Fadess alerta sobre conspiración “macabra” para desmantelar el Estado Republicano de Venezuela

Fadess alerta sobre conspiración “macabra” para desmantelar el Estado Republicano de Venezuela

Foto: Prensa de Solidaridad
Foto: Prensa de Solidaridad

 

 

El viernes 30 de junio de 2017 integrantes del frente en defensa de vigencia de la Constitución de 1999 y del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) acudieron al Ministerio Público para introducir una Solicitud de Enjuiciamiento Penal contra los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Gladys M. Gutiérrez Alvarado, Arcadio Jesús Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Rios, Luis Damiani Bustillos, y Lourdes Benicia Suárez Anderson por estar presuntamente incursos en “el delito de conspiración entre ellos para destruir la forma política republicana adoptada por la Nación” previsto en el Titulo I de la Constitución en los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Previsto y sancionado en el Artículo 132 del Código Penal.





Nota de Prensa

“Entrando en concierto con el Presidente de la República , la Sala Electoral, el Consejo Nacional Electoral y con particulares, para desconocer a la Asamblea Nacional como órgano de la forma política republicana adoptada por la Nación electa democráticamente, usando como “medio de comisión del delito de conspiración” en el que estarían presuntamente incursos, “la construcción artificial del delito de desacato” que nunca existió”, refieren.

El abogado Sergio Urdaneta expresó que presuntamente con esta conspiración se está generando el desmantelamiento del Estado de Derecho y desinstitucionalizando el país.

Indicó que los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia no son inmunes al control “no son dioses del Olimpo. Existe un procedimiento para enjuiciar a los altos funcionarios públicos como ellos”, entre otros.

Así mismo indicó que el delito de conspiración previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal establece un castigo que oscila entre 8 a 16 años de prisión.

Para finalizar, Urdaneta indicó que con esta acción ejercida espera que la ciudadana Fiscal inicie un proceso penal para enjuiciar a los Magistrados de la Sala Constitucional y que presente el antejuicio de mérito ante la Sala Plena.