La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del magistrado Alberto Poveda Perdomo, admitió, este martes 22 de agosto, la acción de tutela o amparo constitucional, interpuesta por Walter Márquez y Anacelita Hernández contra el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, por violación a los derechos de petición, debido proceso, acceso a la justicia y la obligación de investigación penal por cuanto la Fiscalía General de la Nación en Colombia tiene archivado un expediente de cinco piezas, contentivas de más de 1500 páginas, que fue elaborado por la propia Fiscalía en Cúcuta a raíz del cierre fronterizo, las deportaciones forzosas de más de 1500 colombianos, la destrucción de 200 de sus viviendas en el barrio, la Invasión de San Antonio del Táchira y varias denuncias de agresión sexual por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas durante el cierre fronterizo en agosto de 2015.
Recordó el parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos Walter Márquez que, el 13 de junio de 2017, junto con un grupo de abogados colombianos liderizados por Rafael Humberto Villamizar Ríos, presidente de la colegiatura de abogados del Norte de Santander, interpuso una denuncia de aproximadamente 400 páginas, en la que se pedía la investigación contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del régimen, por crímenes de lesa humanidad.
“Ese expediente está paralizado, y fue remitido a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y de la Cancillería y por esas trabas procesales se intentó esta acción de tutela. El miércoles 23 de agosto, el Tribunal superior de Bogotá notificó del caso a la presidencia de la República de Colombia, el ministerio de Relaciones Exteriores, a la Direccción de Migración Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y a la Dirección de Fiscalía del Norte de Santander, y le concedieron un día para que ejerza su derecho a la defensa, en caso contrario se tendrán por ciertos los hecho narrados por los solicitantes”, expresó Walter Márquez.
Destacó que el objetivo principal de su solicitud es que se abra una averiguación en Colombia por crímenes de lesa humanidad contra centenares de colombianos, cometidos por Nicolás Maduro y su régimen. “Está transcurriendo el lapso de 10 días que estable el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia para que el Tribunal tome la decisión”, por lo que se espera que en los próximos días se dicte sentencia de si se ordena o no la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos Nicolás Maduro en Colombia y Venezuela contra sus connacionales.
Fiscal invoca jurisdicción universal
En cuanto a las declaraciones, desde Brasil, de la Fiscal general de a República, Luisa Ortega Díaz, desde Brasil, señaló que coincide con ella en el sentido de invocar la jurisdicción universal para juzgar a Maduro. “En el caso concreto de la denuncia de Odebrech debe abrir la averiguación la Fiscalía de Brasil porque es allá es donde funciona la sede matriz de esa empresa y desde donde se ordenaron los pagos de corrupción, y están los principales indiciados del fraude, y de esta manera dar cumplimiento a la Convención Internacional de la Lucha contra la Corrupción, de la cual son signatarios tanto Venezuela como Brasil, que obliga a todos esos estados a cooperar activamente para combatir este flagelo contra la humanidad”.
Por eso –indicó Márquez- la fiscal Luisa Ortega Díaz debe formalizar la solicitud de investigación en virtud de que ella está reconocida en la comunidad internacional como la legítima Fiscal General de la Nación de Venezuela. También, en ese sentido, es importante invocar la jurisdicción universal al igual que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y con toda la información que tiene debe formalizar las denuncias en la CPI por crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y su régimen.
Explicó el parlamentario jubilado que, de acuerdo al artículo 7 numeral 1 del Estatuto de Roma, Maduro ha cometido 10 delitos de los 11 tipificados como crímenes de lesa humanidad, entre ellos: exterminio por falta de alimentos y medicinas; el de apartheid por discriminación étnica y racial contra los diputados de Amazonas; el de persecución política contra 11 alcaldes y la propia Asamblea Nacional; el de asesinatos vistos ante las protestas populares; deportaciones forzosas acontecidas en el cierre de frontera en 2015; la desaparición forzosa temporal que ha ocurrido tanto con Leopoldo López como con el general Isaías Baduel y el general Ángel Vivas; agresiones sexuales a varios detenidos; las torturas, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales sobran testimonios y evidencias.
En otras palabras, estamos en presencia de una gravísima violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que tiene que ser investigado, en Colombia, la Corte Penal Internacional en La Haya, la jurisdicción universal por un tribual de cualquier país que vea afectado los derechos humanos de sus connacionales mediante la invocación de la justicia universal para juzgar estos crímenes, detalló Walter Márquez.
Aislamiento comunicacional
Finalmente, se refirió el parlamentario jubilado a la violación de derechos humanos con la orden del régimen de Nicolás Maduro de sacar de las parrillas de programación de las cableras que prestan servicio en el país a los canales colombianos RCN y Caracol en su versión internacional, antes ya lo había hecho con las señales originales, además de NTN24 y CNN en Español, ante lo cual indicó que es un intento más por pretender aislar comunicacionalmente a la población, para así ocultar las críticas hacia el régimen, lo cual ahora es completamente infructuoso por cuanto las redes sociales y el internet siguen siendo un mecanismo global para difundir las denuncias por la represión y la violación de derechos humanos en Venezuela por parte de Nicolás Maduro y su gobierno, por lo que además de reprochar estos hechos adelantó que los denunciará ante el relator de la libertad de expresión tanto de la ONU como de la OEA.
Nota de prensa