Minera Crystallex avanza en disputa legal contra Venezuela por US$ 1.200 millones de dólares

Minera Crystallex avanza en disputa legal contra Venezuela por US$ 1.200 millones de dólares

Un minero sin licencia busca oro cerca de la mina Las Cristinas. 29 de septiembre 2005. La minera canadiense Gold Reserve dijo el viernes que aceptó que Venezuela reprograme los pagos de una indemnización por unos 770 millones de dólares por la nacionalización de parte de sus operaciones en el país sudamericano, en momentos en que el país petrolero atraviesa por una complicada situación financiera. REUTERS/Howard Yanes
Referencial: Un minero sin licencia busca oro cerca de la mina Las Cristinas.  REUTERS/Howard Yanes

 

Un tribunal en Estados Unidos falló a favor de una petición de la minera canadiense Crystallex para avanzar en una disputa contra Venezuela, por la que busca recibir una indemnización por una expropiación de 2008.

En marzo, una corte estadounidense había confirmado una decisión de un tribunal del Banco Mundial, que ordenó al país sudamericano cancelar unos 1.200 millones de dólares a Crystallex en compensación por la expropiación del proyecto aurífero Las Cristinas que ejecutó el gobierno socialista.





En su intento por garantizar el pago, Crystallex acudió a un tribunal del Distrito de Columbia, que decidió el viernes darle permiso para tratar de hacer cumplir la sentencia en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, indicó el fallo legal.

Esto podría permitir a Crystallex intentar embargar activos del país petrolero en Estados Unidos, como Citgo, la filial de refinación y comercialización de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una petición de comentarios.

La minera canadiense, en paralelo, había iniciado acciones legales para impedir que PDVSA usara como garantía su participación en Citgo al pedir préstamos, tras considerar que con ello intenta evitar pagar la compensación en la disputa.

Venezuela enfrenta una veintena de litigios por la ola las expropiaciones que ordenó hace unos años, pero sus equipos legales buscan retrasar los pagos, en medio de la recesión económica y la inflación de tres dígitos que vive el país.