La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no ha debido designar a la abogado Katherine Harrington como vicefiscal general encargada de la República, pero no solo porque la Constitución no la faculta para tomar esa decisión ni porque la elegida es uno de los funcionarios venezolanos sancionados por los Estados Unidos, sino porque la objetividad e imparcialidad de la escogida están comprometidas, según ella misma reconoció en una misiva que le envió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Juan Francisco Alonso / Crónica Uno
“Durante el año y medio que me desempeñé en el aludido cargo (Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal) lo hice con un evidente activismo político, propio de la misión que me fue encomendada por nuestro Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el servicio y defensa de nuestra amada patria venezolana, sin duda mi actuar determinado compromete flagrantemente la debida objetividad que debe presentar un Fiscal del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones”, escribió la funcionaria en la carta que el 29 de septiembre de 2016 le dirigió a Ortega Díaz para pedirle que le concediera el beneficio de la jubilación luego pasar más de año y medio en el Gobierno.
Harrington ocupó distintos despachos fiscales y tuvo casos emblemáticos. Fue la que solicitó el encarcelamiento del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; y la que pidió que se le prohibiera salir del país a la exdiputada María Corina Machado en 2015. Tales medidas provocaron que ese año el Gobierno del entonces presidente estadounidense Barack Obama la incluyera en la primera lista de siete funcionarios venezolanos sospechosos de violar Derechos Humanos a los que sancionó, anulándoles visas y congelándoles sus bienes en dicho país.
El presidente Nicolás Maduro respondió a la acción de Washington al condecorarla y nombrarla como Viceministra. Asimismo, Ortega Díaz salió en su defensa y calificó la medida como un intento por impedir que su despacho actuara.
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