El Concejo Municipal de Libertador, fiel a su escandalosa línea de acción, aprobó la Ordenanza de “Creación del Servicio Desconcentrado Fondo para la Promoción de la Convivencia del Municipio Libertador del Estado Carabobo” con lo cual se crea un nuevo tributo que pecha a quienes efectúan actividades económicas en la jurisdicción. Se dice en el texto de este instrumento jurídico que tal fondo se usará para acceder y administrar recursos provenientes de los particulares que desarrollen cualquier actividad económica, ahora bien, la pregunta que harán los comerciantes, una vez se enteren de los resultados de esas deliberaciones secretas de sus ediles, es ¿para qué se usa entonces el dinero del impuesto de actividades económicas al cual ya contribuyen?
Eso, en claro castellano, es doble tributo. El tener cualquier actividad económica en Libertador, implicará pagar dos impuestos: El impuesto de Actividades Económicas y la “Contribución para la Convivencia”, y los dos están destinados a lo mismo: recuperación de espacios para el deporte, la cultura, el ambiente y la educación; además de la renovación de las áreas centrales urbanas, rehabilitación de estructuras de uso público y financiamiento excepcional de políticas sociales para el mejoramiento de la convivencia ciudadana.
De hecho, algunos comercios llegarían a pagar hasta 100 unidades tributarias mensuales adicionales a todos los demás deberes fiscales existentes (IVA, ISLR, Impuesto Inmobiliario, etc.). Por cierto, nadie se salva, porque hasta las guarderías son susceptibles de bajarse de la mula. Alguien me preguntó en una ocasión, si siendo Libertador el tercer municipio más poblado de Carabobo, ¿Por qué no tienen grandes centros comerciales, grandes hoteles, cines, centros de convenciones e industrias? Aquí tienen la respuesta: Tenemos un alcalde y concejales irresponsables que se dejan llevar por la voracidad fiscal y en vez de atraer inversiones las espantan.
Pese a que este tema fiscal es complejo, sus efectos sobre la vida de la gente son más que evidentes. Un municipio más costoso, con estructuras de costos comerciales más altos que sus pares, ocasionará cierre de empresas (máxime en un contexto como el que hoy vivimos en Venezuela), un estancamiento de la actividad emprendedora, desempleo y peores resultados fiscales porque, debe decirse, se ahogará a los contribuyentes y simplemente estos dejarán de serlo. Ahora bien, ¿qué debemos hacer?. En principio, la Cámara de Comercio del Municipio Libertador debe convocar de forma urgente a sus afiliados para abordar este tema y, de antemano, los municipalistas que hemos tenido estas preocupaciones estamos dispuestos a acompañarlos en la búsqueda de caminos institucionales para enfrentar esta perversa ordenanza. Libertador no está solo y es momento de activar a todas las fuerzas vivas para exponer, denunciar y enfrentar a las fuerzas destructivas y corruptas cuyas acciones comprometen nuestra viabilidad como municipio.
Bien bueno sería que los concejales que han levantado la mano para aprobar este bochornoso instrumento jurídico, escondidos de la luz pública, fueran capaces de celebrar un cabildo abierto en la Plaza Bolívar de Tocuyito para escuchar todo lo que los ciudadanos están dispuestos a decirles sobre las verdaderas acciones para impulsar el desarrollo económico de nuestro pueblo. Apuesto fuertes a lochas a que ese baño de agua fría no se lo quieren echar porque saben lo ineficaces que han resultado ser sentados desde sus curules. Cuidado si otros municipios siguen este terrible precedente, saltaríamos de un solo envión de ser el Estado Industrial al Estado Indigente, claro eso sí, con un número 10 pegado en la espalda metiendo autogoles.
Julio Castellanos / @rockypolitica / [email protected]