La Fiscal general Luisa Ortega Díaz fija posición este miércoles ante el decreto realizado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró nulo, improcedente e inadmisible el recurso interpuesto para la suspensión de las bases comiciales convocadas por Nicolás Maduro para la constituyente.
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“Sobre la primera decisión le dan competencia a la Defensoría del Pueblo, entre otras, para hacer todo en materia de investigación penal y derechos humanos. Esta sentencia está inmotivada falta saber por qué llegan a esa decisión”, dijo Ortega Díaz.
“Si analizamos en el contexto en el que vive el país, esta sentencia advierte que los derechos humanos de todos los venezolanos está peligro. Lo que el TSJ hizo con la Asamblea Nacional ahora lo quiere hacer con el Ministerio Público. Se sigue desmantelando al Estado”, indicó.
Recalcó que “vamos a ver si convocan a un Consejo de Defensa de la Nación, para que el presidente del Consejo de Defensa le diga al TSJ lo que tiene que hacer”.
“La inseguridad jurídica aumenta porque las personas no van a saber adónde tienen que acudir, si a la Fiscalía o a la Defensoría. Si se implementa la constituyente entonces cualquier organismo público interviene y le privan de libertad a cualquiera de ustedes. Alguien quiere investigaciones penales a su medida”.
A su juicio “aquí una gran parte del país es terrorista; sin embargo considero que aquí lo que hay es un terrorismo de Estado. Hay un terrorismo de estado donde se perdió el derecho a manifestar, se reprime brutalmente, se juzga a civiles en tribunales militares”.
Hizo un llamado al país a mantenerse apegado a la Constitución Nacional “actuando en función de la tranquilidad del país” e invocó una frase del presidente Hugo Chávez: Un Gobierno expropiándole al pueblo su soberanía, es contrarrevolucionario”.
Insistió en que “esas acciones no son democráticas y mucho menos destituyendo al Vicefiscal, el cual sólo puede ser designado por la Fiscal General”.
“Todo esto es una provocación contra la Fiscal General: El TSJ se ha constituido en los principales actores que están derogando la Constitución y esto yo no lo voy a permitir. Quienes son ilegítimos son los magistrados del ente judicial”.
Expresó a los diputados de la Asamblea Nacional: “Ustedes no están en desacato, eso no existe. Quienes son ilegítimos son los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”.
Hizo especial énfasis en el artículo 333 de la Constitución Nacional e hizo un llamado a todos los fiscales del Ministerio Público y a todos los venezolanos a acatarlo. “Con fundamento en el artículo 333, cualquier ciudadano investido o no de autoridad esta obligado de defender la carta magna. En consecuencia yo desconozco estas sentencias”.
“Lo juro. Defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida”, concluyó.