, Gaston Browne, para que bloqueara la solicitud de Brasil. Franca invitó a un respetado abogado y consultor de Antigua que conocía, Casroy James, a reunirse en Miami para una charla.
Odebrecht propuso pagar a James US$4 millones para que ayudara a convencer al primer ministro, dijo recientemente la compañía en un caso penal en Estados Unidos. James, en declaraciones escritas, dice que llegó a un acuerdo, pero no para influir en la decisión del gobierno de Antigua, sino para procesar solicitudes para un programa gubernamental que ofrece la ciudadanía de Antigua y un pasaporte a los extranjeros que invierten en el país. James niega haber cometido delito alguno y se ha comprometido a devolver algo de lo que le pagaron. Odebrecht admite haber pagado a James tres cuotas de 1 millón de euros (US$1,12 millones) cada una.
James logró que Soares y Franca pudieran hablar con Browne, un irascible líder del Partido Laborista que había sido elegido el año anterior. Hablaron en la inauguración de una terminal en el aeropuerto internacional de Antigua, un edificio espacioso que otra empresa brasileña había construido en la isla caribeña de aguas turquesa. La investigación brasileña sería devastadora para la reputación e imagen de Antigua, dijo Soares a Browne. En los días que siguieron, Soares se reunió con otros funcionarios de gobierno para argumentar que entregar los registros bancarios era una mala idea para todos.
Su esfuerzo fue inútil. A mediados de abril en St John’s, la capital de Antigua, Browne dice que rechazó con firmeza las súplicas de Soares. Y, según él, los investigadores de la policía de Antigua ya estaban juntando volúmenes de documentos para las autoridades brasileñas, como lo requieren los acuerdos entre los dos países. Operaciones Estructuradas, tal vez la máquina de corrupción más eficiente y de mayor alcance en los negocios modernos, estaban a punto de quedar expuesta.
Según lo admitido por Odebrecht en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn en diciembre pasado, Operaciones Estructuradas repartió alrededor de US$788 millones en sobornos en Brasil y otros 11 países, obteniendo más de 100 contratos que generaron ganancias por US$3.300 millones a la compañía. Odebrecht y la filial de petroquímicos Braskem SA acordaron pagar US$3.500 millones en multas a Brasil, Estados Unidos y Suiza vinculadas a las actividades de la división en Miami y otros lugares. Se trata de la mayor multa relacionada con corrupción que jamás haya sido impuesta a una compañía, eclipsando una multa de US$3.160 millones en Brasil vinculada a acusaciones de corrupción contra otro blanco de la investigación Lava Jato: el gigante brasileño de carne de res JBS SA.
Durante décadas, Odebrecht ha cultivado una cierta tradición corporativa. Va más o menos así: el ascenso de la empresa a la élite de las empresas de ingeniería y construcción del mundo provino de una obsesión por el trabajo duro, la experiencia y el servicio al cliente. Los mejores ejecutivos se enorgullecen de las enseñanzas del fundador de la compañía, el difunto Norberto Odebrecht, a través de su guía de buenas prácticas de tres volúmenes, el sistema de tecnología empresarial de Odebrecht. Pero el pasado 13 de diciembre, cuando Emílio Odebrecht, el hijo de 72 años de Norberto, se sentó ante un micrófono en un edificio de la Procuraduría General de Brasil de los años setenta en Brasilia, la capital de Brasil, describió un imperio familiar basado en la corrupción.
La compañía era todo lo que realmente conocía, dijo. Su padre, un ingeniero de voz amable que fundó Odebrecht en 1944, lo llevaba con él como aprendiz cuando estudiaba la secundaria. Para cuando Emílio fue nombrado presidente y máximo responsable de la empresa en 1991, repartir dinero ilícito en efectivo era una parte crítica de hacer negocios. Dar un poco de “ayuda” a los políticos, dijo, era lo que tenías que hacer para conseguir contratos. Y si querías los mejores proyectos, dijo Emílio, haciendo una pausa para acomodarse su cabello gris recortado, tenías que financiar en secreto sus campañas políticas. “Todo esto que sucedía era normal, institucionalizado”, dijo. “Era algo normal en cómo funcionaban todos esos partidos políticos”.
Con el tiempo, el negocio de la corrupción recayó en el hijo de Emílio, Marcelo, que trabajaba para ascender en la jerarquía de la empresa. Año tras año, Marcelo dijo a los fiscales, entre 0,5 por ciento y 2 por ciento de los ingresos de la empresa se destinaban a pagos ilícitos, principalmente a políticos y ejecutivos brasileños de empresas estatales, en especial a la petrolera nacional Petrobras. Algunos años, dijo Marcelo, los gastos en corrupción se acercaron a los 2.000 millones de reales (US$611 millones). Sólo dependía de las exigencias de los contactos políticos de Odebrecht.
El soborno cotidiano se realizaba con la ayuda de banqueros del mercado negro, conocidos como “doleiros” en portugués. Usaban apodos como Kibe y Esfirra, que son platillos populares de Oriente Medio servidos en bares en Brasil. Un presunto doleiro, un chino apodado Dragón, usó el distrito de compras con descuento de Sao Paulo, conocido por sus grandes multitudes y transacciones en efectivo, como base para entregar dinero en automóviles blindados.
“Bueno, cuando trabajas con dinero en efectivo que está fuera de los libros, puede desaparecer”
Los clientes de mayor nivel todavía eran manejados por Emílio, quien trató de describirse en el tribunal como un diplomático corporativo. Atendía las necesidades de los jefes de Estado; su lista A incluía al fallecido líder venezolano Hugo Chávez y a José Eduardo dos Santos, que ha gobernado Angola desde 1979. “Éstos eran los clientes que no podía pasar” (a nadie más), dijo Emílio, así que seguí prestando ayuda a estas personas”. Pero ningún cliente era más importante para Emílio que Luiz Inácio Lula da Silva, el ex dirigente sindical que ganó la presidencia de Brasil en 2002. Da Silva, un socialista conocido por todos simplemente como Lula, fue elegido por su promesa de erradicar la pobreza y reactivar la economía. Era una mina de oro para Odebrecht: abrió la llave a un torrente de gasto en obras públicas, la industria naval y Petrobras, y Odebrecht obtuvo una gran parte de los contratos, convirtiéndose en la mayor constructora de América Latina. En Brasil, la empresa formó parte de un cartel de empresas de ingeniería que pagaban sobornos y gratificaciones a cambio de que se les permitiera amañar la licitación de contratos, especialmente en Petrobras. (Este fue el enfoque original de la investigación Lava Jato). Y mientras Lula hacía campaña para impulsar la influencia de Brasil en el mundo en desarrollo, Odebrecht canalizaba efectivo a sus aliados en toda la región. (Lula, por medio de declaraciones publicadas en su sitio web, niega cualquier participación en actos ilícitos por parte de Odebrecht o sus ejecutivos “El ex presidente nunca autorizó a nadie a pedir ningún tipo de donación a cambio de acciones gubernamentales de ningún tipo”, de acuerdo con la página web, que funciona como portavoz de Lula).
La escala y la complejidad de la máquina de corrupción corporativa eventualmente abrumaron a Marcelo. Las operaciones de la compañía habían aumentado drásticamente mientras Lula incrementaba el gasto en carreteras, puertos, astilleros, y producción y refinación de petróleo y abría mercados fuera de Brasil. Todo ello requería sobornos y pagos ilegales, y Marcelo no podía mantenerse al corriente con los detalles y el ritmo. Así que a finales de 2006 ofreció a Silva un nuevo trabajo. Silva había estado en Odebrecht desde los años 70, sobre todo en finanzas. Como los Odebrecht, era de la ciudad de Salvador, en el estado noreste de Bahía. Su padre conocía a Norberto; los Odebrecht solían invitar a la familia de Silva a su casa de playa. “Me pidieron que limpiara esa zona, no sólo atender a solicitudes” de pago de sobornos, testificó Silva en el tribunal después de su arresto en marzo de 2016. “Bueno, cuando trabajas con dinero en efectivo que está fuera de los libros, puede desaparecer. Así que necesitaban a alguien que pudiera garantizar que no desaparecería”.
A principios de 2007, Silva, un hombre modesto de números que tiende a inquietarse cuando habla, ya estaba en el negocio. Su división recibió oficinas dentro de la sede de Odebrecht en Salvador y São Paulo. No mucho después, el grupo quedó consagrado en el organigrama corporativo como la División de Operaciones Estructuradas. “Realmente no entiendo por qué le dieron ese nombre”, dijo Silva. Y le asignaron a Migliaccio, Soares, y cuatro asistentes experimentados.
La División fue complementada conforme se requirió con una serie de empleados y contratistas de Odebrecht con habilidades especiales: el contador, por ejemplo, que creó la red de empresas fantasma y los programadores que diseñaron y manejaban un sistema secreto de mensajería. Estaba encriptado, pero para mayor seguridad, todos tenían nombres de código: Migliaccio era Waterloo; Soares, Tushio, y Silva, Charlie.
Silva contrató también a una abogada de Miami que hacía el papeleo para las compañías fantasma. En Sao Paulo, otro abogado redactaba contratos para servicios falsos para respaldar el dinero de los sobornos. Estaba tan ocupada que Odebrecht le ofreció US$ 6.000 al mes para retener sus servicios.
Pero nada podía suceder en el mundo de Silva sin bancos, y Odebrecht encontró lo que necesitaba en Antigua. Se trata de una pequeña isla hermosa, la junta de turismo dice que tiene 365 playas, una para cada día del año, pero pobre y en algunos lugares en mal estado. En St. John’s, las calles maltrechas y algunas incluso malolientes tienen bancos que atienden a extranjeros. Hay 12 de estos bancos extranjeros, muchos de ellos establecimientos con techo de lámina con letreros de madera en el frente. Desde hace tiempo Antigua ha sido utilizada como refugio por los criminales internacionales de cuello blanco. El financiero de Dallas Robert Allen Stanford dirigió un esquema multimillonario de Ponzi desde Antigua que se derrumbó en 2009. Pavlo Lazarenko, el ex primer ministro ucraniano condenado en 2004 en Estados Unidos por lavado de dinero, depositó decenas de millones de dólares en bancos de Antigua.
Para finales de 2010, según el testimonio de Franca, Operaciones Estructuradas había movido más de US$1.000 millones a través de Antigua Overseas Bank, o AOB. Sin embargo, el banco estaba pasando por una crisis de liquidez, y empezó a colapsarse, lo cual llamó la atención de los reguladores de Antigua. Había más de US$15 millones en la cuenta de uno de los mayores y más confiables conductos de sobornos de Odebrecht, una compañía fantasma llamada Klienfeld Services Ltd., y Silva no pudo sacar el dinero. Él y Franca buscaron soluciones: se asociaron con un empresario brasileño que tenía dinero atrapado en el banco e intentaron comprar AOB. Era demasiado tarde: el personal de cumplimiento del banco ya había presentado informes de transacciones sospechosas a los reguladores bancarios de Antigua sobre Klienfeld y otras cuentas relacionadas con Odebrecht.
Odebrecht necesitaba otro banco. Franca había oído que Meinl Bank AG, con sede en Austria, tenía una sucursal en Antigua que estaba en gran medida inactiva. Él, Migliaccio, y Soares tramaron un plan para comprarla. A finales de 2010, ellos (junto con otros que ayudaban a administrar la red de corrupción) pagaron cerca de US$4 millones para adquirir 51% de Meinl Bank (Antigua). Esto no sólo resolvió las necesidades bancarias de la división, sino que también enriqueció a los hombres detrás de ella. Por cada dólar que Odebrecht moviera por Meinl Bank, los propietarios se dividirían una comisión de 2 por ciento. Franca también organizó un pago para sí mismo de US$10.000 al mes. Ayudaría a dirigir el banco, principalmente desde Sao Paulo.
Con todo eso resuelto, Silva y su equipo se pusieron a trabajar, abriendo decenas de cuentas en Meinl Bank para sus falsas empresas de consultoría y de otro tipo. Una vez que estaban en funcionamiento, al menos 33 bancos pusieron el dinero de Odebrecht en por lo menos 71 diferentes cuentas de Antigua. Meinl Bank AG dijo en un correo electrónico que “no tenía control gerencial o injerencia operativa” en su sucursal de Antigua desde que vendió su participación mayoritaria en 2010 y que vendió su participación residual de 33 por ciento a finales de 2014.
Para entonces, Marcelo había reemplazado a su padre como CEO, y estaba totalmente comprometido a usar el dinero de la compañía para ayudar a políticos en todo Brasil y otros países. Los consultores de campaña João Santana y Monica Moura fueron un conducto crítico. Santana, originario de Bahía con voz grave y perpetuas ojeras, dirigió la segunda campaña presidencial de Lula. Luego dirigió ambas campañas para la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, quien fue destituida en 2016. Moura, la esposa y socio de Santana, manejaba el dinero. Acudía a menudo a Silva para arreglar las entregas de fondos a la cuenta de la pareja en Banque Heritage, con sede en Suiza, a través de una empresa fantasma llamada Shellbill Finance.
Santana y Moura testificaron en la corte que en 2009 Lula les pidió que fueran a El Salvador para ayudar a administrar la campaña presidencial del candidato de izquierda Mauricio Funes. Sería la primera de siete campañas presidenciales en las que Santana y Moura trabajaron en América Latina y en Angola con fondos de Odebrecht. (En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Funes niega haber recibido fondos de Odebrecht). Los rendimientos eran a veces astronómicos. De 2001 a 2016, Odebrecht realizó pagos ilícitos a funcionarios de 11 países fuera de Brasil por US$439 millones. Al resolver las acusaciones de corrupción en un tribunal federal de Estados Unidos, la empresa admitió que a cambio, los gobiernos de esos países otorgaron a Odebrecht contratos que generaron US$1.400 millones en ganancias.
“Aquí, cuando usen el teléfono tendrán miedo, cuando usen la computadora tendrán miedo”
A mediados de 2014, cuando las autoridades brasileñas comenzaron a investigar a los competidores de Odebrecht para descubrir si hubo manipulación de licitaciones y sobornos como parte de la Operación Lava Jato, Marcelo Odebrecht temía que su gente fuera la próxima. Ordenó a Silva que se llevara su operación a otro lugar. “Creo que todos ustedes deberían irse al extranjero a trabajar porque aquí, cuando usen el teléfono tendrán miedo, cuando usen la computadora tendrán miedo. Tendrán miedo de ser blanco de escuchas en sus oficinas “, recordó haberle dicho a sus hombres en declaraciones juradas en Brasil. Y se irán a dormir preguntándose si al día siguiente la policía vendrá por ustedes”. Haz lo que tengas que hacer, le dijo a Silva. “La única recomendación que hice fue: ‘No trabajes en los Estados Unidos’”, dijo Marcelo.
Silva se quedó en Brasil. Soares y Migliaccio tampoco siguieron el consejo del jefe: después de considerar a Antigua, República Dominicana, Dubai y Portugal, se mudaron con sus familias a Miami y obtuvieron trabajos de fachada en la división de Odebrecht en Coral Gables, Florida. Soares consiguió un apartamento en Miami, y Migliaccio encontró un condominio en Aventura, una ciudad al norte de Miami Beach llena de torres de apartamentos frente al mar populares entre brasileños. “Parecía un hombre muy agradable, y una vez que supe lo que quería comencé a mostrarle apartamentos”, dice Patricia Musa, una agente de bienes raíces en Miami. A los brasileños les encantan los edificios con piscinas comunitarias y asaderos y grandes apartamentos con vistas al mar, explicó. En agosto de 2014 vendió a Migliaccio un condominio de US$1,3 millones en el sexto piso del edificio en el que vive, la Península, un complejo de tres torres lleno de propietarios brasileños.
Mientras vivía en Miami, Migliaccio se enfocó principalmente en desmantelar la operación de sobornos de Odebrecht y evitar ir a la cárcel. Él, Silva y Soares hicieron la mayor parte de su trabajo en una oficina de tres estancias en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, fuera del alcance, pensaron, de los investigadores estadounidenses. Tan solo recibir el dinero para pagar las deudas de la división era complicado. La compañía le debía a un doleiro en Sao Paulo 70 millones de reales, y había varios como él. (Odebrecht era un cliente tan bueno que los doleiros afrontaban con regularidad el dinero de la compañía). Y todavía había sobornos por hacer: Odebrecht dijo en el tribunal que la división de sobornos continuó haciendo negocios hasta 2016, arreglando pagos ilícitos en Ecuador y Venezuela.
Para 2015, Silva ya estaba mucho menos activo tras haber sufrido un accidente cerebrovascular menor, y Migliaccio estaba a cargo de la operación. Su ayudante más fiable, y de Silva, María Lúcia Tavares, trabajaba desde Salvador, su ciudad natal. A Tavares, que había estado en Odebrecht por décadas, le gustaba usar el pelo recogido, lo cual le daba un aire de una severa maestra de matemáticas de secundaria. Su trabajo era asegurarse de que todos los pagos fueran asentados en un sistema contable online cifrado. Era discreta y por eso era una de las pocas personas con acceso al sistema.
En junio, Migliaccio necesitaba repasar los números a detalle, así que le pidió a Tavares que volara desde Salvador para ayudarlo con esto. El día 15 tomó un vuelo nocturno a Miami y se instaló en un asiento de clase turista. Dentro de su bolso había decenas de hojas de cálculo detallando los pagos ilegales; los había impreso para que fuera más fácil para su jefe revisarlas.
Después de llegar a la mañana siguiente, Tavares se registró en Conrad Miami, un hotel de cinco estrellas en la parte superior de una torre en la avenida Brickell, la avenida principal en el distrito financiero. Luego hizo lo que las legiones de brasileños hacen cuando llegan a Miami: ir de compras. Al día siguiente se reunió con Migliaccio. Dos días después de eso, poco después del amanecer del 19 de junio, tres coches de la policía federal llegaron a la mansión de Marcelo Odebrecht en Sao Paulo para registrarla y lo arrestaron. En cuestión de horas, estaba a 418 kilómetros (260 millas) de distancia en Curitiba, en una celda comunal con un inodoro abierto en el edificio de la policía federal donde se lleva a cabo la investigación Lava Jato.
Cuando Tavares se reunió de nuevo con Migliaccio ese día, estaba alarmado. Le dijo que tomara sus archivos y los llevara de regreso a Brasil. Cuando llegó a casa, guardó los papeles en un armario. Había 200 páginas de documentos detallando la red de pagos. En algunos impresos había escrito a mano los nombres y números de teléfono de doleiros y ejecutivos que habían arreglado los pagos de sobornos, para facilitar el desciframiento de los nombres de código. Otros documentos enumeraban las cuentas bancarias de Estados Unidos utilizadas para canalizar ingresos a las cuentas secretas en Antigua, Panamá y otros lugares. Tavares asumió que los documentos estarían a salvo hasta que su jefe los necesitara.
Y luego una rata dentro en una parrilla hizo caer la multimillonaria máquina de sobornos de Odebrecht. A principios de 2015, uno de los vecinos de Migliaccio en Aventura descubrió al roedor mientras se preparaba para encender una parrilla comunitaria junto a la piscina. El incidente hizo que los residentes intercambiaran correos electrónicos sobre la compra de una nueva parrilla, y uno llamó la atención del agente de la Policía Federal brasileña, Felipe Pace, un investigador de Lava Jato que le seguía la pista a Migliaccio.
El correo electrónico fue copiado a las direcciones de decenas de propietarios de condominios, incluyendo uno que Pace sabía que era de Migliaccio. Una cuenta de hotmail, “O.Overlord” (una referencia a la Operación Overlord, la invasión aliada del Día D de Francia en 1944), era un misterio para Pace. En enero de 2016 obtuvo una orden judicial en Brasil que obligaba a Microsoft Corp. a darle acceso a la cuenta de hotmail.
En el inbox de esa cuenta encontró hojas de cálculo y correos electrónicos que detallaban el tráfico diario del grupo de sobornos. Una de las hojas de cálculo había sido creada por Tavares, lo que llevó a los agentes federales a registrar su casa. Los archivos seguían en su armario. “Cuando vimos esos documentos en su casa, fue cuando lo supimos”, dice Pace. “Dio nueva vida a la investigación”.
Los investigadores llevaron los documentos a una sala de alta seguridad en el tercer piso del edificio de la policía federal en Curitiba y los revisaron. Cuando trajeron a Tavares, habló por tres días.
Los directores de Operaciones Estructuradas fueron arrestados en la vasta red de Lava Jato. Ellos, junto con otros 75 empleados de Odebrecht, han testificado a cambio de clemencia. Marcelo Odebrecht fue condenado por delitos como corrupción y lavado de dinero y sentenciado a 19 años de cárcel. A cambio de su cooperación, la condena se redujo a dos años y medio de prisión y a cinco años de arresto domiciliario. Su padre, Emílio, recibió cuatro años de arresto domiciliario. La empresa dijo en una respuesta por correo electrónico a las preguntas que quiere “dar vuelta a la página y dejar sus errores en el pasado”, y citó las medidas que ha adoptado para evitar la corrupción.
El testimonio de los ejecutivos de Odebrecht, algunas veces escandaloso y que recientemente se publicó en internet, ha producido agitación política, económica y social en Latinoamérica. Perú redujo medio punto sus previsiones de crecimiento económico para 2017 debido a retrasos y costos vinculados a contratos corruptos con Odebrecht. Su ex presidente, Alejandro Toledo, era profesor visitante en Stanford cuando Perú solicitó su extradición. Si regresa a Perú podría ser arrestado por cargos de corrupción relacionados con Odebrecht. Él ha negado todas las acusaciones. En República Dominicana, donde Odebrecht acordó pagar US$184 millones en multas, el gobierno está vendiendo deuda y desviando dinero de programas sociales para cubrir los US$900 millones necesarios para terminar una planta eléctrica que Odebrecht no completó después de que sus préstamos fueron cancelados.
En Antigua, cerca de la cima de una empinada colina en St. John’s, el edificio de Meinl Bank constituye un monumento anodino a uno de los mayores esquemas de corrupción corporativa en la historia del mundo. En la planta baja, las persianas cubren el espacio vacío y polvoriento. En diciembre, los reguladores bancarios de Antigua retiraron a los directores de Odebrecht e instalaron un consultor de KPMG como administrador, esperando a la distancia hasta que los investigadores descubran lo que sucedió allí. El administrador, Cleveland Seaforth, se negó a comentar.
La pesadilla de desmantelar el daño que Odebrecht causó en Antigua recae en el teniente coronel Edward Croft, un investigador policial desgarbado que dirige la Oficina de Política Nacional de Combate a las Drogas y Lavado de Dinero. Él hace su trabajo desde la apretada sede de su división dentro de una base militar. Desde mediados de 2015, ha atendido un torrente de solicitudes de documentos, hojas de cálculo e informes de antecedentes de investigadores brasileños. Recientemente, Argentina solicitó formalmente información financiera para ayudar en su investigación de Odebrecht. Croft tiene sólo dos investigadores de delitos financieros, y dedica al menos un tercio de su tiempo a enviar archivos relacionados con Odebrecht a Brasil. “Han sido cajas y cajas y cajas”, dice, sacudiendo la cabeza. “Es un proceso muy intenso. Realmente se requieren recursos para manejar todo esto”.
Los investigadores de Croft están revisando las cuentas de Odebrecht en Meinl Bank. Todavía hay US$77 millones en esas cuentas, que han sido congeladas por Antigua. Las personas ligadas a la empresa de sobornos de Odebrecht están lidiando con los tribunales de la isla para conseguir acceso al dinero.
El primer ministro de Antigua, Browne, también se ha visto afectado por el escándalo relacionado con Odebrecht. En abril estaba enojado, desafiante y en un principio no quería hablar de lo que pasó. “No conozco a ninguna de esas personas de Odebrecht”, dijo.
Browne, ex banquero, dice que ha hecho todo lo posible para que sea más difícil para los criminales utilizar Antigua como base para delitos financieros. Niega vehementemente tener cualquier relación con los pagos de los ejecutivos de Odebrecht a Casroy James, revelados en el arreglo de las acusaciones de corrupción. “Nunca he recibido un soborno, y cualquiera que me conozca te dirá que sacaría a cualquiera de mi oficina que siquiera insinúe esas cosas”, dice, con una voz que refleja cada vez más ira.
Browne dice que el daño que Odebrecht infligió a su pequeño país es considerable. El departamento de sobornos desestabilizó a su país, y todavía está tratando de limpiar el desorden.
“Eran enormes bandidos, y dañaron mucho tanto la imagen como la reputación de Antigua”, dice. “Espero que pasen mucho tiempo en la cárcel. Mucho tiempo. “—Con Ezra Fieser