Después de diez semanas de protestas ciudadanas, el gobierno nacional es un gobierno en emergencia: sofocado por su propia ilegitimidad, acorralado por las incesantes demandas ciudadanas, abandonado por su base electoral tradicional, rechazado por la comunidad internacional y sostenido exclusivamente por la violencia armada de un número minúsculo de grupos paraestatales. Ahogado en una corrupción inverosímil y preso del oportunismo voraz de sus guardias, se pierde en el volumen de su voz y en la repetición ya vacía de sus palabras. Intenta sobrellevar, de cualquier manera, el difícil dilema al que ha sometido a nuestras Fuerzas Armadas y procura, por todos los medios, no despertar ni su honor ni su virtud.
Nuestro gobierno es un gobierno sofocado por su propia ilegitimidad. Carga consigo la huella no olvidada de su ilegitimidad de origen (la manipulación de los resultados electorales) y, ahora, lleva sobre sí un peso mucho mayor: la ilegitimidad de su ejercicio del poder. El gobierno nacional constituye, el día de hoy, el mayor agresor de nuestra Constitución y el más grande adversario de la voluntad ciudadana. La inexistencia de una autonomía efectiva de los Poderes Públicos, la suspensión injustificada del referendo revocatorio y de las elecciones regionales, el irrespeto a la Asamblea Nacional, las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, la represión criminal a las manifestaciones públicas, la detención arbitraria, la tortura y el asesinato a los manifestantes, la existencia de presos políticos, el acoso a los partidos, la supresión progresiva de la libertad de expresión y de los medios de comunicación muestran las graves y continuas violaciones del gobierno a la Constitución y sentencian la quiebra del Estado de derecho en nuestro país. Nuestro gobierno nacional constituye, el día de hoy, tan solo un poder fáctico: un poder sin derecho a gobernar o a ser obedecido.
El gobierno nacional requiere legitimidad y ha intentado fabricarla abrupta y artificialmente. No obstante, cada intento de “legitimación” sólo lo ha conducido a un nuevo y mayor fraude. El desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional lo condujo a la declaratoria de “desacato” de dicho órgano y la tentativa de obtener recursos financieros sin su aprobación (Asamblea Nacional), a las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. El intento de evadir la voluntad popular (referendo revocatorio) lo llevó a las decisiones de unos tribunales penales estatales y el proyecto del Estado comunal, a una Constituyente fraudulenta (en su convocatoria, naturaleza y finalidad). Desnudo en su crudeza, el gobierno nacional ha buscado incesantemente investirse de cualquier forma de legalidad; pero, no ha conseguido hacerlo. Por lo contrario, cada nuevo y empecinado intento sólo ha multiplicado el número de sus violaciones a la ley y han ratificado su ilegitimidad.
El gobierno nacional es un gobierno acorralado por las incesantes demandas ciudadanas. Durante las últimas diez semanas, el país ha presenciado la mayor rebelión civil acaecida en nuestra nación durante toda su historia. El país, masiva e ininterrumpidamente, ha salido a las calles y se ha manifestado en cada uno de los estados de nuestra geografía. Durante más de setenta días continuos, ciudadanos de todas las edades, estratos sociales, sectores y regiones han tomado las calles de nuestro país exigiendo democracia y respeto a sus derechos. La más grande protesta llevada a cabo en Venezuela corrobora el nuevo mapa de nuestras preferencias políticas y pone dramáticamente de relieve la nueva polarización presente en nuestro país: Una burocracia gubernamental apoyada por una reducida minoría (entre el 15% y el 20% de la población) frente al resto de la sociedad del país que exige su salida (entre el 85% y el 80% de la población).
Después de diez semanas de protestas masivas e ininterrumpidas, el gobierno nacional no consigue impedir las manifestaciones. A pesar de la consolidación de los patrones represivos en el control del orden público y del saldo injustificable de víctimas, el gobierno no ha conseguido inhibir las protestas ni ha logrado menoscabar el ánimo de la población. Los atropellos, las detenciones y el dolor por los caídos, lejos de amilanar a la gente, le han dado más fuerza y mayor convicción para continuar la protesta. Después diez semanas de resistencia ciudadana, el país civil y democrático está de pie y en la calle.
Las acciones represivas del gobierno y sus reiterados fraudes a la Constitución han sido desaprobados en el ámbito internacional. Gobiernos y parlamentos de múltiples países, organismos y organizaciones internacionales han visto, con gran preocupación, el deterioro progresivo del orden constitucional en nuestro país y el fin del Estado de derecho. En las últimos semanas, todas estas instancias internacionales han rechazado la ruptura definitiva del hilo constitucional y han percibido, con gran alarma, la violencia, la persecución y el asesinato de manifestantes pacíficos que demandan elecciones, apertura de un canal humanitario, reconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional y la liberación de los presos políticos.
Nuestro gobierno de facto experimenta un dramático proceso de desgaste. El pueblo, su otrora principal sostén, aquel sobre el cual había justificado todas sus acciones y desafueros, le ha retirado su apoyo el día de hoy. Quienes, tan sólo ayer, coreaban exaltados a diario repetidos triunfos electorales y se vanagloriaban por el mundo del favor de las mayorías intentan, hoy, evadir la voluntad popular y se refugian en la complicidad del Consejo Nacional Electoral. El apoyo de la minoría que aún los acompaña ya tampoco es la misma. En ella, hay cansancio, decepción, necesidad e interés. Demasiada realidad y corrupción ante sus ojos. La conservación del empleo o una contrapartida monetaria es lo único que parece justificar su asistencia a una movilización pública. Una bolsa con alimentos o una ayuda del gobierno es lo único que parece arrancar ahora una hurra o un aplauso a favor de los gobernantes.
La cohesión interna del gobierno se erosiona progresivamente y sus grietas comienzan a hacerse públicas y evidentes. Cada semana vemos nuevos actores importantes –quienes no están solos ni hablan sólo en su nombre- que marcan distancia y se oponen a las acciones del gobierno. Un día, un diputado; otro día, un dirigente del partido; otro día, ochenta y cinco militares; otro día más, el jefe de un CORE; otro nuevo, la Fiscal General de República; otro nuevo más, un juez del Tribunal Supremo de Justicia; otro más, el secretario del Consejo de Defensa de la Nación; el día siguiente… Así mismo, destacados dirigentes del partido de gobierno, de manera reiterada, han hecho pública su disposición a empuñar las armas y a inmolarse por la revolución. Extraño compromiso realizado por quienes cuentan con el monopolio de la fuerza y el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas.
Nuestro gobierno es un gobierno hundido por el peso de la realidad económica. Aplastado por sus deudas y su déficit, por la destrucción del aparato productivo y el caos económico sembrado por todo el país. Es un gobierno estancado en su negligencia y en su corrupción. Sin divisas suficientes, con unas reservas insignificantes y con serias dificultades para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales. Sin posibilidades de aumentar la producción ni el empleo. Sin posibilidades de mejorar el poder adquisitivo o controlar la inflación. Sin esperanza atractiva con la cual volver a cautivar ni discurso creíble con el cual poder simular nuevamente.
Sin legitimidad, sin el apoyo electoral de la mayoría, asediado por las demandas de la voluntad popular, rechazado internacionalmente, bajo un proceso irreversible de erosión y económicamente comprometido, nuestro gobierno se sostiene a duras penas sobre el inestable soporte de la violencia paraestatal y la incertidumbre nunca diferida de nuestras Fuerzas Armadas. Después de diez semanas de protestas masivas e ininterrumpidas, nunca antes el gobierno nacional estuvo tan débil y con tantas dificultades para mantenerse en el poder.
Nadie sabe por cuánto tiempo podrá el gobierno demorar su implosión definitiva. Pero un gobierno que se ha convertido en el principal enemigo de su pueblo y de su Constitución, que ve ante sus ojos una nueva distribución absolutamente desfavorable de las fuerzas políticas y que encuentra al país en su contra (unido, activo e indispuesto a renunciar a la restitución de sus derechos) es un gobierno que tiene sus días contados. Cada hora, cada minuto, cada segundo le pesa al gobierno. Nadie sabe, con exactitud, por cuánto tiempo más podrá el gobierno diferir su implosión final; pero, en su interior también lo saben: ya todo es cuestión de tiempo.Fedi