Es inescapable la inquietante percepción de que las discusiones sobre la situación venezolana se desenvuelven cada vez en mayor grado en un lenguaje de guerra. No se trata, por supuesto, de una confrontación militar convencional entre dos ejércitos enemigos, y ni siquiera de una guerra civil abierta y declarada. Cualquiera de los dos escenarios anteriores exigiría la presencia de armas en ambos bandos enfrentados, y es demasiado evidente que el dominio de las armas está del lado del gobierno, las fuerzas de seguridad del estado, y las bandas para-militares que operan como grupos informales de choque contra la población. El propio concepto de “bandos enfrentados” es usado con mucha permisividad porque uno de los “bandos” es la mayoría del pueblo venezolano y, el otro, es el régimen de Nicolás Maduro que en la práctica se comporta como el gobierno colaboracionista de una fuerza de ocupación informal dirigida desde Cuba, cuyo fin último es mantener al chavismo en el poder y proteger los intereses del gobierno cubano en Venezuela.
Para la resistencia a la dictadura venezolana es vital entender las reglas de la guerra por el poder para no incurrir en el grave error de creer en espejismos que parten de una sobreestimación de nuestras fuerzas, ni confiar en un tipo de voluntarismo que confunde duras realidades políticas con deseos bien intencionados. Inclusive si se tiene razón y se es mayoría. El régimen pelea en todos los terrenos y nosotros estamos obligados a hacer lo mismo en condiciones de profunda desigualdad. Esto incluye la pelea con los mecanismos de la democracia convencional como el acto de votar, por ejemplo. Estamos compelidos a hacerlo no solamente porque creemos en uno de los actos fundamentales del ejercicio ciudadano, sino porque dejar de hacerlo, le da la excusa perfecta al régimen para presentarse como democrático en la arena internacional, un territorio que para nosotros es vital.
He meditado largamente sobre los complejos argumentos para acudir o no a las elecciones regionales y he concluido que a pesar de que existen razones sólidas y respetables para no hacerlo, se imponen las consideraciones que indican que es necesario mantenerse en la mesa de juego de los mecanismos democráticos y participar. Contrariamente a lo que un sector de la dirigencia opositora ha expresado, y que ha encontrado amplio eco en las redes sociales, no se trata en absoluto de que con nuestra participación validemos a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente o al tramposo CNE. Ninguna de estas instituciones se mantiene a través de nuestra validación. Su existencia es un acto de poder que solamente se contrarresta de dos maneras: o se vence al chavismo políticamente a través de los mecanismos democráticos, o se produce una fractura en el poder inducida por una división de las fuerzas armadas y el propio chavismo que encuentre apoyo en el pueblo y en la comunidad internacional. Ambas salidas son constitucionales, pero a ninguna de ellas es posible llegar con un acto de voluntarismo que decreta una suerte de Hora Cero cuya materialización termina por ser imposible y crea un estado de frustración y descontento en la población.
Eso nos lleva a otro territorio sobre el cual he insistido en repetidas oportunidades en esta columna. El liderazgo opositor de la resistencia ciudadana está obligado a comportarse como una verdadera dirección política y no como una alianza de intereses disímiles y agendas personales. El argumento de que la alianza opositora es diversa y que esa diversidad es parte de nuestro espíritu democrático tiene que ser sopesado en la misma balanza donde en el otro platillo está la naturaleza despiadada, y con frecuencia monolítica, de nuestro adversario. Un régimen responsable de la muerte de más de 100 venezolanos en las calles de la protesta de los últimos meses, y que con una mano en la cintura elige a una ANC inconstitucional frente a los ojos atónitos del mundo civilizado, es de temer y sus acciones deben ser evaluadas en un mapa de acciones prácticamente de guerra contra el pueblo venezolano.
Pero entender las acciones y la lógica de la guerra que libra el gobierno contra el pueblo, no puede llevarnos a corrompernos moral ni espiritualmente. Nosotros estamos del lado correcto de la historia, y debemos evitar a toda costa que la dictadura pervierta nuestro espíritu y transforme nuestro deseo de restablecer la democracia y la libertad en Venezuela en un acto de venganza. La resistencia a la barbarie es un acto de nobleza y espíritu ciudadano, y el único castigo que debemos desear para nuestros opresores es el que establecen la Constitución y las leyes. En esta materia, las inefables redes sociales son un hervidero de arrechera que clama al cielo y al infierno por las cabezas de los chavistas y por las cabezas de la MUD que han sido incapaces de entregarnos las de los primeros. Horroriza el lenguaje y la sevicia de muchas de las expresiones que allí habitan. Conviene quizás recordar que el triunfo último de la maldad consiste en que quienes se le oponen terminen por abrazar sus métodos y enseñanzas.
Ganar esta confrontación definitoria de nuestra historia, requiere mucho más que arrecheras. Tampoco la ganaremos por tener razón, que la tenemos. Probablemente ya no podremos salir de esto por medios puramente democráticos, como lo señaló recientemente Ramón Muchacho, perseguido por el régimen al igual que más de una decena de alcaldes. Pero nuestra Constitución alberga otras figuras en los artículos 333 y 350, que se pueden ejercer con el apoyo conjunto de la comunidad internacional. Pero todo esto requiere que podamos jugar en cualquier tablero que sea necesario, inclusive si estamos seguros de que el régimen hará trampas, como en las elecciones. En ese caso las mismas servirán para exhibir su impudicia y su traición al pueblo. Nada mal frente a los ojos de la comunidad internacional. Parafraseando a la leyenda del béisbol Yogi Berra: Este juego no se acaba hasta que se acabe.
Vladimiro Mujica