La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (Pdvm) ha denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y 20 altos funcionarios civiles y militares de su gobierno, por los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en el país entre el 1º de abril y el 15 de agosto pasado, presuntamente cometidos por los cuerpos de seguridad y grupos de irregulares, como parte de una política oficial para reprimir las protestas y manifestaciones del pueblo venezolano.
Nota de prensa
La denuncia se fundamenta en el Informe recientemente presentado por el Príncipe Zeid Raad al Husein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en cuyas conclusiones se establece que los delitos cometidos en Venezuela respondieron a una política de estado “de ataques generalizados y sistemáticos de las fuerzas públicas y organizaciones irregulares contra una parte de la población”, que es justamente el fundamento legal de los crímenes de lesa humanidad previstos en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El informe, basado en la investigación adelantada por el Alto Comisionado de la ONU, concluye que esos ataques no fueron producto de hechos aislados de algunos funcionarios e irregulares que hicieron uso excesivo de la fuerza, en algunos casos con armas letales, si no que respondieron a una estrategia del alto gobierno para infundir temor en los manifestantes y disidentes.
Murieron 135 personas, dos mil resultaron heridas o sometidas a tratos inhumanos causándoles lesiones graves o gravísimas, más de 5.000 fueron detenidos o privados de su libertad de manera ilegal, en su gran mayoría sometidos a torturas, persecuciones, violaciones, e incluso desapariciones forzosas. Muchos han sido procesados en tribunales militares y se mantienen más de 600 presos políticos en las cárceles venezolanas.
Los venezolanos acuden a la jurisdicción complementaria de La Haya, en esta oportunidad, con el aval del informe emitido por un órgano de las Naciones Unidas, organización a la que también pertenece la Corte Penal Internacional.